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El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) abrió un proceso investigativo contra la empresa Alcatel Cit, a fin de prohibir a la firma francesa concursar por nuevos contratos de la entidad estatal, encargada de suministrar los servicios de telecomunicaciones aquí.
La medida se basa en el artículo 100 de la Ley de contratación administrativa , según el cual se inhabilitará de uno a cinco años a la empresa que, entre otras razones, “suministre dádivas, directamente o por intermedio de otra persona, a los funcionarios involucrados en un procedimiento de contratación administrativa”.
La Fiscalía General de la República investiga actualmente giros por al menos $3,6 millones que Alcatel hizo a los exdirectivos del ICE José Antonio Lobo y Joaquín Alberto Fernández.
Lobo afirmó ante la Fiscalía que recibió $2 millones como “premio” después de que el ICE adjudicó a la firma francesa un contrato para el suministro de 400.000 líneas celulares GSM, en agosto del 2001.
El exdirectivo agregó en su declaración ante el Ministerio Público que el expresidente de la República Miguel Ángel Rodríguez le exigió el 60 por ciento de ese “premio”.
Actualmente Rodríguez es secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Lobo permanece en arresto domiciliario en su casa en El Pacto del Jocote, en Alajuela, mientras que a Fernández lo llevaron ayer a la cárcel de San Sebastián, San José. Deberá cumplir tres meses de prisión preventiva como medida cautelar.
La comisión del ICE que analizará la posible sanción a Alcatel está integrada por Geovanni Bonilla Goldoni, director jurídico; Waldemar Núñez, director de Proveeduría, y Jorge Luis Tapia, coordinador del área de Expedientes, Garantías y Sanciones.
Alcatel ha logrado obtener contratos del ICE por al menos $258 millones en los últimos tres años.
El contrato de las 400.000 líneas celulares fue por $150 millones y prevé la posibilidad de que el ICE lo amplíe hasta en un 50 por ciento.
Geovanny Bonilla detalló que se trata de un proceso corto que durará alrededor de un mes y medio. Primero habrá una etapa de recolección de pruebas y, posteriormente, el traslado de cargos a Alcatel.
La firma aún no ha sido notificada sobre la creación de esta comisión del debido proceso.
Bonilla destacó que el ICE trabaja de forma conjunta con la Fiscalía para la recolección de pruebas. Además, citó que los años de sanción dependerán de la gravedad de los hechos.
El ICE también nombró una comisión para investigar el proceso de adjudicación que llevaron los contratos de la entidad que han sido denunciados.
Ante el Congreso
Hasta el momento, los personeros de Alcatel han guardado silencio sobre los hechos revelados en los últimos días.
Édgar Valverde, gerente general de la firma en Costa Rica, compareció anoche ante la comisión legislativa de control del gasto público.
El abogado de Valverde, Guillermo Rodríguez, advirtió a los legisladores desde que la sesión se inició que su cliente se abstendría de declarar.
Explicó que Valverde hablará, pero con el Ministerio Público.
La comisión legislativa también conoció el lunes una nota que le remitió el ministro de seguridad, Rogelio Ramos, y en la cual informó de que no han podido localizar a Rodrigo Méndez Soto. funcionario del ICE.
Méndez Soto recibió $77.746 de Marchwood Holdings Inc., una de las sociedades que Walter Reiche Fischel utilizó en Panamá para canalizar las comisiones provenientes de la venta de equipo médico finlandés a la CCSS.
Ramos dijo que hay oficiales custodiando la casa de Méndez con el propósito de notificarle que debe presentarse a comparecer ante la comisión legislativa.
