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Parte de una donación de $60.000 destinada a la Sinfónica Nacional, que en 1974 el expresidente José Figueres Ferrer dijo haber gastado “en confites”, se usó para comprar tres fincas que nunca ingresaron a las arcas del Estado.
El dinero provino de una donación entregada en 1973 al entonces gobernante para “empezar a crear el patrimonio de la orquesta nacional”, según anunció Figueres Ferrer al país en un discurso en mayo de ese año.
Más de 30 años después, las tres fincas, aledañas a La Lucha, entre San Cristóbal de Desamparados y Jardín de Dota, no han beneficiado a la Orquesta Sinfónica y continúan en manos privadas.
Al recibir los $60.000, Figueres Ferrer creó una asociación llamada Pro Orquesta Sinfónica Nacional y compró las fincas.
Para el Estado. El estatuto décimo cuarto de la Asociación indica que, al disolverse esta, sus “bienes pasarán íntegramente a ser propiedad de la Orquesta Sinfónica Nacional”.
Sin embargo, la disolución ocurrió en 1986 y Figueres no entregó las fincas a la Sinfónica, sino que las traspasó a una segunda asociación.
Esta también era presidida por él y tenía un estatuto similar, según el cual al extinguirse la Asociación “sus bienes se entregarán a la Sinfónica Juvenil”.
Las fincas fueron recibidas por el exministro de Cultura Guido Sáenz, como vicepresidente de esa segunda asociación.
Sáenz, además, fue miembro de la primera asociación y presidente de la junta directiva de la Orquesta cuando Figueres, fallecido en 1990, recibió el dinero.
La segunda asociación quedó extinta en 1997, pero en esa oportunidad tampoco se entregaron las fincas al Estado.
En su lugar, Sáenz, pidió a un juez del Juzgado Quinto Civil entregar los terrenos a otra asociación, llamada Pro Orquesta Sinfónica Juvenil.
Esta Asociación fue fundada en 1995, entre otras personas, por Karen Olsen y Kirsten Figueres, viuda e hija del expresidente Figueres Ferrer, respectivamente.
El estatuto vigésimo primero de esa asociación establece: “Al extinguirse la Asociación, sus bienes se destinarán a la Orquesta Sinfónica Nacional”.
La junta directiva de la Asociación tenía vigencia hasta el 31 de octubre del 2005 y contaba con un plazo de un año para presentar una nueva junta.
El Registro de Personas Jurídicas confirmó a La Nación que ese plazo ya venció y la Asociación no hizo los trámites correspondientes, por lo cual la considera extinta y carente de personería jurídica.
Sin embargo, en esta oportunidad tampoco se han traspasado las fincas a la Orquesta Sinfónica.
Una petición. La Nación preguntó a Sáenz por qué no entregó las fincas al Estado. “Pregúntenle a Kirsten”, respondió.
“El argumento que ella me usó fue: ‘¿Cómo, si don Pepe fue el que hizo todo eso, se le va a dar ahora al Estado?’. Bueno, mi hijita –yo debo haberle dicho–, lo que vos digás”, afirmó el exministro. Dijo no estar seguro de si esas fueron las palabras exactas que ella utilizó.
La Nación solicitó una entrevista a Kirsten Figueres, pero pidió que se le enviaran las preguntas por escrito. En su respuesta, no negó ni confirmó la versión de Sáenz. Señaló que desconoce los estatutos de la Asociación de la que Sáenz era vicepresidente. “No formé parte (de ella)”, dijo.
No respondió a la pregunta de si la Asociación que preside está dispuesta a entregar las fincas.
Se limitó a aclarar que no considera “extinta” la Asociación y que planea seguir trabajando en la “salvaguarda y mejora” de las propiedades.
Responsabilidad. Enrique Rodríguez, director del Registro de Personas Jurídicas, explicó que por ley, cuando una asociación se extingue, está obligada a distribuir los bienes según los estatutos.
De lo contrario, podría incurrir en responsabilidad judicial.
Informes de la Auditoría Interna y del Departamento Legal del Ministerio de Cultura determinaron, en 1998, que el traspaso de las propiedades realizado en 1997 fue “improcedente” y “debía operar a favor del Estado”.
La Auditoría ordenó iniciar las gestiones legales para obtener las fincas y, en el 2001, la Procuraduría recomendó al entonces ministro de Cultura, Enrique Granados, solicitar a la Asociación que donara los terrenos.
Granados dijo que remitió el caso a la jefa del Departamento Legal, Orietta González. Consultada al respecto, esta dijo que no recibió los documentos y no recuerda haber solicitado la donación de las fincas.
Sáenz sustituyó a Granados como ministro de Cultura en el 2002 y aseguró que durante su gestión nunca se le informó de la existencia del trámite.
Se consultó al director del Centro Nacional de la Música, Alberto Carballo, si la Asociación que hoy posee las fincas ha ofrecido donarlas o dado contribuciones de algún tipo a la Sinfónica. Su respuesta fue: “Yo no conozco ninguna Asociación Pro Orquesta Sinfónica Nacional o Juvenil”.
Colaboró Alejandro Álvarez, historiador del Centro de Gestión Documental del Grupo Nación.
