Cinco proyectos para infraestructura vial, acueductos y generación eléctrica acumulan años de atrasos, prórrogas y millones de dólares en pagos de comisiones por demoras en su ejecución.
Así lo establece el informe del Ministerio de Hacienda, correspondiente al primer semestre de este año, sobre el seguimiento a los créditos externos que mantienen entidades públicas y el Gobierno Central.
Según ese análisis publicado en setiembre, el proyecto que acumula mayor cantidad de años activo es el Programa de Infraestructura de Transporte (PIT), a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el cual se financia mediante una operación de $450 millones provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y acumula 11,6 años de ejecución real.
El principal atraso en este programa corresponde a la construcción de la carretera a San Carlos, la cual estuvo suspendida durante seis años luego de que se diera por finiquitado el contrato con la empresa Sánchez Carvajal.
Tras un nuevo proceso de licitación, las obras se reanudaron el año pasado con el inicio de los trabajos en la punta sur.
Según el reporte de Hacienda, al cierre del primer semestre este programa registraba un monto comprometido (es decir asignado aunque no necesariamente desembolsado) de $439,83 millones, equivalente al 97,7% de la suma total.
Los desembolsos acumulados ascienden a $348 millones, de los cuales $330 millones ya han sido justificados. No obstante, se aclara que el monto comprometido enfrentaría una variación debido a que el MOPT financiará el tramo central de la carretera con fondos propios, luego de que el BID no avalara la selección de la empresa china CHEC, única que ofertó para desarrollar esa sección.
Además, este es el crédito con más prórrogas aprobadas: tres hasta ahora y con una cuarta a las puertas, pues la fecha actual de finalización para los desembolsos vence en noviembre del presente año y el programa no culminará en esa fecha.
Entre los riesgos advertidos por Hacienda en esa operación, se señala que la consecución plena de las metas del programa depende del avance de la carretera a San Carlos, donde los procesos de expropiación son considerados el “principal desafío”.
El pasado martes, ante la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios, el jerarca del MOPT, Efraím Zeledón, aseguró que en el tramo central quedan pendientes 17 predios por adquirir y cuatro en la punta sur. Insistió en que estos terrenos no son requeridos para completar el tronco principal del proyecto.
AyA tiene tres proyectos de más de siete años de antigüedad
En la lista de los cinco créditos con mayores tiempos en ejecución, tres programas corresponden al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
De acuerdo con el informe de Hacienda, el programa de esa entidad que registra mayores atrasos corresponde al Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética, RANC-EE, que para junio acumulaba 10,8 años en ejecución.
El proyecto dirigido a sustituir tuberías en mal estado y medidores obsoletos para reducir el agua no contabilizada registra dos prórrogas que fijaron junio del 2029 como nueva fecha final.
El porcentaje de avance general es de 66%, mientras que la ejecución de los fondos externos que provienen del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ronda el 38%, lo que equivale a $50 millones de los $130 millones que cubren ese plan.
“Persisten desafíos importantes relacionados con los procesos de contratación. Durante el periodo se materializaron situaciones asociadas a licitaciones con baja participación de oferentes y procesos declarados infructuosos”, señaló Hacienda.
El documento, además, citó entre los “retos” de ese plan la “capacidad institucional” para administrar simultáneamente un alto volumen de contratos, obras y sistemas tecnológicos y la alta rotación de personal especializado dentro de la Unidad Ejecutora.
En agosto anterior, la jerarca del AyA, Lourdes Saúrez, aseguró a La Nación que el proyecto había tenido una “gran aceleración” y se había reducido en cuatro puntos el porcentaje de agua no contabilizada, el cual ronda el 49% del líquido producido. La meta, una vez completado el proyecto, según dijo, es llegar a un 38% de agua no contabilizada.
El segundo programa del AyA con mayor atraso corresponde al Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora, que también es financiado por el BCIE.
Este acumulaba, a junio pasado, 8,1 años de haber iniciado y mantiene una fecha límite de desembolsos vigente para el 30 de octubre del 2027. Ese plazo representa tres años adicionales respecto a la fecha original.
Sin embargo, el proyecto mantiene actualmente un 55% de avance general y su condición es calificada por Hacienda como “crítica”.
El informe detalla que ese programa incluye 11 obras divididas en 18 etapas. De estas, 10 están finalizadas, tres están en ejecución y cinco están en procesos de licitación o preparación técnica.
“Durante el periodo analizado, el programa registró avances físicos puntuales. No obstante, estos continúan siendo insuficientes para revertir de manera significativa los rezagos acumulados a lo largo de más de ocho años de ejecución”, advirtió Hacienda.
Además, se señaló que el plan enfrenta un “deterioro” en su condición general, pues pasó de un estado de alerta a una condición crítica, y se concluye que, aún con la prórroga de 42 meses aprobada, el tiempo restante sería insuficiente para completar las obras pendientes.
Entre los problemas que enfrenta este plan destacan retrasos en etapas de diseño, dificultades en los procesos de contratación, insuficiencia de personal técnico y atrasos asociados a la adquisición de terrenos y la obtención de permisos.
Dentro de la cartera del AyA también figura como uno de los casos más críticos el Programa de Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC). Tras siete años de ejecución, esta iniciativa apenas tiene un avance de 25%.
El plazo original de ese proyecto era de seis años, pero a la fecha ya cuenta con una prórroga aprobada de 38 meses, con la que se extendió la operación hasta junio del 2029.
Dicho programa, financiado por el BCIE, comprende seis componentes, entre los que se incluyen la construcción del edificio del Laboratorio Nacional de Aguas, así como mejoras y ampliaciones de los acueductos de Guácimo, Limón, Jacó, Quepos y Manuel Antonio.
“Tras más de siete años de ejecución, los avances físicos y financieros acumulados no han sido suficientes para corregir de manera sustantiva las brechas históricas identificadas en periodos anteriores”, indica el documento.
Entre los problemas, Hacienda destaca demoras “recurrentes” en procesos de contratación, aprobación oportuna de diseños y expropiaciones.
Borinquen esperaría al menos cuatro años más
El proyecto geotérmico Borinquen I, a cargo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), debió haber finalizado el mes anterior, según el plan original. No obstante, tras nueve años en ejecución, presenta un avance de poco más del 56%.
De acuerdo con la información contenida en el documento de Hacienda, en junio el ICE ya gestionaba una extensión de al menos cuatro años en el crédito otorgado por JICA.
Borinquen busca aumentar el suministro de electricidad a través de energías renovables mediante la construcción de plantas de energía geotérmica en la provincia de Guanacaste.
En junio anterior, el ICE anunció que el proyecto estaría concluido a inicios del 2030.
Según el informe de Hacienda, en general, “se evidencia un progreso limitado de las obras” y de las actividades estratégicas asociadas a las diferentes fases de desarrollo del proyecto.
La Nación consultó a las unidades ejecutoras en el MOPT, ICE y AyA sobre las causas de los atrasos, gestiones de prórrogas y medidas para enfrentar los rezagos en cada uno de los proyectos. Sin embargo, al cierre de esta publicación, esas gestiones estaban en trámite por parte de los departamentos de prensa.
$43 millones en comisiones
El informe de Hacienda revela que los préstamos otorgados al país para la ejecución de los distintos proyectos, cuya ejecución se ha extendido por más tiempo de lo previsto, le costaron al país $43,7 millones en comisiones de compromiso. Estos son los montos más cuantiosos:
- BID: $23 millones, el monto más alto. Un 67% corresponde al Programa de Infraestructura de Transporte (PIT).
- BCIE: $13,5 millones, correspondientes a proyectos financiados por el organismo en distintas instituciones.
- JICA: $4,6 millones por atrasos en el proyecto Borinquen I.
Hacienda advirtió de que, aunque las ampliaciones de los plazos de desembolso constituyen instrumentos que se habilitan para atender eventuales atrasos, su aplicación debe gestionarse de manera sólida tanto técnica como financieramente.
Además, señaló que su utilización debe responder a “criterios excepcionales y debidamente justificados”, a fin de evitar que se conviertan en una “práctica recurrente”.