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La Corporación mexicana SIDEK, de la cual forma parte el grupo SITUR -el mayor accionista del proyecto turístico Ecodesarrollo Papagayo, en Guanacaste-, enfrenta fuertes dificultades económicas que la obligaron a pactar esta semana un arreglo económico con 17 bancos, por deudas acumuladas de $500 millones.
Los problemas se agravaron esta semana cuando esa firma no realizó, en la capital mexicana, un pago de $20 millones por una deuda contraída con el West Merchant Bank.
Sin embargo, representantes de esa firma en Costa Rica se apresuraron a manifestar ayer que esa situación no afecta para nada las obras programadas en Costa Rica, por cuanto "el capital social de la empresa está totalmente aportado", según explicó el mexicano Arturo Viscarra, director administrativo del proyecto Marina Papagayo, uno de los mayores que se ejecutan en Bahía de Culebra, Guanacaste.
El grupo SITUR posee una subsidiaria denominada SIDESTUR, la cual es propietaria del 70 por ciento de las acciones del proyecto Ecodesarrollo Papagayo, cuya inversión programada asciende a $180 millones.
El restante 30 por ciento de las acciones pertenece a la empresa nacional Florida Ice and Farm, propietaria de la Cervecería Costa Rica.
Ayer, se intentó conversar con personeros de esa firma para que se refirieran al posible impacto que la actual coyuntura del grupo SITUR podría generar en el proyecto, pero en el Departamento de Relaciones Corporativas informaron que el único funcionario autorizado para hablar sobre ese tema es Fernando Cruz, quien se encuentra fuera del país y regresa hasta el próximo lunes.
Los problemas
La prensa mexicana dio esta semana un amplio despliegue a los problemas económicos que afronta la corporación SIDEK, que incluso influyeron en la caída de la Bolsa Mexicana de Valores debido al incumplimiento de una de sus deudas pendientes.
Tras el acuerdo logrado, la firma reestructurará sus deudas, que ascienden a $2.115 millones, lo que le permitirá prorrogar sus pagos a un grupo de entidades bancarias encabezadas por BANAMEX.
En declaraciones brindadas al diario mexicano Reforma, José Martínez Güitrón aseguró que "la ayuda llegó cuando tenía que llegar" y resaltó que los activos de esa corporación ascienden a $3.200 millones.
En San José, Jorge Woodbridge, presidente de la Asociación de Concesionarios del Proyecto Papagayo, confió en que la empresa Ecodesarrollo Papagayo salga adelante con sus obras de infraestructura y aseguró que la misma cuenta ya con su propia base de financiamiento, por lo cual no espera mayores contratiempos.
En cambio, la defensora adjunta de los Habitantes, Joyce Zürcher, recordó que esa entidad advirtió hace mucho tiempo que había que actuar con cautela y añadió que le preocupaba una posible paralización de las obras por los inversionistas que ya han adquirido terrenos con el grupo mexicano.
Ecodesarrollo Papagayo cuenta con una concesión otorgada por el Instituto Costarricense de Turismo, que le permitirá desarrollar un proyecto turístico en un área de 572 hectáreas en la península de Nacascolo, en Liberia.
Revive lío judicial
Las complicaciones surgidas en torno al proyecto turístico de Papagayo se han constituido en un cuento de nunca acabar.
El Tribunal Superior Cuarto Penal le inyectó vida nuevamente a una causa judicial interpuesta contra el exministro de Turismo Luis Manuel Chacón y otros directivos del ICT, por los delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato y peculado en el otorgamiento de concesiones para la explotación de ese plan.
Así lo hizo en una resolución emitida el 22 de diciembre del año anterior en la que anuló el sobreseimiento dictado por la juez quinta de instrucción, Elizabeth Tossi; en su lugar emitió una falta de mérito que abre la posibilidad de ahondar las pesquisas y aportar nuevas pruebas que refuercen la acción judicial.
En el fallo, redactado por el juez Francisco Dall' Anese, el Tribunal asegura que la resolución del Juzgado Quinto de Instrucción presenta contradicciones.
Destaca como ejemplo que, por un lado, se concluye que todos los hechos acusados se ajustan a derecho y, por otro, que los imputados son sobreseídos aplicando el error de tipo.
El error de tipo es una figura jurídica según la cual un sujeto viola alguna norma legal pero desconociendo que se encuentra ante una conducta penada por la ley.
José Pablo González, fiscal general que había apelado el sobreseimiento dictado por la juez Tossi, manifestó ayer que prefería no opinar sobre el fallo, pero que este era muy claro en que la investigación del caso debe continuar.
El exministro Chacón dijo anoche que la resolución del Tribunal Superior no lo mortifica y que no tiene ningún temor de que la causa se complique. "Ya nos echaron toda la caballería y todo ha estado en la mayor de las correcciones", aseveró.
