EscucharUn grupo de empresas vinculadas al controversial empresario mexicano, Carlos Hank González y a su familia, intenta invertir en la construcción de carreteras y participa en la producción de piña en el país, de acuerdo con registros y publicaciones a las cuales tuvo acceso La Nación.
La compañía mexicana Triturados Basálticos y Derivados S.A. de C.V. (TRIBASA), que ganó en asocio con dos firmas nacionales la concesión para reconstruir la autopista Bernardo Soto, es uno de los grupos empresariales en los que participa la familia Hank, según registros de la Bolsa de Valores de México suministrados ayer por el periódico La Jornada, de ese país.
La semana pasada, Miguel Angel Rodríguez, aspirante a la presidencia por el Partido Unidad Socialcristiana (PUSC) y Roberto Rojas, exministro de Comercio Exterior también aseguraron que Carlos Hank González mantiene inversiones en plantaciones de piña en la zona de Pital de San Carlos.
Rodríguez, el expresidente Rafael Angel Calderón, los dirigentes del PUSC Rolando Laclé y Roberto Rojas y las esposas de los tres primeros, se hospedaron del 18 al 20 de mayo en la residencia de Hank en Santiago Tianguistenco, en México.
El exsecretario de Agricultura mexicano es investigado por supuesto lavado de dólares proveniente del narcotráfico, según lo publicó el pasado 11 de mayo el diario estadounidense The Washington Post.
Gran cantidad de publicaciones mexicanas también le atribuyen al "Profesor" --como se le conoce en México por su pasado como maestro rural-- haberse enriquecido a costa de beneficios obtenidos mientras ocupó cargos públicos.
Los políticos costarricenses alegan que la visita a México pretendía fortalecer la inversión mexicana en el país entre 12 empresarios que Hank González invitó para que compartieran con ellos un almuerzo. (Véase lista aparte.)
El año pasado, Hank González vino tres veces al país, según certificó la Dirección de Migración y Extranjería. Durante su última visita, entre el 10 y el 15 de noviembre, el empresario se reunió con Calderón y Rodríguez.
Polémica concesión
El grupo comercial de Hank mantiene una alianza económica con la firma TRIBASA, de la que Carlos Hank Rhon --hijo de Hank González-- es consejero propietario, según el registro sobre la empresa que existe en la Bolsa de Valores de México, del cual La Nación obtuvo copia.
Esa compañía integra, junto con las constructoras nacionales MECO y Santa Fe, el consorcio TRIMESAN, al cual el Consejo de Seguridad Vial (CSV) le adjudicó el 18 de junio de 1996 la rehabilitación de la autopista Bernardo Soto, en el tramo comprendido entre el aeropuerto Juan Santamaría y el cruce a San Ramón de Alajuela.
La adjudicación se encuentra en suspenso a la espera de una resolución de la Contraloría General de la República. Esa institución estudia la posibilidad de anular el contrato con TRIMESAN debido a una serie de anomalías contenidas en el documento. Este es el primer contrato que suscribe el Gobierno bajo la modalidad de Concesión de Obra Pública.
En este caso, el consorcio operará por 12 años --prorrogables-- dicha vía, cobrando un peaje cuya tarifa fue fijada en dólares, aunque cobrable en colones.
En diciembre del año anterior, también se cuestionó el nexo de dicho consorcio con Fernando Altmann Ortiz, suegro del mandatario José María Figueres. Según se reveló entonces, Altmann compró el cartel de licitación y aclaró sus términos a nombre de TRIMESAN. No obstante, el empresario negó haber participado en la licitación, aunque reconoció su amistad con la familia Peñaloza, principales accionistas de la empresa.
De acuerdo con la revista mexicana Proceso el grupo de Hank tiene, después de los Peñaloza, el paquete accionario individual más importante de la compañía.
Señala además que TRIBASA --hasta hace unos años una pequeña empresa-- logró un repunte económico tal, durante la administración de Carlos Salinas, que se convirtió en la segunda empresa más importante en el ramo de la construcción de ese país, y destaca el aporte de los Hank en dicho proceso.
Según publicó The Wall Street Journal en enero de 1996, los Hank fomentaron vínculos estrechos con TRIBASA para construir una red de carreteras privadas que no resultaron. "Los urbanizadores sobreestimaron la cantidad de tráfico y cobraron peajes tan altos que pocos pueden pagarlos", señaló el periódico.
Piña en San Carlos
Copias de los protocolos del abogado Carlos Zamora Guardia --miembro del bufete del el expresidente Calderón-- a las cuales tuvo acceso La Nación, dan cuenta de tres empresas propiedad de mexicanos, dedicadas al cultivo y comercialización de la piña en San Carlos, supuestamente vinculadas al grupo de Hank. (Véase recuadro aparte.)
Aunque en ninguna de las juntas directivas de las compañías aparecen los nombres de Carlos Hank o sus hijos, el presidente de las empresas es Ernesto Enríquez Rubio, calificado por el expresidente Calderón como uno de los socios y amigos más cercanos de Hank González.
El 29 de julio de 1996, Zamora protocolizó un poder que le otorgó Enríquez al mexicano José María Covián para que, en nombre de la firma Richter Investments Inc. --radicada en las Islas Vírgenes Británicas-- adquiriera las acciones de las compañías costarricenses Hacienda Ganadera Cuatro Marías S.A. y Granja Young An S.A.
El documento registral también faculta a Covián para que, en nombre de la empresa Inversiones y Procesadora Tropical Inprotsa S.A., otorgue un poder general a los costarricenses José Rodolfo Chavarría Gamboa y Marta Vargas Piedra.
Consultados ayer por La Nación, Marta Vargas --contadora-- y José Chavarría --gerente-- explicaron que las firmas son las propietarias legales de unas 1.037 hectáreas dedicadas a la producción de piña en Pital de San Carlos.
Los funcionarios dijeron no estar enterados si en esa inversión participa Hank o su familia, pero sí confirmaron que el empresario mexicano ha visitado las fincas al menos en dos oportunidades.
Según los registros a los que tuvo acceso La Nación, las tres compañías tienen vigente el contrato de exportación número 543 suscrito con el Centro para la Producción de las Exportaciones e Inversiones (CENPRO). También son beneficiarias de certificados de abono tributario (CAT).
