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En cinco meses, Hacienda deberá llegar a un acuerdo con la CCSS para pagarle por el funcionamiento de los Ebáis. El Tribunal Contencioso Administrativo, además, obligó a ese ministerio a no volver a omitir el pago por ese servicio que asumió la Caja hace 19 años. | JOSÉ CORDERO (Jose Cordero)
El Tribunal Contencioso Administrativo le ordenó al Ministerio de Hacienda negociar con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) la metodología de pago por la operación de los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis).
Con ese fin, los jueces dieron a las partes un plazo de cinco meses para ponerse de acuerdo.
La orden se desprende del fallo sobre una demanda contra el Estado presentada en el 2013 por el entonces diputado frenteamplista José María Villalta.
Producto de esa acción, el Tribunal además conminó al Ministerio de Hacienda a no volver a incurrir en la negativa de pagar a la CCSS por el funcionamiento de los Ebáis.
Villalta también pedía que se condenara a Hacienda a cancelar unos ¢550.000 millones a la Caja por pagos que tenía que haberle hecho desde hace 19 años, luego de ser aprobada la Ley N.° 7374, la cual trasladó de manos del Ministerio de Salud a las de la CCSS, la responsabilidad de mantener los programas de atención preventiva en salud.
No obstante, los jueces determinaron que Villalta no estaba legitimado para solicitar el cobro, por ser un trámite que exclusivamente le compete a la Caja.
Satisfacción. Sin embargo, el exdiputado dijo estar satisfecho con la sentencia, pues, en su opinión, le pone punto final al debate sobre si el Estado debía o no hacer un aporte económico para financiar los programas de atención primaria en salud.
El actual diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, quien participó del proceso, dijo que la sentencia lo satisface en un 90%.
Entre los puntos positivos, Araya destacó que el fallo también condenó al Estado a pagar los daños y perjuicios que causó su morosidad al Seguro de Enfermedad y Maternidad.
El legislador calculó que ese pago podría superar los ¢250.000 millones. Además, estimó en unos ¢50.000 millones anuales el monto que el Estado deberá trasladar a la Caja.
En contra. La Procuraduría General de la República (PGR) anunció que presentará un recurso de casación por no estar de acuerdo con esta sentencia del Contencioso Administrativo.
El procurador Jorge Oviedo, consideró que el fallo es contradictorio, pues no existe una deuda líquida que cobrarle al Estado y porque no aporta nada nuevo al panorama actual, en el que la CCSS y Hacienda ya negocian el método para calcular el costo de la operación de los Ebáis.
No obstante, Villalta adelantó que la fracción legislativa del Frente Amplio enviará un oficio al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, para que le ordene a la PGR no elevar el fallo a casación, con el objetivo de que la decisión judicial se pueda empezar a aplicar de inmediato.
“Todos los gobiernos han dicho que desean pagar la deuda que tienen con la Caja y este no es la excepción. Bueno, el presidente debe saber que esto de los Ebáis es el principal rubro de esa deuda del Estado”, afirmó Villalta, quien dijo que fiscalizará el cumplimiento de la sentencia.
