
El Ministerio de Relaciones Exteriores oficializó anoche lo que era un secreto a voces: la concesión del asilo político al exvicepresidente ecuatoriano y prófugo de la justicia de su país Alberto Dahik Garzozi.
El anuncio se produjo a las 6:30 p.m., en un comunicado enviado vía fax a los medios de comunicación, en el cual el Ministerio se reserva las razones que tuvo para tomar la decisión, que estudió durante cinco meses.
Alega que, de acuerdo a convenciones internacionales, el Estado "no está obligado a expresar por qué otorga o deniega el asilo, ya que constituye un acto de Gobierno".
La Cancillería destaca que la concesión del asilo se produjo "después de un detallado y objetivo examen de los hechos ocurridos y los elementos probatorios aportados al Ministerio de Relaciones Exteriores" por el propio solicitante, "así como de diversos documentos, informes de la Embajada de Costa Rica en Ecuador y testimonios brindados por numerosos y distinguidos latinoamericanos".
Este acuerdo se tomó el viernes pasado, admite Relaciones Exteriores en el comunicado. Ese día, precisamente, el canciller, Fernando Naranjo, afirmó que ya tenía una opinión sobre el asunto, pero que debía consultarla con el Presidente, José María Figueres para llegar a un acuerdo final.
El sábado, el mandatario evadió cualquier responsabilidad en la resolución: "Pienso que el Ministro está equivocado. Es una decisión (la de asilo político) eminentemente técnica. Son los departamentos técnicos de la Cancillería los que toman la decisión. Lo que hacemos el Ministro y este servidor es firmar los documentos que competen y corresponden."
Al exvicepresidente se le atribuye la supuesta malversación de fondos públicos de su despacho, lo cual negó el exfuncionario, quien se declaró perseguido político y contrató en San José al exvicepresidente de la República durante la administración pasada Germán Serrano Pinto para que condujera la gestión de asilo.
La cesión hecha por la Cancillería implica, literalmente, que el Gobierno costarricense considera a Dahik un perseguido político.
Con visa diplomática
El economista de 42 años huyó de Ecuador, la noche del 11 de octubre, en un avión privado y llegó a San José en la madrugada del 12. Ingresó con una visa diplomática que le concedió en Quito, ese mismo 11 de octubre, la embajadora en esa capital, Luz Argentina Calderón de Aguilar, prima del expresidente Rafael Angel Calderón Fournier.
El exvicepresidente, considerado como el arquitecto de las reformas económicas que implantó la administración del conservador Sixto Durán Ballén desde 1992, renunció la noche del 11 de octubre luego de conocer que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano, había emitido una orden de captura en su contra.
Anoche, el excanciller Rodrigo Madrigal Nieto (1986-1990) dijo que no podía externar un criterio a favor o en contra de la concesión de asilo porque "la única entidad que examina a fondo las condiciones, acusaciones y defensas del asilado es el Ministerio de Relaciones Exteriores. No se puede hablar si el asilo es justo o no. Hay quienes dicen que huye por delitos comunes y otros que era perseguido político".
Otro excanciller, Fernando Volio (1982-86), dijo que no ha seguido el caso. Pero agregó: "Si el Gobierno ha dado el asilo es porque la Cancillería consideró que se trata de un caso típico de asilo político, y, conforme a nuestra tradición y Constitución, los perseguidos por sus ideas sí consituyen un caso de asilo."
Información elaborada por Irene Vizcaino, Angela Avalos y Armando Mayorga, redactores de La Nación.
"Sí es perseguido"
El vicecanciller de la República, Rodrigo Carreras, dijo anoche que, aunque no había hablado con el ministro Fernando Naranjo desde el viernes anterior. Y agregó: "Sí estoy seguro de que él habrá encontrado la evidencia necesaria que demuestra que don Alberto Dahik es perseguido político."
Cuando esto ocurre, el Ministro "no tiene otro camino que el de otorgar el asilo territorial tal y como lo indica la Constitución, en su artículo 31".
Carreras expresó que en este caso el Gobierno de Ecuador "no ha solicitado la extradición de Dahik. Solo se han presentado acusaciones en la prensa y en los medios políticos, razones por las cuales el artículo 31 de la Constitución es de aplicación imperativa: Costa Rica es un país de asilo territorial para los perseguidos políticos. El Canciller lo que determinó es que este es un asunto de persecución política".
"Para otorgar el asilo se examinó hasta el último documento que recibimos, tanto de parte de don Alberto, como de la Comisión de Derechos Humanos del Ecuador y las declaraciones algunos distinguidos ciudadanos ecuatorianos, de los cuales la prensa ya ha informado."