La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa acordó por unanimidad llamar a comparecer a los jerarcas a cargo de la entrega del bono Proteger, por supuestos errores en la entrega del subsidio, señalados por la Contraloría General de la República (CGR).
Los convocados son la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, quien estuvo al frente del proceso durante su gestión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), así como el ministro de Desarrollo Humano y presidente del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Juan Luis Bermúdez, entidad que entregó parte de los recursos.
De acuerdo con un informe de auditoría, elaborado por la Contraloría General de la República (CGR), el Estado habría otorgado ¢7.500 millones en subsidios a personas que no necesitaban el bono o que ni siquiera calificaban para recibirlo.
El bono Proteger estaba dirigido a personas afectadas por el impacto económico de la pandemia del nuevo coronavirus, principalmente, trabajadores que quedaron sin salario o con menos ingresos por la aplicación de la suspensión del contrato laboral o reducción de jornadas.
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La ayuda económica habría llegado a 66.300 beneficiarios que no cumplían con las condiciones. Entre ellos, presuntamente, había personas que no tuvieron afectación salarial, tenían pensión, contaban con otra ayuda estatal, eran privados de libertad o, incluso, habían fallecido al momento de su selección.
Marta Acosta, contralora general de la República, también será convocada a la audiencia por los congresistas, para que detalle el alcance de la auditoría que reveló las presuntas irregularidades.
Geannina Dinarte, ahora ministra de la Presidencia, había planteado un recurso de revocatoria contra el informe, con el objetivo de que el órgano contralor revisara y dejara sin efecto los resultados, en caso de constatarse un error en el método de investigación.
“Hay conclusiones del tipo ‘podrían haberse girado pagos de más’, ‘podrían haberse ejecutado mal los recursos’, ‘podrían haberse asignado de forma correcta’. Sin embargo, llegar a la conclusión de ese tipo cuando estamos apenas en los procesos de investigación es realmente adelantar una conclusión que va en perjuicio del proceso de asignación”, había contestado Dinarte, luego de que se revelara el informe.
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La moción para investigar la supuesta filtración de recursos públicos fue interpuesta por el diputado independiente Jonathan Prendas, del bloque Nueva República.
“La Contraloría ha presentado informes no una sino varias veces, donde ha dejado absolutamente claro que la administración de los recursos del bono Proteger, que tanto costó encontrar, no fueron debidamente administrados y ejecutados por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo”, afirmó Prendas.
La apertura del proceso investigativo, respaldada previamente con la firma de 30 diputados, fue aprobada en la Comisión de forma unánime.
Votaron a favor los congresistas Yorleny León, Carlos Ricardo Benavides y Frangi Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN); Shirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Erick Rodríguez, del Partido Integración Nacional (PIN), así como Juan Ramón Carranza, del Partido Acción Ciudadana (PAC); y el independiente Jonathan Prendas.
