La ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, reconoció este jueves que sí hubo filtraciones en la asignación de bonos Proteger, pero rechazó que fueran de la suma señalada por la Contraloría General de la República (CGR) en un informe de auditoría.
Dinarte explicó que la entrega de fondos a personas que no calificaban rondarían los ¢1.000 millones, cifra alejada de los ¢7.500 millones señalados por el órgano contralor en su informe, el cual fue minuciosamente analizado por Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
La ministra compartió los resultados de esa revisión con los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, ante la cual compareció bajo juramento, debido a los cuestionamientos surgidos en torno a la asignación de estas ayudas por la emergencia sanitaria.
“Estaríamos pasando de unas potenciales filtraciones de 16,32% (de los beneficiarios), que señalaba el informe de la Contraloría, a un universo potencial de 1,47%. Pasaría de cifras de más de ¢7.000 millones a cifras que estarían cercanas a los ¢1.000 millones”, aseveró.
Dinarte, quien gestionó el programa como ministra de Trabajo, afirmó que los 66.298 casos de posibles beneficiarios que no calificaban o no requerían del todo el bono Proteger, se disminuirían a 5.962, luego de la revisión de los hallazgos de la Contraloría.
Presidencia reconoce filtraciones en bono Proteger, pero por un monto menor al señalado por la CGR
Esos casos, dijo la jerarca, continúan en investigación. De concretarse la irregularidad, serían enviados a la Fiscalía para que sean investigados por el delito de perjurio.
La ministra de la Presidencia detalló que una de esas filtraciones, que fue constatada, ya se encuentra en sede judicial, debido a que un grupo de familiares se habrían puesto de acuerdo para usar los datos de un fallecido con el propósito de obtener el bono.
“El compromiso de la Administración y de las dos instituciones a cargo del programa es seguir adelante con los procesos de evaluación, análisis y verificación de estos casos.
“Es importante recalcar que la Contraloría ha dicho que una filtración menor al 5% en programas sociales es tolerable. En todo caso, estamos comprometidos en seguir investigando, en esclarecer cuál es la situación de estos casos y por supuesto también generar los procesos cobratorios y responsabilidades que correspondan”, afirmó Dinarte.
LEA MÁS: Estado habría entregado ¢7.500 millones en bonos Proteger a personas que no lo necesitaban
En detalle
De acuerdo con los resultados de la verificación realizada por el Poder Ejecutivo con base en los hallazgos del órgano contralor, no hubo privados de libertad entre los beneficiarios del subsidio por desempleo o reducción de ingresos por la pandemia.
“El informe advierte de 61 posibles casos de personas privadas de libertad. Con respecto a la devolución de información que hace el Ministerio de Justicia, ninguna persona de los que se señala eran privados de libertad”, informó.
También se descartó, con base en el Sistema Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), la posible entrega del subsidio económico a 1.058 personas que recibían otras ayudas sociales.
Sin embargo, sí se encontró la posible entrega del bono a 286 funcionarios públicos. La Contraloría había señalado el riesgo de 670 empleados públicos con el beneficio.
El informe de auditoría también señaló la posibilidad de que 64.683 beneficiarios podrían haber no tenido afectación económica. Sin embargo, el análisis de Trabajo e IMAS recortó esa cifra a 5.478 personas.
“Por supuesto hay que investigarlo uno a uno, velando por el derecho de defensa”, añadió la jerarca.
El Ejecutivo investigará si 139 personas pensionadas con el bono, de las 233 señaladas por el órgano contralor, habrían recibido el subsidio antes o después de su jubilación.
También se comprometió a revisar los casos de 139 personas pensionadas durante 2020 que recibieron el bono, así como otras 139 que se jubilaron antes del año de la emergencia sanitaria por la pandemia.
El bono Proteger consistió en una ayuda mensual de ¢62.500 o ¢125.000 a personas afectadas por la crisis económico que provocó la emergencia sanitaria, principalmente a trabajadores que se quedaron sin ingresos o estos fueron disminuidos.
El Estado repartió ¢257.000 millones en subsidios a 724.500 beneficiaros.
Según la información de Trabajo, un 59% no reportaba ingresos al momento de su solicitud, mientras que otro 26% tenía ingresos de menos de ¢100.000 al mes, producto del impacto económico de la pandemia.
Además, del millón de solicitantes del subsidio se descartaron 145.000 personas, porque presentaron una cuenta bancaria inválida (74%), porque eran beneficiarios de otros programas sociales (19,5%), o porque contaban con una pensión del Estado (6,2%).
Debido a la limitación de recursos, 12,8% de los solicitantes se quedaron sin el subsidio económico.
