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San José
El Ministerio de Seguridad y la Procuraduría de la Ética Pública investigan a la viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz, quien recibió "por error", durante casi un año, pagos mensuales de ¢900.000 por el incentivo de dedicación exclusiva.
Este beneficio se paga como prohibición para que los altos jerarcas del Gobierno se dediquen solamente a las funciones públicas y no ejerzan su profesión.
Muñoz recibió entre mayo del 2014 y abril del 2015 casi ¢11 millones de más, por el beneficio de dedicación exclusiva.
El incentivo incrementó el salario de Muñoz en un 65% durante el primer año de Gobierno, a pesar de que la jerarca no podía recibir ese beneficio porque no tiene título universitario y por ende no puede desempeñar ninguna profesión.
El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, confirmó la mañana de este jueves que ya se abrieron las dos investigaciones contra la funcionaria.
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"Con respecto al caso de la señora viceministra, Carmen Muñoz, es un asunto que ha sido colocado en sede de Procuraduría General de la República, también hay una investigación interna que se esta realizando", dijo Solís.
La Procuraduría de la Ética Pública confirmó a La Nación, que la denuncia contra Muñoz y contra otros funcionarios del Ministerio de Gobernación y Policía, ingresó el pasado 22 de mayo y actualmente se encuentra en la fase de admisibilidad, por lo que se buscan las pruebas correspondientes.
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La oficina de prensa del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) también confirmó la apertura de la investigación interna contra Muñoz, pero por respeto al procedimiento no detallaron la fecha en que inició el proceso.
La viceministra se comprometió, el pasado 30 de julio, a devolver los ¢11 millones que recibió durante los primeros 11 meses del Gobierno, en pagos de ¢320.000 mensuales antes de mayo del 2018.
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Consultada por La Nación, Carmen Muñoz no quiso referirse sobre las dos investigaciones que abrieron en su contra, para respetar el proceso legal.
Piden renuncia. Un grupo de fundadores del Partido Acción Ciudadana (PAC), encabezado por la exdipuatada, Sadie Bravo y por la actual legisladora, Epsy Campbell, pidió la renuncia a Muñoz por recibir el pago del incentivo "por error" durante casi un año.
La agrupación que se hace llamar PAC PAC, señaló en un manifiesto esta semana que "el error cometido por la viceministra de Gobernación, no puede ni debe pasar desapercibido. Dentro del PAC es una falta grave, máxime que la señora sabía que no calificaba para una compensación por dedicación exclusiva del ejercicio profesional, por no tener título que la acreditara y lo reconoció desde un principio".
El documento agrega que "como ser humano puede equivocarse, pero como miembro del PAC debe reconocerlo y reparar el error, renunciando al puesto; de esta manera saldría por la puerta grande".
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Sobre la petición de destituir a Muñoz, el presidente Solís dijo que esperará los resultados de las dos investigaciones que se siguen contra la viceministra antes de tomar una decisión.
El ministro de Seguridad, Gustavo Mata, explicó durante una comparecencia ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa el pasado 10 de agosto, que el pago del incentivo fue autorizado por la jefa de Recursos Humanos del Viceministerio de Gobernación, Nuria Villalta.
De acuerdo con Mata, la funcionaria hizo "una mala interpretación" del artículo 14 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y avaló el depósito del incentivo a Muñoz, aunque no cumplía con los requisitos.
En esa misma comparecencia la también exdiputada del PAC, Carmen Muñoz, dijo a los legisladores: "Mis manos están limpias, al igual que me conciencia".
