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La Sala Constitucional admitió dos acciones de inconstitucionalidad que impiden al Gobierno aplicar el tope a las pensiones superiores a ¢2.3 millones con cargo al presupuesto nacional hasta que los magistrados resuelvan.
Se trata de acciones presentadas por un pensionado de apellido Murillo contra la Ley N° 7.858 y contra la directriz que aplicó el tope de las pensiones.
La acción fue admitida el jueves pasado y notificada a las partes este lunes.
La idea del Gobierno era ahorrar ¢12.000 millones anuales en el pago de pensiones de lujo mediante la imposición de un tope, sin embargo la cifra proyectada cayó a la mitad poco después y ahora el plan quedó frustrado con la acción de la Sala que, al actuar sobre la norma y no sobre un caso específico, obliga a suspender la acción en su totalidad.
Inicialmente 50 jubilados que presentaron recursos de amparo impidieron al Gobierno aplicarles la medida.
Según la justificación presentada por Murillo a la Sala, se considera contrario al principio de publicidad y transparencia el procedimiento legislativo porque no se le dio publicidad ni se dio la suficiente discusión al proyecto de ley.
Añade que no existió un estudio de Servicios Técnicos ni audiencia a los sectores interesados.
También dice que se vulnera el principio de que a ninguna ley se le puede dar efecto retroactivo en perjuicio de las personas, como lo establece el artículo 34 de la Constitución Política.
Para Murillo, el tope pone en juego la sobrevivencia digna de las familias y añade que el goce de la pensión es un derecho adquirido que debe respetarse, pues su afectación constituye una expropiación del patrimonio, contrario a lo dispuesto en el artículo 45 constitucional.
Estos y otros alegatos deberán ser analizados por la Sala IV.
Los jerarcas de Trabajo y de Hacienda, Víctor Morales y Helio Fallas, respectivamente, hicieron un llamado a los magistrados y magistradas que integran la Sala Constitucional para que le den a este caso la prioridad que merece.
Según explicaron los ministros en un comunicado de prensa, la suspensión no impedirá que el Gobierno continúe con el análisis de las reformas legales necesarias para poner límite a algunas pensiones, como aquellas que se encuentran excluidas por ley, entre ellas, las de los exdiputados.
"La decisión del tope está basada en el principio de solidaridad de las pensiones y estamos seguros de su solidez legal, pero además representa una acción fundamental para la salud financiera de los regímenes" dijo el ministro de Trabajo, Víctor Morales.
El jerarca de Hacienda, Helio Fallas, dijo que el Gobierno se comprometió a promover acciones para la sostenibilidad de los regímenes de pensiones, y el tope es una de ellas, por lo que reiteró el llamado de urgencia a la Sala Constitucional para que resuelva.
Esta acción de inconstitucionalidad fue presentada después de que la Sala IV admitiera un recurso de amparo, y diera 15 días de tiempo al recurrente para que presentara una acción de inconstitucionalidad.
Una vez presentada, la Sala le otorgó otros tres días adicionales para fundamentar en forma clara, precisa y suficiente los motivos de inconstitucionalidad.
