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Eliminar o restringir el privilegio de usar un vehículo discrecional: una iniciativa que todavía se encuentra en su período de gestación, pero que ya cuenta con el aval de su gestora -la Contraloría General de la República- y de las fracciones mayoritarias de la Asamblea Legislativa.
Este beneficio, regulado por la Ley de Tránsito, que consiste en suministrar un vehículo -con mantenimiento y combustible incluidos- a ciertos funcionarios públicos por las características de sus funciones, fue extendido en sus alcances para cobijar a por lo menos 167 personas a quienes se privilegió ilegalmente.
El caso más reciente de este tipo de irregularidad se presentó hace un mes en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), donde la Contraloría canceló el beneficio a 48 funcionarios que no estaban autorizados por ley para hacer uso de los carros.
Según denunció el periódico Al Día, el lunes pasado, luego de cancelado su privilegio -el 26 de julio pasado-, 46 de esos servidores cobraron, entre todos, ¢103 millones como "indemnización".
Estas anomalías, sumadas a la cantidad de funcionarios públicos que pueden tener acceso a esa regalía, pesaron para que la Contraloría se abocara a un estudio profundo de la normativa que la regula.
Como producto del trabajo, el órgano contralor entregará próximamente un documento a la Asamblea Legislativa, en el que sugerirá, entre otras cosas, otorgar el privilegio únicamente a los miembros de los supremos poderes de la República.
Esa propuesta fue bien recibida por cuatro diputados consultados el viernes por La Nación. Tanto los jefes de fracción de los partidos mayoritarios, Bernal Aragón (PUSC) y Luis Gerardo Villanueva (PLN), como el oficialista Ottón Solís y el socialcristiano Alexánder Salas, coincidieron en que apoyarán la gestión.
"Solo estoy esperando las observaciones del señor Contralor para empezar a redactar un proyecto de ley que permita regular, como debe ser, este beneficio que se ha prestado para tantos abusos", adelantó Salas.
La Contraloría tiene registrados un total de 433 vehículos discrecionales, aunque la cifra es mayor pues existen algunas instituciones que no son reguladas por la Ley de Tránsito.
Los autos discrecionales pueden portar placas particulares y no tienen marcas visibles que los distingan como vehículos oficiales. Además, no los cobija restricción alguna en cuanto al uso de combustibles, horario de operación ni recorrido.
De colores
El contralor general de la República, Samuel Hidalgo, explicó el viernes pasado, en una entrevista con La Nación, que la Ley de Tránsito omitió incluir a muchas instituciones que hacen uso de carros discrecionales, a pesar de que el órgano regulador advirtió previamente sobre esa omisión a los diputados que la aprobaron.
Quedaron fuera de esa normativa las instituciones no autónomas o descentralizadas del Estado, como las municipalidades, la Corporación Bananera Nacional (CORBANA), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), el Banco Popular, CENPRO y las zonas francas.
Debido a la omisión, esas empresas estatales se rigen por los reglamentos que, para tal efecto, dictaron cada una de ellas; normas que, según Hidalgo, no son uniformes en el control del privilegio. "Esta situación no permite igualdad para todos y limita el control que podemos ejercer sobre su aplicación", advirtió.
Además, el funcionario denunció a La Nación que se han detectado casos de jerarcas que ubican a servidores predilectos en puestos de gerencia para que puedan hacer uso del vehículo, así como funcionarios que, para tener acceso a la regalía, han cambiado la nomenclatura de sus puestos ante la Dirección del Servicio Civil.
El caso más reciente detectado por la Contraloría tuvo lugar en el ICE, donde el organismo regulador recortó esa regalía, a mediados del mes pasado, a 48 funcionarios que, de acuerdo con la ley, no tenían derecho a hacer uso de los carros.
Según la denuncia de Al Día, 46 de ellos recibieron ¢103 millones el 26 de julio pasado, por concepto de "indemnización" a cambio del retiro del beneficio. En promedio, cada funcionario obtuvo ¢2.23 millones, con base en los últimos seis meses de sueldo y de uso de los carros.
Ahora, la Contraloría y la Procuraduría General de la República estudian las resoluciones dictadas sobre ese particular por los tribunales de justicia, para determinar si es legal o no la cancelación de ese dinero como salario en especie.
Los motorizados
El artículo 225 de la Ley de Tránsito otorga el privilegio de "motorizarse" con recursos del Estado a los siguientes funcionarios públicos:
El presidente y vicepresidentes de la República, el presidente de la Asamblea Legislativa, ministros y viceministros de Gobierno, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo de Elecciones, Contralor y Subcontralor General de la República, Procurador general y procurador adjunto de la República, presidentes ejecutivos, gerentes, subgerentes, auditores y subauditores de las instituciones autónomas.
Sin vehículo en el ICE
La Contraloría General de la República detectó y retiró el privilegio de uso de vehículo discrecional a 48 funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Ellos son:
Agustín Rodríguez Jefe de dirección Akión Ching Subjefe de dirección Alvaro Barrantes Subjefe de dirección Alvaro Lobo Subjefe de dirección Armando Bonilla Jefe de dirección Bernal Delgado Subjefe de dirección Carlos Bedoya Jefe de dirección Carlos Gallardo Jefe de dirección Carlos López Jefe de dirección Carlos Runnebaum Subjefe de dirección Carlos Solano Subjefe de dirección Edgar Robles Subjefe de dirección Edwin Bogantes Jefe de dirección Edwin González Subjefe de dirección Elí Garro Subjefe de dirección Elmer Badilla Jefe de dirección Emmanuel Barrantes Asist. Ejecut. de Adm. Superior Fernando Murillo Jefe de dirección Fernando Preinfalk Jefe de dirección Francisco Bogantes Subjefe de dirección Gerardo Fumero Asist. Ejecut. de Adm. Superior Gilberto de la Cruz Jefe de dirección Gonzalo Gómez Jefe de dirección Guillermo Alvarado Jefe de dirección Guillermo Coronado Asist. Ejecut. de Adm. Superior Guillermo Rivera Jefe de dirección Henry Moya Subjefe de dirección Hernán Robles Jefe de dirección Jaime Vargas Jefe de dirección Jorge Troyo Jefe de dirección Jorge Zamora Jefe de dirección José J. Azofeifa Subjefe de dirección José L. Bonilla Subjefe de dirección Leovigildo Vargas Jefe de dirección Luis Esquivel Jefe de dirección Luis M. Buján Jefe de dirección Mario Ugalde Subjefe de dirección Miguel Srur Jefe de dirección Néstor Calderón Subjefe de dirección Pablo Rojas Jefe de dirección Rafael Avila Subjefe de dirección Ricardo Chinchilla Subjefe de dirección Ricardo Neira Subjefe de dirección Rodrigo Sánchez Subjefe de dirección Salvador López Jefe de dirección Tomás Murillo Subjefe de dirección Wíliam Granados Jefe de dirección Wílliam Solano Jefe de dirección
Fuente: Contraloría General de la República, Vehículos de uso discrecional clasificados por entidad u órgano, número de placa, puesto y nombre del funcionario con carro asignado.
