Este miércoles fue notificado la sentencia integral del fallo emitido en agosto por ese tribunal. La Oficina de Prensa del Poder Judicial informó de que el texto será enviado a la mayor brevedad a la Imprenta Nacional para ser publicado en el Boletín Judicial.
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El plazo correrá a partir de la publicación. De ser así, los legisladores tienen hasta mayo de 2020 para aprobar un proyecto en ese sentido.
De no ser así, automáticamente dejará de tener efecto el inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia, que prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Con el fallo de agosto, los magistrados, por mayoría (seis a uno), declararon con lugar las acciones de inconstitucionalidad planteadas contra esa norma.
(Video) Línea del tiempo: Matrimonio igualitario
De esta forma, se daban los pasos para acatar la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó al país reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo.
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La sentencia se produjo a raíz de acciones de inconstitucionalidad presentadas por el abogado y expresidente del Movimiento Diversidad, Marco Castillo, así como la pareja conformada por Laura Flores-Eztrada Pimentel y Jazmín Elizondo.
La sentencia fue la número 2018-12782 dentro del expediente 15-13971-0007-CO.
El presidente interino de la Sala, Fernando Castillo, explicó que la decisión de dejar la regulación en manos de la Asamblea Legislativa se hizo en favor de la “paz social”.
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“Las sentencias de un tribunal constitucional, eventualmente, pueden generar graves alteraciones de la paz social. Entonces, el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción (Constitucional) establece que, para evitar esas graves alteraciones de la paz social, lo que ocurre es que se le da la potestad al tribunal para dimensionar los efectos de la sentencia en el tiempo y en el espacio”, explicó Castillo en aquel momento.
La Opinión Consultiva trascendió en enero y atendía a una solicitud planteada por el gobierno de Luis Guillermo Solís.
Además de abrir la puerta al matrimonio igualitario, permitió a las personas cambir su nombre en los registros oficiales del Estado, según “la identidad de género autopercibida”.
