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Los ministerios y las instituciones del Estado tendrán congelado el 30% de su presupuesto para el 2015, hasta que demuestren que ejecutaron el otro 70% de forma aceptable, según una norma aprobada en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
Se trata de una especie de filtro jurídico, que fue establecido en una de las 44 normas de ejecución presupuestaria aprobadas por los diputados durante el trámite del plan en comisión y que debe ser analizado por el plenario legislativo.
De aprobarse la norma, introducida en la moción 66- C, ningún ministerio o institución, incluidos en el Presupuesto Nacional, podrá utilizar el 30% sin que antes informe a la Asamblea Legislativa, específicamente a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Lo anterior implica que para liberar los recursos, cada jerarca deberá enviar un informe sobre los gastos realizados, los objetivos desarrollados y las metas alcanzadas a ese foro legislativo.
Según el presidente de Asuntos Hacendarios, Ottón Solís, otro de los objetivos es dificultar el acceso a gastos que, eventualmente, tendrían objetivos superficiales.
El legislador del Partido Liberación Nacional (PLN), Rolando González, afirmó que con esta previsión se generará un ahorro mucho mayor a los ¢97.000 millones que ya recortaron del plan de gastos del Gobierno para 2015, y que ocasionó críticas desde Casa Presidencial.
Pero esa norma que restringe el uso del dinero total no es la única imposición legislativa para evitar el elevado gasto público.
Son 44 normas de control. Las 44 normas de control del gasto ya fueron aprobadas en la Comisión de Hacendarios, pero aún están sujetas a la revisión que el plenario del Congreso hace del plan de gastos del Poder Ejecutivo, cuya discusión se iniciará el 1.º de noviembre.
Durante noviembre, los 57 diputados pueden modificar en el Plenario lo dispuesto en la Comisión y deberán avalar el plan de gastos antes del 30 de noviembre.
Entre las normas, también destaca una disposición que impide que cualquier plaza vacante del sector público se llene.
La congresista liberacionista Paulina Ramírez considera que esa indicación podría ahorrarle al Estado cerca de ¢20.000 millones en el pago de remuneraciones.
Rolando González adujo que esta norma pretende ir más allá de la directriz de la administración de Luis Guillermo Solís, que solo prohíbe la creación de nuevas plazas en el Ejecutivo.
Esa orden de cerrar puestos no se aplicará en las plazas de profesores del Ministerio de Educación Pública, las de policía del Ministerio de Seguridad ni las del personal para la atención de las cárceles del Ministerio de Justicia.
Tampoco se congelarían puestos en la Policía de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas.
“La Asamblea podrá ver adónde van los recursos y en qué se invierten”, dijo González.
Añadió que el congelamiento de las plazas, por ejemplo, obligará al Poder Ejecutivo a presentar alternativas para la contratación de personal, entre ellas, una ley de empleo público.
Por su parte, Solís enfatizó en que las normas intentan generar la responsabilidad de los jerarcas, incluido el presidente de la República, Luis Guillermo Solís.
Así, por ejemplo, hay normas que establecen que no se harán viajes de funcionarios si no tienen el visto bueno del respectivo ministro. Un ministro podrá salir del país, solo con el aval presidencial.
“Así, el presidente no podrá decir que no se sabe dónde anda un jerarca y pueda responder a cuestionamientos”, expresó Solís.
El parlamentario de la Unidad Social Cristiana Johnny Leiva explicó que inevitablemente habrá ahorros con los parámetros para la ejecución del Presupuesto 2015.
Leiva añadió que una de las normas obliga a los funcionarios y jerarcas a viajar siempre en clase económica y no en primera o ejecutiva, a excepción del presidente de la República.
