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El Juzgado VI de Instrucción de San José desestimó la denuncia que en su momento presentó el presidente del Congreso, Antonio Alvarez Desanti, contra el exministro de Gobernación de la administración Arias, Rolando Ramírez, por presuntas irregularidades en el otorgamiento de las frecuencias de telefonía celular a la compañía Millicom.
La decisión, aunque tomada el 16 de noviembre del año pasado, no fue dada a conocer sino hasta ayer por el Departamento de Información y Relaciones Públicas del Poder Judicial, tras una semana de peticiones de este diario para conocer la suerte de la investigación en el caso Millicom.
Según comunicó la vocera de prensa Isabel Hernández, la desestimación la dictó el actuario de ese Juzgado, Alvaro Jiménez, luego de conocer una solicitud que en ese sentido hizo el agente fiscal Jorge Fournier Estrada, luego de estimar que los hechos estaban prescritos.
El actuario confirmó a La Nación, a las 4:30 p.m., la existencia de la resolución, pero ofreció explicar los motivos hasta el lunes próximo.
El comunicado sobre la desestimación del caso, coincidió con un anuncio hecho ayer, a las 4:25 p.m., por el presidente en ejercicio, Rodrigo Oreamuno, sobre la petición a la Procuraduría para que indague si "existe alguna responsabilidad personal por actos indebidos, dolosos o culposos, de quienes intervinieron en este asunto".
Cuando fue consultado, el exministro Ramírez dijo que durante su gestión lo que se otorgó fue un permiso de radiocomunicación de alta ultrafrecuencia a la empresa COMCEL (Comunicaciones Celulares) -luego cedidas a Millicom-, no para telefonía celular.
"La concesión que hizo el ICE con Millicom para operar telefonía celular se dio 15 meses después de que fue otorgado el permiso de frecuencia de radiocomunicación a COMCEL", enfatizó Ramírez.
¿Prescritos?
Según explicó la periodista Hernández, el agente fiscal Fournier, luego de analizar un informe de la comisión especial para investigar el área de telecomunicaciones del ICE, concluyó que en caso de que se hubieran producido los delitos de incumplimiento de deberes y prevaricato, estos ya estaban prescritos.
El otorgamiento de las frecuencias de telefonía celular, que luego la Sala Cuarta declaró como una violación a la Constitución Política, fue hecho en agosto de 1987.
Según el Código Penal, un delito prescribe en un tiempo igual al de la condena más un tercio; lo que aplicado al caso del prevaricato -cuya pena máxima es de 6 años- implicaría que el delito prescribe a los 8 años.
La prescripción del incumplimiento de deberes -que castiga al funcionario público que ilegamente hace algo contrario a sus funciones- es aún menor, por tener una sanción de días multa (de 20 a 60 días multa). En estos casos, un delito prescribe a los 3 años de ocurrido el hecho atribuido.
Colaboró en esta información, Wílliam Méndez Garita, redactor de La Nación.
