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La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se dividió ante la promesa hecha por el Gobierno al colectivo sindical Patria Justa de promover una mesa de diálogo sobre asuntos sensibles, como las incapacidades y pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Mientras unos apoyan la propuesta, otros rechazan que el Poder Ejecutivo desee incidir en temas que solo le competen a la CCSS, debido a su autonomía.
“Están entrando a violentar la autonomía de la Caja, llegando a un acuerdo donde no ha participado la Junta. Hemos discutido sobre abrir foros a la ciudadanía; pero de eso, a discutir con Patria Justa las decisiones fundamentales sobre el IVM...”, reclamó Renato Alvarado, representante del sector patronal en la Directiva.
Por su parte, María del Rocío Sáenz, presidenta ejecutiva de la CCSS, apoya el actuar del Gobierno y espera que el planteamiento llegue a la Junta Directiva.
“ Para fortalecer la sostenibilidad del IVM en el largo plazo, es necesario contar con el nuevo estudio actuarial. Será entonces y, a partir de sus resultados, que se valoren nuevos escenarios. Ahí, el diálogo social cobra sentido como un espacio de socialización de propuestas”, dijo Sáenz.
Discusión. Desde hace ocho años existe una discusión entre la CCSS y la Superintendencia de Pensiones (Supén) sobre cuándo se correría el riesgo de que el fondo de IVM sea deficitario. Según la Supén, la solvencia quedaría comprometida en el 2023, pero la Caja dice que será en el 2044.
Para aclarar esas diferencias, las dos instituciones esperan un estudio actuarial hecho por la Universidad de Costa Rica, en el que se indicará el estado del régimen y, a partir de ahí, definirán reformas como edad de retiro.
“Al Gobierno no le alcanzan las potestades para intervenir. La Caja, como ente autónomo, no está obligada a someterse a acuerdos de terceros”, reclamó Luis Loría, representante gremial.
Mario Devandas, también delegado de los trabajadores, apuntó que el Ejecutivo no puede ordenarle a la CCSS abrir ningún tipo de diálogo.
“Tendrá que hacer una solicitud formal a la Caja. Me parece que las vías del diálogo son importantes. Sin embargo, ya hay abierta una mesa de negociaciones, desde hace cuatro meses, en la cual la ANEP (Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados) se negó a participar”, resaltó, por su parte, Alvarado.
Óscar Fallas, representante del Estado, dijo que, para él, es conveniente conversar con distintos sectores sobre este tema.
