El mandatario, Carlos Alvarado, anunció este viernes en la noche, el veto a la ley para revivir la pesca de arrastre, tramitado por expediente número 21.478 y recibido el martes anterior por el Poder Ejecutivo.
Así lo indicó la Presidencia de la República mediante un comunicado de prensa.
“El análisis que hemos realizado revela que no existen suficientes elementos científicos y estudios técnicos que respalden la sostenibilidad de la pesca de camarón con la técnica de arrastre. Al no ser categórica la evidencia, debemos proteger al ambiente y a las poblaciones que se verían más afectadas", justificó el gobernante.
Alvarado agregó que el Poder Ejecutivo basará cualquier decisión al respecto del aprovechamiento de recursos naturales, a partir de criterios científicos y desarrollados estos por los órganos competentes.
Con los elementos disponibles provenientes de distintos sectores académicos, productivos y políticos, indicó el jerarca, se concluyó que prevalece el criterio de un impacto ambiental y socioeconómico negativo con el restablecimiento de esta técnica.
El empleo de la pesca de arrastre implica la captura de gran cantidad de otras especies, aparte del camarón, que es su principal objetivo; entre ellas, peces y tortugas las cuales quedan atrapadas en las redes.
“Por esta razón, en ejercicio de mis potestades constitucionales, y por mi deber de promover el bien común y asegurar el equilibrio entre la actividad productiva y la sostenibilidad, y además, en cumplimiento de mi palabra, hoy he vetado totalmente el decreto legislativo número 9.909, por razones de conveniencia y oportunidad”, anunció el Jefe de Estado.
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Alvarado reiteró, a las comunidades costeras y a las personas del sector camaronero afectado, el compromiso de su administración en trabajar intensamente para resolver sus dificultades en el sector.
“Trabajaremos incansablemente a su lado y con sentido de urgencia para generar empleos y oportunidades que les lleven una mejor calidad de vida, al amparo de la ciencia y la técnica, así como con empatía y compromiso por la búsqueda del bien común”, aseveró el mandatario.
Desde el martes, Alvarado disponía de 10 días hábiles para decidir entre vetar el plan o sellarlo con su firma para que se convirtiera en ley.
En enero del 2018, en la recta final de su campaña electoral, el hoy gobernante aseguró que estaba en contra de esa técnica de pesca.
Ley vetada
El proyecto 21.478 habilitaba al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) a entregar nuevas licencias a barcos semi-industriales para la pesca de camarón con redes de arrastre en el fondo marino.
Asimismo, revivía las licencias para barcos de hasta 21 metros de largo por seis de ancho, luego de que la Sala Constitucional las suspendió en el 2013 por el grave daño ambiental que produce esa metodología.
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Aún así, los jueces constitucionales dejaron la puerta abierta para reiniciar la práctica si se demostraba una salida sostenible.
La iniciativa legal sostiene que un experimento del Incopesca demuestra que una nueva red, llamada AA Costa Rica, supuestamente permite capturar un 75% de camarón por tonelada arrastrada y un 25% de otras especies.
Las licencias serían otorgadas bajo la condición de que se usaría ese tipo de red y en zonas delimitadas.
Sin embargo, criterios políticos y científicos cuestionaron la forma en que se hicieron los estudios, porque fueron cortos en el tiempo, además de que no se aplicaron en diferentes épocas del año ni en diferentes sectores del lecho marino.
No obstante, la Sala IV no encontró vicios de inconstitucionalidad en el plan cuando el Congreso se lo consultó, lo cual generó desde la semana pasada reclamos de diversos sectores al Gobierno para vetar el plan.
Finalmente, la decisión sobrevino este viernes.
En mi deber de promover el bien común y asegurar el equilibrio entre actividad productiva y sostenibilidad, y además, en cumplimiento de mi palabra, hoy he vetado totalmente el decreto de ley 9909 sobre la pesca de camarón.
— Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) October 31, 2020
Diputados respaldan decisión
Ahora, la ley pasará de nuevo al Congreso, donde los diputados podrán aplicar el resello, para lo que se requiere una mayoría de 38 votos.
Los legisladores que se opusieron al plan agradecieron al presidente por su decisión, entre ellos José María Villalta, del partido Frente Amplio, quien lo calificó como un logro importante.
“El veto a la ley de pesca de arrastre es un logro importantísimo de todas las personas que se manifestaron de distintas formas contra la depredación de nuestros mares. Aplaudo el esfuerzo de todas esas personas -muchas jóvenes- que lideran la lucha por la defensa del ambiente”, declaró Villalta.
María Vita Monge, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), hizo un reconocimiento a Alvarado por su “integridad entre la palabra y el hecho”.
"Esta fue una promesa de campaña y lo está cumpliendo como Presidente, al igual que espero lo haga en otros temas de importancia para Costa Rica”, subrayó la diputada.
Monge afirmó que votará en contra del resello de esta iniciativa porque dice que el país debe ser conocido por ser modelo de sostenibilidad ambiental y no por destruir sus océanos.
Los liberacionistas Roberto Thompson, Luis Antonio Aiza, Ana Lucía Delgado, Karine Niño y Silvia Hernández, también respaldaron la decisión del mandatario.
“Solicitud de veto escuchado, una decisión congruente”, apuntó Delgado. “Como tenía que ser”, declaró Hernández, quien firmó una carta que enviaron ocho congresistas, el sábado anterior, al presidente para pedir el veto.
Entre ellos Thompson, quien también confirmó su voto negativo a todo intento de resello y su compromiso con la búsqueda de “soluciones integrales y sostenibles” a las necesidades de las zonas costeras del país.
Por su parte, Aiza, destacó que el Gobierno tiene la obligación de buscar fórmulas para ayudar a los pescadores del Golfo, porteños y guanacastecos.
Los legisladores oficialistas Luis Ramón Carranza, Paola Vega, Carolina Hidalgo y Laura Guido agradecieron al gobernante por considerar las implicaciones ambientales que podía tener el proyecto.
“Felicito al presidente por la decisión valiente y sabia de haber vetado el proyecto de ley de pesca de arrastre. No era ni fue nunca una solución para las comunidades”, subrayó Vega.
La congresista denunció que el país no ha querido, por intereses empresariales y políticos, avanzar como se debe en la búsqueda de alternativas sostenibles.
“Toca ahora que la Asamblea Legislativa se comprometa y no reselle esto, y que, de una vez por todas, entienda que no hay pesca de arrastre sostenible y que tenemos miles de opciones más para las comunidades pesqueras del país”, aseveró.
En tanto, Guido resaltó que las generaciones futuras agradecerán está decisión por ser acorde a los principios ambientales. Y Carranza agradeció por pensar en el bienestar de los ecosistemas marinos.
Preocupación y molestia de impulsores
El diputado de Restauración Nacional, Melvin Núñez, principal promotor del plan, alegó que este viernes fue un día “oscuro, triste y fatal” para la provincia de Puntarenas.
“Increíblemente, recibiendo promesas, mesas de diálogo y más engaños, Puntarenas hoy recibe un golpe letal”, denunció.
Núñez fue más allá en su aseveración.
“Tristemente los porteños van a tener que defenderse solos y seguirla pulseando como siempre lo han hecho, ganándose la vida sin la ayuda de un Estado que está sesgado por ideologías de género, que le gusta promover la homosexualidad, le gusta dividir la opinión pública”, cuestionó.
El diputado aseguró a La Nación que se siente muy triste porque “muchas familias tenían esperanza y hoy nos han mentido. (El presidente) cedió a presión de gente que tiene la refri llena y no tiene conciencia”.
El verdiblanco Carlos Ricardo Benavides, otro de los impulsores del texto, manifestó que respeta las potestades del presidente, pero no comparte las razones que dio para tomar la decisión.
Benavides confirmó a este medio que considera la situación como un capítulo cerrado, porque no ve posible que se reselle el proyecto.
“Eso es un capítulo cerrado. No existen condiciones políticas para un resello. Decir lo contrario es engañarse y engañar a la gente que está desesperada buscando respuestas”, señaló.
El verdiblanco alegó que muchos países del mundo realizan pesca sostenible de camarón semi industrial y que no ve la razón de por qué Costa Rica no pueda hacer lo mismo.
Además, manifestó que lamenta el hambre y el desempleo de miles de familias de Puntarenas y el Caribe que “pierden una opción de haber hecho una actividad sostenible con los estudios que la ley obligaba a Incopesca a realizar”.
La legisladora independiente Zoila Volio, quien también votó a favor del proyecto, dijo ser respetuosa de la Institucionalidad de la República y aceptó la decisión gubernamental.
“Espero se dé un plan de generación de empleo en Puntarenas”, adelantó.
El socialcristiano Rodolfo Peña y la independiente Ivonne Acuña estuvieron ausentes en la votación del proyecto en segundo debate, pero aseguraron este viernes que no apoyaran el resello de la ley.
"Las zonas costeras y rurales de nuestro país tienen altos índices de pobreza, desigualdad y desempleo y urgen de políticas públicas que promuevan desarrollo económico. Sin embargo, Costa Rica es reconocido mundialmente como un país verde, a la vanguardia en materia de conservación.
“Manifiesto que seré congruente con mi convicción a favor del ambiente y la protección de especies en peligro, por lo que el resello a este decreto no contará con mi apoyo”, precisó Acuña.
Al respecto, Roy Carranza, presidente de la Cámara de Pescadores de Puntarenas, declaró a Noticias Monumental que “el veto respondió a la presión ejercida por sectores ambientalistas que, a su parecer, satanizaron la pesca de camarón”.
Por su parte, la Fundación MarViva expresó que respalda la decisión de Alvarado por considerar la falta de sustento técnico y científico del proyecto de ley.
“Apoyamos la decisión del presidente de la República de rechazar un proyecto de ley que carece de viabilidad ambiental, social, científica y técnica.
"Este veto devuelve la esperanza a miles de pescadores artesanales y empresarios turísticos de Puntarenas y Guanacaste que dependen de la salud de los ecosistemas marinos para su sustento”, declaró Jorge Jiménez, director general de la organización.