Ocho diputados de cuatro fracciones legislativas le enviaron una carta al presidente Carlos Alvarado para solicitarle vetar el proyecto de ley que reviviría la pesca de arrastre.
Los legisladores le expusieron al mandatario 13 razones por las que consideran que la iniciativa es completamente inviable desde el punto de vista jurídico, ambiental, social y económico.
El documento fue remitido este sábado por la tarde y lleva la firma de Karine Niño, Roberto H. Thompson, Luis Antonio Aiza, Silvia Vanessa Hernández y Daniel Isaac Ulate del Partido Liberación Nacional (PLN).
También lo suscribieron Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC), José María Villalta, del Partido Frente Amplio, y Mileidy Alvarado, del Partido Restauración Nacional (PRN).
“Nos permitimos solicitarle que en el marco de las competencias y potestades que se le asignan constitucionalmente, considere la interposición de un veto al Decreto Legislativo N° 21.478, en atención a los compromisos de protección ambiental que usted atiende y promueve, incluso internacionalmente”, escribieron.
En primer lugar, los diputados argumentaron que la pesca de arrastre deteriora los ecosistemas marinos, reduciéndose las pesquerías de las que dependen las comunidades costeras para su subsistencia.
También aseguraron que afecta directamente a miles de pescadores artesanales que ya no podrán llevar comida ni sustento a sus hogares.
“La reducción de la fauna de acompañamiento (FACA) impide la reproducción de especies juveniles, que aún no han tenido posibilidad de reproducirse, con lo que incluso las mismas pesquerías de camarón, según se indica en diversos estudios científicos”, precisaron.
En tercer lugar, señalaron que la práctica destruye el fondo marino del océano y que esto afectaría directamente al sector turismo por el cual Costa Rica es altamente conocido.
Subrayaron que las redes de arrastre dañan las bellezas escénicas de los mares, desalentando prácticas turísticas que parten del disfrute de las personas.
“Aprobar la pesca de arrastre pone en juego el nombre de Costa Rica a nivel internacional. No existe pesca de arrastre sostenible. Con la promoción de esta práctica se genera una contradicción profunda con las iniciativas internacionales de posicionamiento de temas ambientales y de atracción del ecoturismo”, citaron.
Además, manifestaron que la estructura productiva de la pesca de arrastre perpetúa la desigualdad y feminiza la pobreza.
Como ejemplo, mencionaron que el 65% de los ingresos generados en años anteriores, permanecían en manos de los propietarios de las licencias, quienes en promedio ganaban más de ¢2,8 millones mensuales.
En contraste, las mujeres peladoras ganaban en promedio ¢98.000 mensuales, 37 veces menos que los dueños de las licencias. Añadido a eso, trabajan en la informalidad, sin garantías laborales ni de seguridad social, y de manera temporal.
En el sexto punto alegaron que reactivar la pesca de arrastre no brinda respuestas ni soluciones integrales para la ruta de reactivación económica o generación de empleo, ya que la consideran una solución cortoplacista.
También resaltaron que diferentes Cámaras de Turismo, municipalidades guanacastecas, pescadores artesanales de Guanacaste y de Puntarenas, y organizaciones ecologistas, también han solicitado vetar el proyecto.
“La pesca de arrastre atenta contra los principios precautorios, progresividad ambiental, objetivación de la tutela ambiental, progresividad social, igualdad, justicia económica, desarrollo sostenible democrático, garantías sociales y laborales”, destacaron.
Estudios técnicos
Los legisladores afirmaron que la Sala Constitucional analizó el proyecto y señaló que la eficacia de la ley sería condicionada a la realización de una serie de estudios técnicos, cuyo contenido presupuestario es inexistente.
Agregaron que Incopesca ha declarado que le es imposible cumplir con los estudios correspondientes para el otorgamiento o renovación de licencias en el plazo de un año y que por eso solicitó un plazo de 24 meses.
La institución también ha insistido en que no cuenta con los recursos económicos para desarrollar la pesquería de arrastre de camarón “sin desatender los compromisos ambientales del país”, dijeron.
En el décimo punto argumentaron que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) concuerda con Incopesca y confirma que antes de aprobar nuevas licencias o renovar las existentes, la institución deberá contar con los insumos científico-técnicos necesarios, los cuales no estarían en menos de 24 meses.
“La Sala Constitucional condicionó la constitucionalidad del proyecto a que los estudios técnicos y científicos estén en el plazo de un año. Por lo que es necesario tomar en consideración el criterio de Incopesca y el MAG”, subrayaron.
Al final del documento, los diputados mencionaron que los estudios realizados para sustentar el proyecto de ley no cumplen con los criterios técnicos y científicos necesarios.
Resaltaron que la Universidad de Costa Rica, el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología, la Escuela de Ciencias Biológicas y el Consejo Universitario de la Universidad Nacional se han pronunciado a favor de más y mejores estudios científicos.
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Por último, en el punto número 13, indicaron que la Procuraduría General de la República llamó la atención sobre la insuficiencia de dichos estudios y que la Sala Constitucional omitió el análisis de los criterios técnicos supraseñalados, al indicar que se requiere un control de legalidad y no de constitucionalidad.
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