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El ministro de Cultura, Guido Sáenz, desalojó ayer a la empresa Ferias Internacionales S. A. (Fercori) de las instalaciones de la antigua Aduana Principal, donde permanecía desde 1990.
El hecho se produjo durante la VI Feria Internacional del Libro, lo cual ocasionó confusión y enojo entre los participantes y los compradores.
El Gobierno tomó posesión del edificio y desplazó de su administración a la firma privada a las 10:40 a. m., cuando miembros de la Fuerza Pública forzaron la entrada principal e ingresaron en las instalaciones.
El ministro Sáenz dijo que tenía 14 meses esperando que la empresa abandonara el edificio –propiedad del Estado–, pero que esto no ocurrió porque la firma usaba recursos legales para quedarse.
El Gobierno mantiene un entredicho con Fercori desde mayo del 2002, cuando decidió no prorrogar el contrato de arrendamiento.
“La Sala Constitucional rechazó un recurso de Fercori, lo cual me abrió una rendija para sacarlos. No íbamos a tener otra oportunidad”, expresó Sáenz.
Sus declaraciones se produjeron en medio del reclamo de participantes y asistentes a la feria.
“Hubo una feria de carros y otra de perros: ¿por qué no hicieron el show antes? ¿Es ese el Ministro de Cultura?”, se quejó Carlos Aguilar, del sello Perro Azul.
La preocupación de los participantes en la feria se originó porque ayer no se les permitió entrar a las instalaciones a las 9:30 a. m., como en días previos.
Además del caos que creó el desalojo, Fercori amenazó con retirar el mobiliario que utiliza en la Feria del Libro, así como quitar agua, luz, teléfonos y seguridad.
La duda se despejó tras la negociación entre Fercori y la Cámara Costarricense del Libro, organizadora del evento, según manifestó Mario Castillo, presidente de esa entidad. A la 1 p. m. se reanudó la feria, que concluye el domingo por la noche.
Orden administrativa
Renato Víquez, asesor legal de Fercori, criticó vehementemente la actitud de Sáenz. “Es una vergüenza que sea un Ministro de Cultura quien tenga que hacer uso de la fuerza para botar las puertas porque no pudo hablar con la empresa privada”, aseveró.
Víquez, además, sostuvo que Sáenz no presentó una orden judicial para hacer el desalojo. Agregó que analizarán las acciones legales que emprenderán.
Orietta González, asesora jurídica del Ministerio, adujo que se trata de un acto administrativo.
“No sé ni me importa. Yo entré, y punto”, respondió el Ministro cuando se lo consultó al respecto.
Sáenz aseveró que usará el inmueble para crear un museo.
