El Gobierno desistiría de subir la tasa del impuesto de ventas de un 13% a un 15% con tal de que este se transforme en impuesto sobre el valor agregado (IVA), lo que permitiría gravar servicios que hoy no tributan como los informáticos, los alquileres, los servicios de televisión por streaming, los gimnasios y los abogados.
El viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, cree que esa concesión podría generar un acuerdo con los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, a fin de que avance el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el cual también incluye ajustes en el impuesto de renta y en empleo público.
Mora añadió que la posición de la Presidencia de la República aún no es definitiva en torno a esa posibilidad, pues antes habría que hacer cálculos sobre el impacto económico que significaría mantener la tasa del impuesto en un 13%.
En el caso del IVA, el Ejecutivo planeaba recuadar más dinero tanto por la creación del impuesto en sí como por el aumento de la tasa. Si la segunda parte se elimina, dijo el viceministro, se deberían buscar, entonces, medidas alternativas para suplir los ingresos previstos.
Junto con los demás proyectos fiscales, la aspiración del Gobierno es reducir el déficit fiscal de un 5% a un 2% del producto interno bruto (PIB).
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En el Frente Amplio y el PUSC no ven con malos ojos la posibilidad de mantener la tasa, una vez que se transforme el impuesto de ventas en un impuesto al valor agregado (IVA), siempre y cuando haya un acuerdo partidario que permita el avance del proyecto.
Sin embargo, en el PLN, la diputada Paulina Ramírez es menos arriesgada a la hora de valorar esa posibilidad, salvo para decir que "buscamos consenso en temas que todos compartan, para salir con una sola propuesta".
"Queríamos una tasa del 15%", dijo el viceministro Mora, y añadió que "en el reino de lo posible, tenemos que ver cómo impacta la idea de mantener el impuesto en el 13%, específicamente para el objetivo de obtener ingresos frescos iguales al 3% del producto interno bruto (PIB)".
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En cuanto a la tasa que se impondría a servicios de salud y educacion privadas, Mora aseguró que la inclinación es de fijarla en un 4%, puesto que asegura que con las devoluciones que el Gobierno haría de esos tributos, sería igual que tener la tasa en cero.
"Eso al menos obligaría a hacer la declaración y permitiría hacer controles cruzados. Entonces, estamos determinando un porcentaje que, sin ser cero, sea similar a cero", informó Luis Paulino Mora.
El viceministro añadió que, posiblemente, habría que hacer ajustes dentro de la regla fiscal que se incluiría en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
El jefe legislativo del Frente Amplio, Francisco Camacho, dijo:"Nuestra propuesta siempre fue la de dejar el impuesto en el 13% y a partir de ahí negociar, porque es un impuesto que va directamente al bolsillo de la clase trabajadora, que ya está muy endeudada y sería una carga impositiva muy fuerte si se les aumenta en dos puntos porcentuales".
El vocero del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el diputado William Alvarado, añadió que ellos están dispuestos a ver los impuestos, ampliando la base y no necesariamente llevando el porcentaje al 15%, que es la tasa por la que se inclinan los partidos Liberación Nacional (PLN) y Acción Ciudadana (PAC).
"Nosotros no obstruiríamos esta propuesta si nuestro plan de regla fiscal avanza", dijo Alvarado.
De hecho, una de las condiciones socialcristianas ya avanzó, hace una semana, cuando los diputados aceptaron darle lectura a la reforma constitucional de regla fiscal propuesta por la Unidad, para luego votar la admisibilidad del proyecto.
El proyecto de regla fiscal del PUSC establece la obligación constitucional de aprobar con 29 votos el Presupuesto Ordinario cuando los gastos presupuestados superen los ingresos tributarios probables en más del 3% del PIB. La iniciativa añade que, cuando eso suceda, se deberán establecer reglas para contener los gastos ordinarios y de subejecución presupuestaria, así como reglas para contener el crecimiento del empleo público, entre otras medidas.
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Por las características del trámite de las reformas a la Constitución Política, este proyecto no se votaría definitivamente antes de mayo del 2018, pero está avanzando. Ya se le dio la segunda lectura y está pendiente la tercera. Entre cada lectura, se deben esperar seis días hábiles.
"Estamos por ampliar la base de productos y servicios, porque eso genera más recursos y un mejor control de parte del Ministerio de Hacienda. Eso sería un mecanismo interesante", comentó William Alvarado.
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El viceministro de la Presidencia está trabajando con más fuerza en estos días, porque pretende tener presentado el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas para la primera quincena de octubre, luego de hacer consultas formales e informales, en todos los espacios posibles, a los voceros de los partidos políticos o diputados relevantes para la discusión fiscal.
Aunque en el camino siempre están las condiciones partidarias, como la del PUSC sobre regla fiscal y la del Frente Amplio, para sacar de la discusión el capítulo de salario único para jerarcas, Mora alega que se ha podido avanzar. Liberación, en boca de Paulina Ramírez, apunta a que el Ejecutivo tiene que buscar primero un consenso en temas específicos. Ella alega que aún no han entrado en la discusión de los impuestos y que "si todos coinciden, vamos a avanzar".
Ramírez también manifestó que tampoco hay una posición de la fracción liberacionista sobre la tasa del IVA que se incluiría dentro de la propuesta fiscal.
En materia de reforma al impuesto sobre la renta, el Gobierno propuso en esta versión mantener el gravamen de un 15% a las rentas de capital, que son los dineros que las personas ganan a través de inversiones como compra de bonos y acciones. Actualmente la tarifa sobre esa actividad es de un 8%.
Hacienda también mantuvo la idea de crear dos escalas adicionales del tributo de renta, para gravar con un 20% y un 25%, respectivamente, los salarios más altos. Actualmente, el gravamen máximo es de un 15%.
