La indisciplina que han venido mostrando los diputados desde hace varias semanas impide que avancen las reformas sobre gasto público que las fracciones legislativas han pactado con el Gobierno y, en consecuencia, las reformas sobre empleo estatal y las iniciativas sobre impuestos.
Esa indisciplina de los legisladores se refleja, como ellos mismos lo reconocen, en ausencias de la sesiones del plenario, constantes viajes laborales o personales, y permisos para ausentarse bajo el alegado de que se han adquirido compromisos previos a las sesiones del pleno legislativo y de las comisiones parlamentarias.
El órgano parlamentario que más ha sufrido las constantes interrupciones es el plenario, por la frecuente ausencia de los 38 legisladores que necesariamente tienen que estar presentes para que las sesiones sean válidas y para que avancen los proyectos comprometidos con el Ejecutivo.
Si se logra iniciar la sesión, a veces hasta con 45 o 46 congresistas, pronto desaparecen y el quórum necesario se sigue sosteniendo en el límite.
Eso impide que avancen los dos proyectos que el Poder Ejecutivo pactó con los legisladores como los primeros pasos en el camino del fortalecimiento de las finanzas públicas.
Nuevas obligaciones de los diputados
Se trata de una reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa para impedir la generación de gastos a través de nuevas leyes sin que haya una fuente de financiamiento, propuesta por la liberacionista Paulina Ramírez, y de una reforma a la Constitución Política para establecer las reglas fiscales como una obligación de la administración pública.
El jefe de la fracción parlamentaria del Partido Acción Ciudadana (PAC), Javier Cambronero; la presidenta de la Comisión de Hacendarios, la verdiblanca Paulina Ramírez; el jefe legislativo del Frente Amplio, Francisco Camacho, y el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, coincidicen en que hay indisciplina de los congresistas en ver los temas clave para avanzar en las reformas fiscales.
Mora, incluso, asegura que hay desidia, pereza y crispación electoral en los despachos legislativos, lo que impide avances tangibles.
Es más, el día que las fracciones se habían comprometido en avanzar con la reforma reglamentaria para prohibir los gastos sin financiamiento, el presidente legislativo, Gonzalo Ramírez, salió del país y la vicepresidenta, la libertaria Natalia Díaz, no encontró los espacios necesarios para el avance que se había pactado con los ministerios de la Presidencia y de Hacienda.
El compromiso implicaba la aprobación de la reforma al Reglamento, que entraría en vigencia de inmediato, y la dos lecturas faltantes a la reforma constitucional sobre regla fiscal, para votar de seguido la admisión de esa modificación de la Carta Magna. El problema es que ambas acciones requieren de 38 votos.
Con esa cantidad de legisladores si acaso presentes en el salón del plenario, no se puede avanzar con dichos temas, porque además los miembros del Frente Amplio se oponen a ambos temas. Eso obliga a los demás partidos políticos a asegurar la presencia de sus fracciones completas; sin embargo, han fracasado en lograrlo.
Ahora mismo, la jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Karla Prendas, y el presidente de la Comisión Investigadora de los Créditos Bancarios, el verdiblanco Ronny Monge, se encuentran fuera del país, luego de pedir permiso para ausentarse por poco más de una semana para reuniones multilaterales en Corea del Sur.
En el caso de Humberto Vargas Corrales, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), dejó de asistir al plenario del Congreso desde hace muchas semanas, es el diputado que más se ausenta injustificadamente de este órgano legislativo. Henry Mora, del PAC, anunció su renuncia a la curul por problemas de salud y, precisamente por eso, no se presenta a las sesiones del plenario.
"Es indisciplina, desidia, pereza, desánimo, frustración, cansancio, ambiente y crispación electoral. Todo eso se junta y resulta en un quórum muy bajo que impide decisiones como una posposición. Eso nos ata a la agenda en un periodo en que el Gobierno no puede ayudar a la Asamblea Legislativa (en sesiones ordinarias, son los diputados quienes tienen control sobre la agenda parlamentaria)", comentó Luis Paulino Mora.
Paulina Ramírez añadió que, ante la gran cantidad de ausentes en el plenario y la indisciplina, además de no tener el apoyo del Frente Amplio, se requiere contar con más de 40 parlamentarios de los demás partidos para cualquier intento de avance.
"Hay que mantener el equilibrio entre quiénes se ausentan y quiénes no, para mantener una agenda y poder avanzar. Si se quiere avanzar, hay que manejar el quórum, pero algunos ni siquiera piden permiso, solo se ausentan y se disponen a perder la dieta. El presidente no puede tener control de los que decidieron ausentarse y eso agudiza más el problema", indicó Ramírez.
A criterio del jefe oficialista, hay una crisis de los partidos que alcanza su punto máximo en esta época, cuando las agrupaciones políticas están pensando más en las próximas elecciones que en los proyectos que requiere el país para solucionar la situación fiscal crítica.
"Quizás las asambleas nacionales de los partidos no fueron del todo virtuosas a la hora de escoger a sus representantes legítimos para el Primer Poder de la República. Hemos visto que, en términos de disciplina por asistencia, casi siempre venimos a sesiones los mismos y casi siempre son los mismos los que faltan", adujo Javier Cambronero.
El vocero del PAC y la presidenta de Hacendarios atacaron al Frente Amplio por negarse a dar sus votos para las reformas al Reglamento y a la Constitución Política. Sin embargo, el vocero frenteamplista está sentado en que ambas iniciativas son irresponsables.
Francisco Camacho, el jefe frenteamplista, reconoce que hay indisciplina en los demás partidos, los cuales no logran los votos necesarios para hacer avanzar la agenda que les interesa.
Camacho alegó que "si ellos quieren hacer una posposición, tendrían que asegurarse de tener sus votos" y añadió que el FA le presentará mociones a la reforma constitucional sobre regla fiscal.
"Yo esperaría que un partido político que aspira a gobernar el país muestre su vocación democrática para forjar y sembrar acuerdos, de cara a la ciudadanía, de modo tal que creo que todos los partidos políticos aquí presentes tenemos que hacer el mayor esfuerzo", respondió Cambronero.
"Creo que la indisciplina la tienen otros. Las otras fracciones son las que realmente no saben qué quieren, porque están considerando, además, que cualquier impulso que se pueda dar en temas fiscales puede hacer que mejore de alguna manera la imagen del Gobierno y por supuesto que no están dispuestos a eso", concluyó Francisco Camacho.
Reglas fiscales
La regla fiscal que propone el PUSC intenta establecer la obligación constitucional de aprobar los presupuestos nacionales con 29 votos, cuando los gastos presupuestados superen los ingresos tributarios probables en más del 3% del PIB.
Además, la iniciativa dice que, cuando eso suceda, se deberán establecer reglas para contener los gastos ordinarios y de subejecución presupuestaria, para limitar los gastos no esenciales, porcentajes máximos de subejecución y límites a las exoneraciones o subsidios, así como reglas para contener el crecimiento del empleo público.
Esos cambios se introducirían en el artículo 176 de la Carta Magna, donde también quedaría como obligatorio aplicar esas reglas cuando la deuda pública del Estado sea superior al 60% del PIB.
Por otra parte, en la reforma se establece que, por vía de Presupuesto, el Gobierno puede fijar límites de crecimiento presupuestario a todas las instituciones autónomas creadas por ley, así como porcentajes mínimos de inversión en infraestructura, investigación y equipo.
También, la propuesta socialcristiana le abre la puerta a la posibilidad de plantear presupuestos plurianuales y no solamente para un periodo anual, como sucede actualmente. Con la iniciativa legal, se crea una nueva obligación de la Contraloría General de la República, que es la de informar al Congreso, antes de que se apruebe un proyecto de ley, el impacto presupuestario y regulatorio que tenga para el Estado.