Globalvia, la concesionaria de la Ruta 27, que enlaza a San José y Caldera, negó que exista un daño o hundimiento que afecte el viaducto habilitado hace dos años en el km 44 de la carretera.
Desde hace varias semanas, conductores reportaban el daño en la junta de expansión en el carril central del viaducto, lo que provocaba el golpeteo de los vehículos a su paso. Además, en ese punto también se percibía un desnivel en la carpeta.
LEA MÁS: Hundimiento en Ruta 27: Globalvía demanda al Estado y la factura podría ser millonaria
La empresa confirmó que actualmente se está interviniendo esa estructura, pero aseguraron que los trabajos corresponden al mantenimiento de las juntas del viaducto “como labores propias de la carretera”.
“No se trata de ningún tipo de problema en la estructura, ni asentamiento, ni menos un hundimiento que afecte la vía. Las labores se mantendrán durante esta semana, por lo que se tendrá paso en ambos sentidos, pero regulado por seguridad”, añade la respuesta enviada por correo electrónico a La Nación.
El tema del desperfecto en esa estructura también había sido producto de discusión en la junta directiva del Consejo Nacional de Concesiones, según consta en el acta de la sesión del 24 de abril de este año.
En esa oportunidad, el jerarca de Obras Públicas, Efraím Zeledón, así como otros directivos, señalaron que había reportes de que los carros “brincan” al entrar y salir del puente, a pesar de que no tenía ni dos años de construido.
La Nación consultó este jueves a la secretaria técnica de concesiones, Paula Reyes, si los arreglos que ejecuta actualmente la empresa fueron ordenados por la Administración y si los mismos respondían a estos señalamientos, pero no se tuvo respuesta.
Actualmente, Globalvia y el Estado enfrentan un proceso de arbitraje por el costo de construir ese viaducto, cuyo origen se dio para solucionar el hundimiento ocasionado en ese sector de la ruta, el cual es causado por una falla geológica de gran magnitud.
La concesionaria reclama el pago de $18 millones correspondientes al costo de esa obra, pues aseguran que era un riesgo que debía asumir el Estado.
En cambio, el Gobierno alega que la empresa debía pagar el costo del puente, pues los términos del contrato estipulan que el diseño, construcción, operación y mantenimiento debe ser cubierto por la empresa.
El viaducto de tres carriles tuvo un costo de $15 millones, según anunciaron la empresa y autoridades cuando fue habilitado. Sin embargo, el reclamo presentado por la concesionaria asciende a $18 millones.
La obra se desarrolló como solución a un hundimiento que persistía en ese punto desde que la vía fue puesta en servicio y que se agravó entre el 2022 y 2023.
La concesionaria ya había realizado intervenciones como anclajes y una pantalla de pilotes para tratar de detener el movimiento del talud, pero estas resultaron insuficientes.