EscucharNo están todos los que son, ni son todos los que están.
Cálculos de la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF) demostraron que casi el 50 por ciento del dinero destinado en 1999 al régimen no contributivo de la CCSS no llegaba a la población que lo necesitaba.
Según el viceministro de Trabajo, Luis Carlos Hernández, de ese segmento cerca de un 20 por ciento corresponde a personas que están en el límite de la pobreza (unos 12.000 beneficiarios).
El resto cerca de 15.600 personas aparentemente están recibiendo una pensión que no merecen, pues su condición socioeconómica supera los límites definidos.
Mientras, unas 25.000 personas ancianas viven en condiciones de pobreza y no reciben una pensión.
Las cifras se derivan de la Encuesta de Hogares de 1999.
En la actualidad, el régimen no contributivo de la Caja invierte ¢72 millones anuales en pensiones para 60.000 personas de escasos recursos.
Aquella revisión se da por cuanto el Gobierno pretende que al menos el 90 por ciento de estas personas reciban asistencia antes del 2002.
Todos estos datos fueron aportados ayer por el viceministro Hernández, durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria de control de ingreso y gasto público.
Más controles
Este ejemplo sirvió de base para que el viceministro y director de DESAF también propusiera cambios en los controles que se ejercen sobre los Fondos de Asignaciones Familiares.
En el caso de los recursos que se destinan al régimen no contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, ya las autoridades están trabajando en la revisión de los expedientes, a fin de depurar la lista de personas que sí se merecen el subsidio de ¢10.000 mensuales.
Hasta el momento, unas 2.000 pensiones ya fueron reasignadas a otras personas.
Para el resto de los recursos, DESAF ya implementó un nuevo sistema de información gerencial que detalla en qué se invierten los fondos en cada uno de los programas de asistencia social que subsidia.
No obstante, el mismo Luis Carlos Hernández reconoció que no siempre se puede obtener esta información, porque "existe una imposibilidad legal para obligar a las instituciones a rendir cuentas sobre el destino de los recursos".
El diputado socialcristiano Ovidio Pacheco aseguró que ya existe al menos un proyecto para concederle más potestades a la DESAF.
Mientras tanto, y siguiendo la línea de controles en la asignación de los dineros, la Dirección ya suspendió la entrega de recursos en dos programas.
Se trata de los proyectos de acueductos rurales que maneja el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el programa de asistencia a jóvenes emprendedores del Movimiento Nacional de Juventudes.
En ambos casos no se trata de "anomalías", sino de procedimientos incorrectos en el cumplimiento de los procesos autorizados por DESAF.
