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La Fiscalía de Fraudes allanó ayer las oficinas de una fundación que opera al lado de la catedral metropolitana, así como la Conferencia Episcopal de Costa Rica (Cecor) y el Grupo Empresarial Sama.
Los tres operativos se iniciaron a las 9 a. m. y están relacionados con una investigación por presunta intermediación financiera ilegal que se habría cometido en la Conferencia Episcopal, y por supuesta estafa en la Fundación para la Restauración de la Catedral Metropolitana y otros Templos Católicos.
En el allanamiento al Grupo Empresarial Sama S. A. los fiscales requirieron información sobre las operaciones financieras de la Conferencia Episcopal en Costa Rica y Panamá.
La Iglesia Católica es propietaria de más del 20% del Grupo Consolidado Sama y maneja sus inversiones fuera de Costa Rica a través de ese conglomerado financiero.
Una investigación de La Nación reveló que la Conferencia Episcopal recibía regularmente dinero de particulares y lo invertía a través del Grupo Sama, obteniendo por ello una ganancia.
Esta operación se realizaba pese a una prohibición expresa de las autoridades financieras.
En marzo de este año, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) denunció a la Conferencia Episcopal por supuesta intermediación financiera ilegal.
La Sugef concluyó que existen indicios fundados para afirmar que en la Cecor existía una operación de intermediación financiera al margen de la ley, un delito penado con entre tres y seis años de cárcel.
Por otra parte, la supuesta estafa que se investiga en la Fundación para la Restauración de la Catedral Metropolitana y otros Templos Católicos se debe a que esta recibe parte del dinero que las empresas privadas deben pagar al Estado por impuesto de la renta.
En mayo pasado, La Nación reveló que, entre 1991 y el 2007, la fundación recibió ¢11.633 millones, cuyo valor actual es de ¢21.000 millones. La fundación descontó el 10% de todo el dinero captado; además, invirtió el capital y se quedó con los rendimientos producidos.
El vocero de la Conferencia Episcopal, Glen Gómez, señaló: “Los obispos reiteran su confianza en el Ministerio Público. La presencia de los fiscales más bien nos motiva, porque está pronto a dilucidarse que los obispos no se han prestado al tema de la intermediación financiera”.
El presidente de la Fundación para la Restauración de la Catedral, sacerdote Germán Rodríguez Smith, señaló que la entidad actuó siempre con honestidad en el manejo de sus fondos.
El Grupo Empresarial Sama aclaró que la entidad no aparece como imputada en este proceso judicial y que el allanamiento a sus oficinas tuvo por objeto recabar información acerca de su cliente, la Conferencia Episcopal.
Acción coordinada. En los tres operativos participaron poco más de 50 oficiales, quienes ingresaron de manera simultánea en las oficinas de la Cecor, en barrio México; la Fundación para la Restauración de la Catedral Metropolitana, en el costado noreste de la catedral en San José; y en el edificio del Grupo Sama S. A., en Sabana sur.
En la Fundación para la Restauración Metropolitana los fiscales decomisaron documentación financiera y varias computadoras.
En la Cecor se capturaron documentos relacionados con la recepción de dinero de particulares e inversiones de estos fondos a través del Grupo Sama.
También se obtuvieron actas de los acuerdos de la junta directiva y comunicaciones internas entre los directivos de Servicios Pastorales y los empleados de la entidad.
Hasta ahora, los obispos han alegado que fueron objeto de un fraude organizado por el administrador de Servicios Pastorales, Jorge Torres Fuentes, quien falleció en junio del año pasado.
Una exempleada de Servicios Pastorales, Kattia Salazar Zamora, compañera sentimental de Torres y madre de su hijo, Julián Alonso, presentó el pasado 2 de julio una querella contra el abogado Carlos Vargas Pagán y los obispos Francisco Ulloa y Ángel San Casimiro, por el presunto delito de ofensas a la memoria de un difunto.
Salazar alega que el supuesto fraude sufrido por la Iglesia Católica es una estrategia legal que se aprovecha del fallecimiento de Jorge Torres para que los obispos puedan eludir su responsabilidad judicial.
