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Pistas de aterrizaje, ventas de autos, precarios, parques, plazas de futbol, delegaciones de Fuerza Pública, comités de Cruz Roja, chancheras, mercados e iglesias se ubican en terrenos que pertenecen al INVU y que deben ser usados solo para construir casas.
En total, ocupan unas 38 hectáreas que el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) intenta recuperar mediante procesos de desalojo, pero que en la mayoría de casos son entorpecidos con recursos de amparo.
Por años, esa entidad descuidó el control de sus terrenos; incluso, en 1999 suspendieron las inspecciones, reconoció Miguel Wong, del área de Administración de Bienes de la Institución.
El abandono fue tal que hasta ahora el INVU entrega escrituras a los beneficiarios de viviendas construidas hace varios años.
Ángelo Altamura, presidente ejecutivo del INVU, indicó que el año pasado —cuando asumió el cargo— ordenó un recuento de las propiedades para saber cuántas tienen y cuáles se pueden usar para proyectos habitacionales.
Otras se podrían vender para construir apartamentos, condominios o casas en otros terrenos.
“Las propiedades fueron abandonadas y descuidadas, pero las vamos a recuperar”, manifestó Altamura.
Hasta el momento, el INVU contabiliza más de 200 fincas, las cuales suman unas 386 hectáreas.
De esa cantidad, 38 hectáreas se encuentran usurpadas. Ahí se podrían construir unas 2.700 viviendas de bienestar social.
El valor fiscal de esos terrenos aún no se ha determinado.
Sin embargo, todavía faltan por revisar otras 35 fincas y todos los lotes que miden menos de 1.000 metros cuadrados.
Wong reconoció que de las 386 hectáreas revisadas la mitad se puede utilizar para construir casas. Es decir, se edificarían unas 13.700 viviendas.
Altamura aclaró que eso no significa que el INVU haya comprado propiedades que no son aptas para construcción.
“Muchos terrenos son sobrantes de proyectos que se hicieron, pero no se pueden usar porque son las márgenes de ríos o quebradas”, recalcó.
De acuerdo con el funcionario, durante años el INVU adquirió tierras y solo urbanizó una parte y dejó otra como reserva. Esas porciones son las invadidas.
“Ahora desarrollamos por completo una finca y traspasamos las áreas comunales a la municipalidad”, afirmó.
Todo menos casas
Wong dijo que la pista de aterrizaje de Chacarita --Puntarenas-- está en un terreno del INVU, al igual que un comité de la Cruz Roja y una oficina del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en Hojancha, Guanacaste.
La Fuerza Pública ocupa las instalaciones de lo que fue la oficina regional del INVU de Puntarenas, ubicada en Barranca. Ahí se podrían construir 100 casas.
Mientras, otros terrenos están invadidos. Es el caso de un sector de La Capri, en Desamparados; Cristo Rey, Rincón de Pavas, León XIII, Patarrá, Guararí de Heredia e INVU Las Cañas , de Alajuela.
Además, cerca de la rotonda del Rancho Guanacaste, en Hatillo, el INVU alquiló un lote para que funcione una venta de autos.
En Vázquez de Coronado, a una propiedad le colocaron marcos y ahora es plaza de futbol;: otra que está entre ese cantón y Goicoechea era usada, hasta hace poco, como basurero.
El INVU también detectó que tiene fincas que no puede usar por orden de Patrimonio Histórico; por ejemplo, una en Cocorí de Cartago, donde encontraron yacimientos indígenas, y una en Limón, donde hay una cavernas.
En Cartago se cultiva lechuga y papas y se cuida ganado en tierras del INVU. Esos lotes son alquilados para esas actividades.
Según Wong, con los arrendamientos se evita que los terrenos sean invadidos.
Otra gran porción de tierras del Instituto son usadas como carreteras. Ocurre con la de Circunvalación, que ocupa 20 hectáreas.
Por otro lado, Altamura indicó que está en proceso de desalojo el Parque del Este, que administra el Instituto Costarricense del Deporte y Recreación (Icoder), pues el terreno le pertenece al INVU.
Otro parque en tierras del Instituto es el de La Paz, San José.
Tierras por deudas
Frente a ese problema, Altamura propone que las fincas que albergan parques, cuerpos de socorro o instituciones estatales sean traspasadas pero que su costo se rebaje a las deudas que tiene el INVU central.
Esa entidad debe unos ¢2.575 millones a 11 acreedores.
Aclaró que el sistema de ahorro y préstamo del INVU no tiene líos económicos, pues tiene más de ¢17.000 millones en reserva.
“Presentamos un proyecto de ley para que nos rebajen de la deuda el valor de esos terrenos, pero no ha prosperado y hace fila en la Asamblea Legislativa”, dijo.
El funcionario es enfático al asegurar que recuperarán todas las propiedades.
Aclaró que aunque los invasores tengan más de 40 años de ocupar los lotes, no adquieren derechos de posesión.
“El INVU no tiene capacidad económica para cuidar los sobrantes de las urbanizaciones que están en los márgenes de los ríos; por eso se pueden pasar a las municipalidades”, declaró.
Altamura advirtió que esas tierras podrían ser invadidas.
También denunció que se venden lotes mediante falsificación de documentos.
Mientras, los invasores aseguran que no tienen dónde vivir.
Para colmo de males, en la Asamblea Legislativa hay dos proyectos para que terrenos del INVU en Puntarenas y Cartago pasen a ser de la Iglesia Católica y un parque, respectivamente.
