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Los títulos falsos de bachillerato siguen apareciendo en las oficinas de recursos humanos de las empresas y en las universidades.
En lo que va del año, la División de Control de Calidad del Ministerio de Educación Pública (MEP) ha detectado 133 diplomas de secundaria alterados.
El MEP denunció los casos ante el Ministerio Público para que se inicien las investigaciones.
Según el Código Penal, esta falta (falsedad ideológica) implica entre uno y seis años de cárcel tanto para el que compró el diploma como para el quien lo vendió.
En los últimos cinco meses se han revisado 11.166 certificados; de estos, el 1 por ciento enfrentó algún problema de autenticidad.
El año pasado, las autoridades revisaron 23.815 diplomas y 314 resultaron falsos.
Félix Barrantes, jefe de la División, explicó que la mayoría de títulos adulterados son de colegios nocturnos y de madurez.
“Quienes más solicitan la verificación son las universidades y algunas empresas, pero también pueden venir particulares a solicitar una revisión”, dijo Barrantes.
De cuidado
Control de Calidad es el único departamento que tiene los expedientes y copias de los títulos auténticos de educación secundaria.
Ante las consultas, los funcionarios revisan la firma del director del colegio, la del director regional y los sellos respectivos.
Pero si los vendedores son muy ágiles para falsificar, cada diploma cuenta con una especie de cédula de identidad, son las citas de inscripción: tiene un tomo (libro), folio (página), asiento (renglón) y un número adicional del título.
Al igual que una cédula, las citas son irrepetibles y cuando el diploma sale del colegio, la identidad ya va lista.
Aquella dependencia está en capacidad de revisar títulos hasta 1950. Por el momento no se han equivocado con ningún título.
Cada solicitud es revisada y contraverificada para descartar errores y si aún persisten las dudas el MEP consulta con el colegio de donde proviene el certificado.
Policías bajo la lupa
En agosto del año pasado se denunció a un grupo de 78 policías que supuestamente compraron sus títulos de noveno año.
Según informó la oficina de Relaciones Públicas de la Corte Suprema de Justicia, en la Fiscalía de Limón todavía se investigan estos casos.
Muchos de ellos ya no trabajan como efectivos de seguridad y se les está buscando en sus nuevos empleos.
