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Pobres condiciones sanitarias, ausencia de salidas de seguridad, problemas de hacinamiento humano...
Estos son algunos problemas detectados en la mitad de los bares ubicados en la llamada “calle de la Amargura”, junto a la sede de la Universidad de Costa Rica, en San Pedro de Montes de Oca.
Así lo revelaron operativos conjuntos de la municipalidad de Montes de Oca, el Ministerio de Salud y la Fuerza Pública, efectuados entre abril y junio en esa polémica zona capitalina.
De acuerdo con la alcaldesa de Montes de Oca, Sonia Montero, los operativos buscaron mejorar el control de los locales que venden licor en el distrito central.
El número de estos, según Montero, supera por mucho el que la Ley Nacional de Licores permite a un distrito con la cantidad de habitantes de San Pedro (26.500 personas). Esto, a pesar de que desde hace más de quince años no se rematan nuevas patentes, dijo.
“De cumplir con la ley, en el distrito de San Pedro deberíamos tener 53 patentes de licor”, explicó Montero. “Sin embargo hay 126 en funcionamiento, y media docena inactivas”, agregó.
Ella responsabilizó de este exceso a anteriores administraciones municipales.
Al número de patentes de licor, agregó la cesión de permisos de operación de manera irregular.
De acuerdo con la alcaldesa, una parte importante de los bares y restaurantes de la “calle de la Amargura” no deberían estar allí.
Esto, si en su momento se hubiera cumplido con la normativa que establece que un expendio de licor debe de estar a más de 400 metros de un centro educativo.
La alcaldesa señaló que casi todos los locales de esa calle tienen permiso de funcionamiento de “restaurantes”.
Sin embargo, han comprobado que su actividad primaria es la venta de licor, no de alimentos. “Durante los operativos encontramos un local con permiso de restaurante y la alacena vacía”, dijo.
Con un permiso de bar, el local está autorizado a permanecer abierto hasta la medianoche. Un restaurante, en cambio, lo puede hacer hasta las 2:30 a. m.
Según la funcionaria, esto puede llevar a la clausura del negocio si el propietario no corrige la situación.
“Pero el debido procedimiento puede demorar, pues hay muchas instancias en las que los propietarios apelan”, advirtió.
Para Elliot Campos, dueño de uno de los locales cuestionados, determinar si un local es bar o restaurante es muy relativo.
Además, consideró que compete al Ministerio de Salud, no a las municipalidades.
