Estos son los más perjudicados con eliminación de programa de educación sexual, según Estado de la Educación

Según la académica, sin una evaluación seria, los más perjudicados serán los estudiantes que provienen de familias vulnerables con capital cultural bajo.

“Son niños y jóvenes que vienen de hogares donde los padres tienen un nivel educativo de primaria o menos. Estas imposiciones pueden profundizar desigualdades en el sistema educativo y en las oportunidades de los estudiantes”, dijo.

Es en esos hogares, precisó la investigadora, donde los adultos no siempre tienen tiempo o herramientas para enseñar de temas tan cruciales como afectividad y sexualidad.

Cambios sociales como la reducción de embarazos en la adolescencia y más conciencia sobre abusos sexuales y relaciones impropias no se dan pronto, son parte de un proceso que toma años, porque implica cambios sociales en un contexto donde hay desinformación y machismo.

“Estos procesos no son fáciles, implican generar una cultura, una propiedad a los programas, la capacitación a los docentes”, explicó.

La experta no oculta su preocupación, dado que ya el programa anterior había logrado avances.

“En una materia donde hemos tenido logros importantes, el país no puede darse el lujo de retroceder. Se requiere cuidar los logros y avanzar con bases firmes y sostenibles”, puntualizó.

“Un sistema de calidad preserva los logros que protegen a la población estudiantil. No podemos hablar de consecuencias, pero ante los logros que este programa ha tenido, el país no puede darse el lujo de perderlo, porque puede ser un retroceso grande”, añadió.

‘Cambios abruptos sin fundamentación crean inestabilidad’

El programa con el cual el MEP pretende sustituir la formación en materia de sexualidad aún no se ha dado a conocer, pero la forma en la que se tomó la decisión y la justificación para eliminar el programa existente hacen que Román lo defina como un “cambio abrupto”, con todos los problemas que esto puede arrastrar.

“Los cambios abruptos sin debida fundamentación, al igual que pasó con el Programa de Informática Educativa, solo dejan inestabilidad al sistema. Si no hay una alternativa, esto deja a los estudiantes, a los docentes y a los directores de los centros educativos a merced de las improvisaciones. Los cambios que no están debidamente justificados agregan inestabilidad”, subrayó.

La investigadora señaló que cuando se hacen cambios de este tipo es muy importante que haya documentos sólidos, como evaluaciones hechas por especialistas que avalen y fundamenten el cambio y justifiquen por qué amerita quitar algún contenido y poner otro.

“Es ir más allá de impresiones o de reclamos de algunos sectores. No es que me digan ‘me parece que‘; no es lo que a usted le parezca, es dónde están los datos. Para hacer este tipo de cambios se requieren estudios serios con especialistas que saben del tema”, enfatizó.

La especialista aseguró que los cambios deben estar precedidos de evaluaciones rigurosas porque no se pueden dar soluciones simples a problemas complejos.

“No es un borrón y cuenta nueva. Si no está debidamente preparado solo va a generar estrés en los estudiantes, los docentes y las familias”.

Como se desconocen los detalles del próximo programa, Román piensa que las consecuencias son por ahora impredecibles y que deberán medirse.

Programa de afectividad y sexualidad era un ‘logro país’

Román defendió el Programa de Afectividad y Sexualidad Integral y lo consideró “un logro país”. Una de las razones es que este sí fue analizado y evaluado antes de su implementación.

“Fue aprobado por el Consejo Superior de Educación (CSE) luego de ser evaluado y ‘piloteado’ en 11 centros educativos. Fue sometido a una amplia consulta de sectores: sector salud, educación, social, instituciones que velan por la niñez y la adolescencia”, rememoró.

Para ella, dicho programa tiene la virtud de un enfoque amplio, que involucra todas las dimensiones: física, biológica y afectiva. Además, hay énfasis en la dignidad humana, en los derechos, en el respeto y la corresponsabilidad. Esto permitió abrir una oportunidad para que los estudiantes discutieran el tema.

Con esto se reducen los riesgos de abuso sexual, relaciones impropias, relaciones sexuales sin planificación o acceso a la pornografía. Las lecciones les daban a los alumnos herramientas de protección para que pudieran tomar decisiones responsables.

Uno de los logros que se realzó es el de la reducción del embarazo en la adolescencia. Este programa fue parte de una triada conformada también por la Ley de Relaciones Impropias y el acceso a métodos conceptivos de larga duración en la seguridad social. Estos tres factores fueron decisivos para que el embarazo pasara de un 20% en el 2012 a un 9% en el 2023.

Estado de la Educación pedirá cuentas

El Estado de la Educación solicitará la documentación y los análisis en los que se basó la jerarca del MEP, Anna Katharina Müller, para impulsar la eliminación del Programa de Afectividad y Sexualidad Integral. La propuesta fue acogida por mayoría en el CSE.

De acuerdo con la medida, avalada el 16 de enero, la intención es sustituir el plan de estudios por el Programa de Estudio de Educación para la Paz y la Convivencia.

“Quisiéramos conocer y tener acceso al estudio que se hizo. Que muestren debidamente el análisis, los datos que llevaron al Consejo Superior de Educación a tomar una decisión tan importante con tanta repercusión para la población estudiantil”, afirmó Isabel Román Vega, coordinadora del Estado de la Educación, en entrevista con La Nación.

“Estas son decisiones de alta trascendencia que esperamos estén fundamentadas. Por eso estaremos solicitando al CSE el documento o documentos en los que se basaron para que nos los hagan llegar”, agregó.

Esta no es la primera vez que el Estado de la Educación realiza este tipo de peticiones. Se hizo con las pruebas nacionales estandarizadas y con los cambios en el Programa de Informática Educativa.

En ambos casos, el Ministerio de Educación Pública (MEP) no brindó la información requerida y el organismo debió recurrir a recursos de amparo. La Sala Constitucional obligó al Ministerio a dar esta información.

“Necesitamos tener los documentos que fundamentan este tipo de decisiones para analizarlas. Es como cuando pedimos el documento de la Ruta de la Educación (plan propuesto por la ministra Müller). Aquí lo estamos esperando. O los de informática educativa, aquí los estamos esperando. Necesitamos el estudio de base para tener acceso al análisis y las razones por las cuales se tomaron las decisiones”, aseveró Román.

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