EscucharEl anonimato del denunciante, la falta de pruebas y, en consecuencia, de sanciones, acabaron por desinflar la tan cacareada lucha contra los "biombos" en los hospitales y clínicas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
En octubre de 1998, esa institución "declaró la guerra" a la práctica de cobrar o pagar por brincarse las listas de espera en los servicios de salud pública, conocida como "biombo".
De nada valieron las 64 denuncias que recibió la Caja en esa campaña. La falta de sustento y pruebas hicieron que ni una sola de esas quejas progresara en el Ministerio Público, según reconoció el fiscal general, Carlos Arias.
Muchos de esos casos se conocen entre corrillos, pero hay miedo de denunciarlos tanto de parte de pacientes como de los médicos que se han logrado inmunizar contra este delito.
Según el fiscal general, así como el abogado Carlos Valerio, especialista en Salud Pública, el "biombo" es uno de los delitos más difíciles de demostrar si no hay pruebas contundentes.
El paciente y el funcionario que se prestan para ese trueque cometen un delito que, de comprobarse, los podría llevar a la cárcel.
Arias y Valerio concluyeron, por separado, que la forma más segura de dar con los responsables es en operativos policiales con billetes marcados previamente.
Pero, ¿se atrevería la gente a denunciar?
Una mujer que pidió no ser identificada contó a este diario por qué no demanda a un especialista: "Mi hijo es epiléptico y yo voy a estar necesitando de ese médico siempre. No hay muchos neurólogos como él en el país".
Ella y otras 30 personas llamaron el miércoles pasado a este diario, que abrió la línea telefónica para escuchar sus historias. Casi todos lo hicieron a cambio de absoluta confidencialidad.
Entre colegas
Desde las páginas de opinión de La Nación , un médico se atrevió a emplazar sobre este tema a las autoridades de salud, el lunes 18 de febrero.
Rodolfo Alvarado Herrera, exjefe de servicio en los hospitales México y Calderón Guardia, habló en su artículo póstumo (falleció tres días antes de la publicación) de diferentes niveles de "presión" (incluso, política) para mantener la impunidad de ese delito.
"Hago un vehemente llamado a todos los profesionales sanos, éticos y capaces que se ven obligados a trabajar a la par de los corruptos en un mismo centro de salud. No permitamos que un grupo nos desprestigie a todos", dijo Alvarado.
Pero tratar de sanear esta situación no es tarea sencilla. Es evidente que, tras el "biombo", está la corrupción.
Un artículo publicado el jueves 21 de febrero en la página electrónica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, www.iadb.org ), reveló que este tipo de acciones son comunes en los servicios de salud de América Latina.
En él se menciona un estudio de la Red de Investigación Latinoamericana del BID, llamado Diagnosis corrupción , en el cual se concluye que este tipo de prácticas obedece a la corrupción galopante en los sistemas de salud.
Doce países, entre ellos Costa Rica, fueron evaluados por esa red. Descubrieron, entre los abusos más comunes, el robo de medicamentos, el cobro de tarifas excesivas o ilícitas por bienes y servicios, el ausentismo del personal y el uso clandestino de instalaciones públicas para prestar atención médica privada.
"En Costa Rica, la mitad de todos los pacientes consultados (por el estudio) dijeron haber pagado hasta $35 (más de ¢12.000, al tipo de cambio actual) para recibir atención médica en instituciones públicas, un monto muy similar a los honorarios promedio de una clínica médica privada en el país", indica el artículo sin entrar en mayores detalles.
CCSS se sacude
¿Impunidad? No, dijo Rodolfo Piza Rocafort, presidente ejecutivo de la Caja.
Él apuesta menos a la sanción pública o "cacería de brujas" de los funcionarios y más al control mediante contralorías de servicios y juntas de salud. También, Piza tiende más a modificaciones estructurales, como promover la dedicación exclusiva de los médicos en un futuro cercano.
Pero hay quienes creen conveniente sentar precedentes. El defensor de los habitantes, José Manuel Echandi Meza, es uno. La Defensoría hará una investigación de oficio a partir de la denuncia de Alvarado Herrera.
"Yo creo que debería haber un caso ejemplarizante de sanción porque la situación, a como está, lo único que causa en los médicos honestos y en los pacientes es un sentimiento grande de impunidad y frustración", dijo el Defensor.
Para el vocal del Colegio de Médicos y Cirujanos, Agustín Páez Montalbán, el problema se da porque en la misma institución (CCSS) no hay diferencia entre lo público y lo privado. "Esto también tiene que ver con la privatización solapada de la Caja", aseguró Páez.
El fiscal de ese colegio, Wágner Rodríguez, reconoció sin rodeos que en el gremio "hay manzanas podridas".
En ese gremio, se está acabando de elaborar un nuevo Código de Moral y Ética Médica , con un artículo "antibiombo", donde se insiste en que el médico no debe usar recursos públicos para hacer su práctica privada, explicó Eduardo Flores, presidente del colegio.
