Para garantizar el abastecimiento de agua durante el próximo verano, urge invertir ¢1.400 millones en casi una veintena de obras a lo largo y ancho del país.
Así de tajante es el pronóstico del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), dado a conocer como parte de la polémica en que se ha enfrascado con la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) por el rechazo de su plan de ajuste tarifario.
Estos trabajos incluyen mantenimiento y construcción de acueductos en, al menos, 19 sitios, como Hojancha, en Guanacaste, o Golfito, en la zona sur.
Tampoco se descartan racionamientos progresivos para el próximo año, sobre todo en las partes altas del país.
James Phillips, director financiero de AyA, aseguró que están entre la espada y la pared.
Por un lado, tienen a la Autoridad Presupuestaria que les impone un límite de gasto de ¢21.000 millones este año y, en aras de bajar la deuda, les impide financiarse con créditos externos y recomienda obtener ingresos vía tarifas.
Por otro, la Aresep no les autoriza financiar el desarrollo de obras a mediano y largo plazo, con el ajuste tarifario (del 12,5 por ciento) propuesto a principios de año.
Mayela Padilla, técnica de la Aresep, sostuvo que AyA debe presentar primero un plan de inversiones y mejorar su administración empresarial.
La funcionaria, quien habló a nombre del regulador general, Leonel Fonseca, reiteró la posición de esta instancia en cuanto a que AyA tiene recursos suficientes para cubrir costos de operación, inversiones y deuda en 1999.
Por ejemplo, aseguró que el 27 por ciento de aumento tarifario aprobado en julio de 1998, le generó a AyA un excedente de ¢1.737 millones.
Padilla afirmó que en AyA tienen un problema de administración empresarial pues, según estudios de Aresep, esta institución no ha sido capaz de cumplir metas en áreas como medición de uso del agua.
Fonseca rechazó, el 20 de abril, el ajuste tarifario pedido por AyA, al aducir que no es solo vía tarifa como se debe resolver la crisis del sistema de acueductos y alcantarillado acumulada en los últimos años.
AyA presentó un recurso de revisión el 6 de mayo, ante la junta directiva de la Aresep. La respuesta debe estar lista el 6 de julio próximo.
De recibir otra negativa, la entidad debe presentar un nuevo estudio con la proyección tarifaria al año 2000.
Casi agotadas
De los 2.100 kilómetros de tuberías que tiene el área metropolitana, el 70 por ciento data de hace más de 80 años y se encuentra en mal estado (1.470 kilómetros), aseguró el director nacional de operación de sistemas del AyA, Olman Chacón.
El funcionario explicó que la vida promedio de una tubería no debe superar los 35 años, y tampoco hay fuentes de agua superficiales, lo que los obliga a perforar pozos profundos para llegar al líquido.
Phillips manifestó que cambiar esa tubería tendría un costo superior a los ¢5.700 millones (unos $20 millones).
En cuanto al alcantarillado sanitario, Chacón reconoció que apenas un 20 por ciento de la población cuenta con ese servicio para aguas negras y servidas, que en su totalidad llegan "crudas" a los ríos, sobre todo los del área metropolitana (Tiribí, Torres, Virilla y otros).