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Los ticos tendrán que pagar más de ¢5.000 millones por la anulación de un contrato que formaba parte del proyecto impulsado por la administración Calderón Fournier (1990-1994) para enviar a Esparza la basura del área metropolitana por ferrocarril.
El Tribunal Contencioso Administrativo, sección tercera, resolvió que el Estado deberá indemnizar por ¢5.480 millones (más los intereses calculados a la fecha de cancelación) a los propietarios de la finca donde se pensaba instalar un relleno sanitario.
Ese monto se definió mediante un peritaje y deberá ser girado en favor de las empresas Constructora Hernán Solís (costarricense) y Procesa (mexicana).
Las firmas concursaron en una licitación internacional abierta por la administración Calderón para instalar el relleno. La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) les adjudicó el proyecto en diciembre de 1993.
El Tribunal sentenció al Estado a pagar ¢2.893 millones por los daños ocasionados por la rescisión del contrato .
También ¢1.920 millones por lucro cesante (el relleno estuvo abierto 29 meses sin recibir basura) y $1,3 millones (¢667 millones) por el valor de la finca que las empresas compraron en ese precio a Tulio Murillo Kopper.
Este fallo se emitió en diciembre pasado, pero se notificó en agosto y fue dado a conocer hace 15 días por el diario La República .
Juan José Sobrado, abogado que representa a la Constructora Solís, argumentó que no puede referirse porque el caso aún está en proceso, pues la Procuraduría apelará la sentencia ante la Sala Primera.
Si la resolución queda en firme el Estado tendrá tres meses para pagar. Una vez que lo haga, la finca pasará a posesión estatal.
El viceministro de Hacienda, José Adrián Vargas, indicó que ese pago no está incluido en el presupuesto del 2006.
"Por el momento no hay recursos para pagar porque aún no hay ingresos de nuevas rentas. Se verá en el momento que se presente cómo hacerle frente", aseguró.
Lucha. El proyecto para llevar la basura por tren a un relleno sanitario en Cabezas de Esparza, a 90 kilómetros de la capital, enfrentó gran oposición desde que fue anunciado por la administración Calderón.
La idea surgió ante el fin de la vida útil del botadero de Río Azul.
Los vecinos de Esparza protestaron en las calles y los ayuntamientos metropolitanos criticaron los altos costos que implicaba trasladar los desperdicios por tren.
Mariano Guardia, ministro de Obras Públicas y Transportes en esa administración, sostuvo que el proyecto era exitoso.
"Estoy seguro que si hubiera seguido habría sido una solución permanente al tratamiento de la basura y los juicios no se hubieran dado. Los proyectos no son de un Gobierno sino que deben ser del país y debe haber continuidad", afirmó.
Johnny Araya, alcalde de San José, recordó que los municipios se opusieron pues consideraron poco operativo y muy complicado movilizar la basura por tren. "Fue una solución solo del Poder Ejecutivo".
El Gobierno no escuchó las objeciones y firmó el contrato.
Montos. Debido al cambio de Gobierno, la ejecución del contrato quedó bajo la responsabilidad de la administración Figueres Olsen (1994-1998), pero esta tenía otros planes: se inclinó por convertir a Río Azul en un relleno sanitario y también cerró los ferrocarriles.
El vertedero en Esparza estuvo abierto por 29 meses sin recibir basura y luego la administración Figueres rescindió el contrato.
Ante un reclamo de las empresas contratadas, el 15 de marzo de 1996 la Sala IV señaló que el Gobierno "o ejecuta el contrato con el cumplimiento pleno de las obligaciones pactadas, o bien paga los daños y perjuicios".
Se buscó la reacción de Víctor Ojeda, ministro responsable del tema de la basura en el Gobierno de Figueres, pero está fuera del país.
No obstante, el 19 de noviembre de 1997 Ojeda escribió en La Nación : "La verdad es que la administración Calderón Fournier no había realizado las obras a que estaba comprometido de acuerdo al contrato, pero la empresa sí estaba facultada a cobrar".
Fallo. Tras el fallo de la Sala IV, la Constructora Hernán Solís llevó el caso al Tribunal Contencioso.
En esa instancia, la Procuraduría General de la República -abogado del Estado- alegó que la empresa no había demostrado los daños y que al momento del reclamo no tenían "las condiciones para procesar ni siquiera un gramo de basura pues no contaba con los permisos ni patente municipal".
El Tribunal indicó que por tratarse de un asunto ya juzgado por la Sala IV, solo quedaba fijar el monto de la indemnización.
