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Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), dicen que 16,5% de los costarricenses viven en la pobreza... Eso, pese a que hay 22 entidades estatales y decenas de programas para ayudar a los más pobres.
La viceministra de Vivienda, encargada de Desarrollo Social, admite que aún la pobreza son cifras y no nombres y apellidos, personas identificadas. Este es un extracto de la entrevista.
La economista Mayela Cubillo, de la Universidad de Costa Rica, y dirigentes comunales, dicen que basta de diagnósticos, que el Estado ya tiene claro dónde están los pobres. ¿Por qué no se llega a ellos?
El diagnóstico siempre ha estado, el problema es cómo se interviene. Ningún gobierno en los últimos 20 años incursionó en ese cómo para arreglar el problema.
“Es un asunto de largo plazo, de un proyecto país, en el que hay que diseñar planes con 22 instituciones y 50 programas sociales selectivos. El cómo lo han reducido a una estrategia muy puntual, como el Triángulo de la Solidaridad, en la administración Rodríguez o, Vida Nueva, en la administración Pacheco, y no funcionaron.
¿A qué atribuye que con tantas instituciones estatales, persisten 150.000 familias en pobreza extrema, excluidas del empleo, la salud y la educación?
Porque hasta ahora, en este gobierno, se intenta a través de la salud, la educación, la prevención de la violencia, el acceso al trabajo y la seguridad social, desarrollar ese cómo para dilucidar qué pasa con la gestión de esas 22 instituciones y los 50 programas. Los diagnósticos han dado cifras, informaciones generales que se diluyen entre la gran política social y no se le llega a los necesitados.
Pero, ¿por qué es tan difícil llegarles?
Porque ellos son cifras. Se requiere saber quiénes son, dónde están y diseñar una estrategia para acompañarlos, eso se llama política focalizada. Hay que saber quiénes no logran engancharse en las políticas universales (salud, educación, empleo) y darle nombre y apellido al que necesita el apoyo del Estado.
Entonces, ¿es cierto que aunque el Estado sabe dónde viven, las instituciones han sido incapaces de atenderlos?
Nadie tenía (ningún Gobierno) un diagnóstico preciso de lo que estaban haciendo y si le estaban llegando a esos pobres. No hay evaluaciones de los programas, la única institución que se ha preocupado por este tema es la Contraloría General de la República, que hizo 60 estudios que publicó en cinco informes entre 2006 y 2007 y advierte que solo una rectoría con potestades constitucionales puede coordinar cómo debe de ser la política social.
¿Tiene claro el Gobierno qué se requiere para llegarles?
Falta un sistema de información para tomar decisiones. Hay problemas en general en todo el sector y en cada programa. Ningún programa ha tenido diseño ni seguimiento, se han monitoreado un poco, pero ninguno se ha evaluado. Se han tomado decisiones a lo largo del tiempo en el IMAS, Fodesaf, Fonabe, Consejo de Indígenas, pero nunca se normaron ni articularon esas acciones. ¿Por qué no podemos enfrentar la extrema pobreza y la exclusión? Porque son números, siguen siendo números en el INEC. Los estudios permiten decir cuáles son los distritos más pobres, pero hay que saber nombre y apellido.
¿Ejemplos de esas cifras?
El más grande es Talamanca. Allí solo los servicios de salud llegan, hay un Cen-Cinai y un Ebais. Ahí, hasta el 2006, la CCSS aprueba un presupuesto fijo para enviar helicópteros a Alta Talamanca a llevar equipo médico, pero no hay escuela, caminos ni agua potable. Pero eso mismo pasa en Rincón Grande de Pavas, en Guararí de Heredia y en Guatuso, zona norte, y ahí hay instituciones trabajando, pero no hay un balance de qué están haciendo.
¿En qué está el Gobierno, qué hace para revertir esto?
El Gobierno intenta responder a lo que pidió la Contraloría en los informes. El tiempo es corto, cuatro años, en el corto plazo se lanzó un programa nuevo, Avancemos, y se aumentaron las pensiones del régimen no contributivo de la Caja y se aumentó el bono de vivienda (es de ¢4.460.000).
“En el largo plazo vamos a comenzar a trazar los lineamientos para articular un programa modelo para identificar a la gente con nombre y apellido”.
Dice que lo más importante es saber quiénes son. ¿Y el Sistema de Información de Población Objetivo (SIPO), del IMAS (el cual costó ¢1.000 millones )? ¿Por qué no lo usan?
El SIPO es solo para el IMAS, no ha sido útil para el resto del sistema, además al IMAS llega la gente que sabe de los programas sociales, no la que necesita. Estamos diseñando un sistema de gestión, el Sigipss, que estará bajo el control de la Contraloría y dará la información recopilada por un equipo de 2.000 funcionarios de la Caja, los médicos de atención primaria en salud (Ataps), que visitan el país y llegan a zonas de tugurios, indígenas, donde están los más pobres y levantan una ficha de más de 50 variables por hogar.
“Ellos entran en las casas a ver las condiciones de salud, pero esa información debe digitalizarse, son pocos los Ataps que están digitalizados de unos tres mil que hay en el país. Estamos montando el Sigipss a través de un acuerdo con la Caja y queremos dejar este programa amarrado antes de que termine el Gobierno.
“Además, intentamos fortalecer los Cen Cinai porque no se sabe nada de los niños que van a estos centros; se sabe que algunos son pobres, pero los centros son para atender a niños que necesitan nutrición”.
