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Un supuesto incumplimiento de un contrato con la Asamblea Legislativa puso en entredicho la candidatura de la exdiputada Vanessa Castro para el cargo de subcontralora de la República.
Ella es fuertemente impulsada por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), entre la lista de 13 aspirantes al puesto, que, según lo negociado, será socialcristiano.
Según la denuncia, Castro nunca obtuvo el título de una maestría para la cual el Congreso le dio una beca en 1995, cuando era asesora legislativa.
El diputado del Bloque Patriótico, Juan José Vargas, mostró documentos del Departamento de Recursos Humanos del Congreso, según los cuales ella no presentó el proyecto final de graduación.
Ello a pesar de que se le dio un cuarto de tiempo con goce de salario por año y medio. El programa de la maestría estaba compuesto de los cursos y el proyecto final, incluido en el contrato en la lista de requisitos del octavo bimestre.
Pero Castro afirmó a La Nación que el contrato establecía la obligación de cursar las materias, no de hacer el proyecto final.
Para la exdiputada, fue la Asamblea la que incumplió pues la beca terminó –para ella y otros funcionarios– a pesar de que no había cursado varias materias por motivos ajenos a su control.
La exdiputada agregó que su currículum, presentado ante la comisión legislativa de nombramientos, aclaró que su trabajo final está pendiente.
Se trata de una Maestría en Administración Pública con énfasis en Gestión Parlamentaria, en la Universidad de Costa Rica.
Discusión
El tema avivó el pulso legislativo por quién ocupará el puesto y se habla de amenazas y cálculos matemáticos.
Para aclarar la situación, la comisión legislativa recibió ayer al director de Recursos Humanos del Congreso, Hugo Cascante.
Según dijo, a Castro nunca se le pidió cuentas porque la beca se la otorgó directamente el Directorio Legislativo. Agregó que, según el contrato, ella debía trabajar en el Congreso durante un año después de terminar la beca.
No obstante, el Directorio la dejó ir sin cumplir ese compromiso cuando ella se convirtió en diputada en 1998.
Cascante también dijo que ha sido amenazado si no cambia su posición sobre el caso. Dijo no tener pruebas en contra de quienes lo amenazan.
En respuesta, Castro dijo a este diario estar muy “sorprendida” porque el departamento de Recursos Humanos nunca antes presentó objeción alguna sobre su caso.
Pero Cascante dijo que se limitó a pagarle las prestaciones pues por ser funcionaria de confianza era el Directorio Legislativo el que decidía.
El actual presidente de la Asamblea, Gerardo González, era entonces director administrativo del Directorio. Ayer se intentó consultarlo, pero informó a través de su oficina de prensa que antes desea revisar los detalles.
Complicación
El cuestionamiento complica las posibilidades de Castro de entrar a la nómina que la comisión de nombramientos enviará al Plenario para elegir subcontralor.
El diputado Juan José Vargas dijo que Castro no cumplió el contrato y ello no es buena señal.
Según él, los argumentos de la exdiputada se caen porque han pasado casi siete años y aún no tiene el título.
Para Rodrigo Alberto Carazo, del Partido Acción Ciudadana, el tema no merece más discusión y debe empezar a hacerse la nómina con el resto de los 12 candidatos.
Por el contrario, el socialcristiano Olman Vargas dijo tener fe de que Castro estará en la nómina porque cumple con los requisitos y fue la Asamblea Legislativa la que incumplió el contrato.
