La empresa Friends of Portalón, desarrolladora de un residencial en el corredor biológico Paso de la Danta en Savegre, Quepos, intentó “legalizar” la devastación ambiental causada en terrenos de bosque, una vez que esta fue descubierta por la Fiscalía Ambiental y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). Así lo advirtió la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), que había autorizado el proyecto.
La compañía buscó poner en regla la corta de árboles, así como la apertura de caminos y la construcción de terrazas no contempladas en el plan original, cuando pidió modificar y ampliar el proyecto ante la Setena. Presentó esa solicitud a mediados de noviembre del 2024.
Así lo hizo luego de que funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) constataron los daños ambientales en cinco inspecciones. En una de esas visitas estuvo presente un fiscal ambiental y, en otra, un funcionario de la Setena.
El representante de Friends of Portalón S. A., Alonso Guevara Ramírez, presentó la gestión el 15 de noviembre, pero la Secretaría Técnica Ambiental la rechazó un mes después, el 18 de diciembre, al concluir que la firma pretendía “corregir” y “legalizar todo lo ilegal observado” en el sitio.
La Setena también detectó que el proyecto, denominado Clyton, había cambiado de desarrolladora sin que se le hubiese avisado.
En el 2022, Setena otorgó la viabilidad ambiental a la compañía Finca Tierra Verde Azul S. R. L., que era la propietaria del terreno de 79 hectáreas.
Sin embargo, en noviembre del 2024, cuando se solicitó modificar el proyecto, la compañía informó de que ahora el desarrollador era Friends of Portalón S. A., al tiempo que presentó otro plano y otro número registral de la propiedad.
Un sector de la propiedad que había obtenido el visto bueno original de la Setena fue absorbido por otra finca. Eso implicó que solo el 55% del terreno contaba con la viabilidad ambiental, mientras que el 45% restante no.
Justo en ese segundo segmento del terreno el Sinac y la Setena detectaron parte de la devastación ambiental que se encuentra bajo investigación de la Fiscalía.
Ante estos hallazgos, la Secretaría Técnica Ambiental no solo rechazó la solicitud de ampliación, sino que también impuso una medida cautelar y paralizó las obras tanto dentro del terreno ubicado en el plano original (681053-1987) como en el nuevo (P-34800-2003).
La Nación contactó a Guevara Ramírez, quien aparece como representante de la desarrolladora ante la Setena, pero se abstuvo de emitir criterio. Aseguró que “declarará ante el Juzgado que es donde realmente le importa declarar”.
La respuesta del desarrollador
El 30 de octubre del 2024, la Setena informó al desarrollador, Friends of Portalón, sobre los daños hallados. En términos generales, la firma reconoció que las obras cuestionadas sí se habían realizado, pero alegó que muchas de ellas se paralizaron y que “serán solicitadas en una ampliación del proyecto que se está preparando para ser presentada”.
Dicha respuesta fue enviada el 15 de noviembre. Ese mismo día, solicitó modificar el proyecto.
En específico, pidió ampliar de 20 a 38 la lotificación de parcelas agrícolas y los respectivos caminos de acceso.
Asimismo, planteó aumentar las zonas recreativas, las áreas comunes como zona de yoga, piscina, restaurante y parqueo, y los caminos de acceso.
Además, mencionó un permiso para la colocación de dos tanques de almacenamiento de agua, movimientos de tierra y la utilización de madera de los árboles cortados.
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Setena cuestionó actitud del desarrollador
La Setena cuestionó la actitud del desarrollador, el cual pidió la ampliación a posteriori del inicio de los trabajos.
“Es importante acotar que la modificación planteada el día 15 de noviembre del 2024 ante esta Secretaría, lo que pretende es legalizar todo lo ilegal observado el día 10 de octubre del 2024 y que, de acuerdo con el desarrollador y responsable ambiental de este incumplimiento, se pretende subsanar”, dice la resolución N.° 2154-2024-SETENA, emitida por Andrés Cortez Orozco, secretario general interino de Setena, el 18 de diciembre del 2024.
Los hallazgos de las cinco inspecciones
Inicialmente, el desarrollador pidió permiso para destinar 20 lotes de carácter agrícola a casas habitacionales unifamiliares, más un área común y un área recreativa, la cual iba a contar con un rancho para actividades y una piscina.
Cuando solicitó ese aval, presentó una constancia forestal negando que hubiese cobertura boscosa. Una constancia distinta hubiese impedido otorgar la viabilidad ambiental. La Secretaría se dio por satisfecha con ese documento a pesar de que tuvo cuatro alertas sobre la existencia de bosque. Incluso, se negó a realizar una visita de campo.
Lo anterior ocurrió en el último cuatrimestre del 2022. Dos años después, y tras recibir varias denuncias, la Fiscalía Ambiental abrió una investigación.
A raíz de la causa, el 11 de setiembre del 2024, el fiscal auxiliar Camilo Flores Pacheco, de la Fiscalía de Protección de Osa, visitó el proyecto en compañía de funcionarios del Área de Conservación Pacífico Central (Acopa), del Sinac.
Verificaron que el área del proyecto tenía bosque primario y secundario, lo cual no coincidía con la constancia forestal que presentó el desarrollador, en la que se indicaba que no había bosque.
Además, detectaron la construcción de una “gran cantidad de terrazas desprovistas de vegetación”, movimientos de tierra, corta de árboles, la apertura de caminos internos y la instalación de cuatro tanques de agua que no coincidían con los trabajos autorizados en la viabilidad ambiental.
“En general, se observa corta de árboles, de vegetación de todo tipo y dimensiones, mal manejo de residuos, abandono de madera, daños en zonas de protección en áreas cercanas a ríos y nacientes y destrucción del lugar”, expone el informe de esa primera inspección in situ.
Después de esa visita, hubo cuatro más entre el 12 de setiembre y el 14 de octubre pasado. En la penúltima, la cual se realizó el 10 de octubre, participó un funcionario de Setena.
En todas, se constataron los daños y se fue detallando la magnitud de los mismos. Al final, se detectaron los siguientes incumplimientos:
—Caminos diferentes a los propuestos en el diseño.
—Construcción de 34 terrazas no avaladas por Setena.
—Instalación de tres tanques de agua en coordenadas distintas a las autorizadas.
—Gran cantidad de árboles cortados.
—Toma de agua ilegal en una propiedad aledaña, fuera del área de proyecto autorizada.
—Obras constructivas fuera del área aprobada para el proyecto. Específicamente, se efectuaron caminos y terrazas, y se halló una “gran afectación por erosión, por el mal manejo de aguas y otros”.
Bajo investigación fiscal
El Ministerio Público investiga este caso por los presuntos delitos de cambio de uso de suelo, tala ilegal, aprovechamiento ilegal de recursos forestales, usurpación de aguas, destrucción de vegetación dentro de un área de protección, tala en área de protección, invasión de un área de protección y falsedad ideológica.
En el expediente figuran tres personas investigadas, a quienes ya se les tomó la declaración indagatoria. Se trata de Christian Arce Carranza, uno de los principales financistas de la campaña del presidente Rodrigo Chaves; Alonso Guevara Ramírez, uno de los representantes de Friends of Portalón S. A.; y una persona de apellidos Salazar Blanco, según confirmó la oficina de Prensa de la Fiscalía.
El financista de Chaves
En marzo del 2022, antes de la segunda ronda electoral, Christian Arce Carranza compró 350 bonos del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) para la campaña de Chaves valorados en ¢231 millones. Pagó ¢150 millones, porque la agrupación le otorgó descuento.
Casi nueve meses después, el 21 de diciembre del 2022, la Setena autorizó la viabilidad ambiental del residencial de la firma Friends of Portalón.
Luego, el 20 de julio del 2023, la sociedad le otorgó a Christian Arce Carranza un poder generalísimo por tiempo indefinido, con el que puede celebrar toda clase de contratos y ejecutar todos los demás actos jurídicos que puede hacer un poderdante, con excepción de los que únicamente puede hacer el dueño.