La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) ignoró cuatro alertas sobre la existencia de bosque en un terreno equivalente a 195 canchas de fútbol, en donde autorizó la construcción de un residencial en el corredor biológico Paso La Danta, en Savegre, Quepos.
Después de otorgar el permiso, se produjo una devastación ambiental que está bajo investigación de la Fiscalía. La presencia boscosa no solo constaba en los registros del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), sino que también la señalaron la Municipalidad de Quepos y hasta un biólogo contratado por el desarrollador.
En diciembre del 2022, la Setena otorgó el permiso de viabilidad ambiental a pesar de que, en dos tipos de mapas oficiales, estudios biológicos y un documento municipal se advertía de que la propiedad contenía tanto cobertura boscosa como la quebrada Salto, ecosistemas considerados como “ambientes frágiles”.
Dicha dependencia del Minae renunció, además, a la posibilidad de realizar una inspección de campo y tampoco pidió un estudio al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), aunque podía hacerlo.
Para dar el aval, la Setena se basó únicamente en una constancia emitida por un ingeniero forestal contratado por la desarrolladora del proyecto Clayton Friends of Portalón Sociedad Anónima.
La presencia de bosque hacía imposible cambiar el uso de suelo de la finca. También, impedía que el Sinac autorizara una corta de árboles, según lo establecido en el artículo 19 de la Ley la Forestal. Por consiguiente, era imposible aprobar la viabilidad ambiental.
Así lo determinó la Oficina Subregional Aguirre-Parrita del Área de Conservación Pacífico Central (Acopac), del Sinac, en noviembre del 2024, luego de realizar una inspección al sitio por solicitud de la Fiscalía.
“El lugar se clasifica como bosque. La zona donde se desarrolla el proyecto sufrió cambio de uso del suelo. Esto infringe la Ley Forestal″, consignó Laura Leandro Zúñiga, funcionaria de Aprovechamiento Forestal de dicha oficina (informe N.° SINAC-ACOPAC-OSRAP-RF-176-2024).
LEA MÁS: Fiscalía descubre construcción de residencial en corredor biológico; Setena habría sido engañada
Presencia en mapa de Fonafifo
Según consta en el expediente donde se tramitó el permiso (N.° D-1-0732-2022-SETENA), Setena sabía que la propiedad de 79 hectáreas aparecía en el mapa de cobertura forestal y boscosa del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) 2000.
Esa categoría implicaba que, de manera preventiva, el Sinac no podía tramitar ni aprobar ninguna corta de árboles, según lo establece un decreto del Minae que data del 2003 y dos resoluciones administrativas posteriores del Sinac.
Vea la finca en los mapas del Sinac y Minae
Tampoco importó que la propiedad apareciera en los mapas de cobertura forestal 2021 y 2023, elaborados por el Sinac y el Minae, cubierta de bosque primario y secundario prácticamente en su totalidad.
Dichas coberturas también aparecen con bosque en el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
En esa misma plataforma, pero en la capa de cauce y drenaje, hecha por el Instituto Geográfico, consta que por esa propiedad cruza la quebrada Salto y otras dos quebradas intermitentes, sin nombre.
Eso implicaba la obligación de delimitar una zona de protección de 50 metros a ambos lados, por tratarse de un terreno quebrado. Sin embargo, eso no se hizo y cuando el Sinac inspeccionó, dos años después, detectó destrucción en un área colindante al este de la finca, en un afluente del río Portalón.
Laura Leandro, del Área de Conservación Pacífico Central, del Sinac, reportó los daños en los alrededores y que la maquinaria “llegó prácticamente hasta las orillas del río, es decir, dentro de un área de protección de una zona hídrica, irrespetando el artículo 33 de la Ley Forestal”.
El propio análisis biológico del desarrollador lo advirtió
La presencia de bosques y de la quebrada Salto también fue señalada por un estudio biológico rápido presentado por el desarrollador a Setena, como requisito para obtener la viabilidad ambiental, en agosto del 2022.
El consultor de apellidos Matarrita Herrera describió la propiedad como un “bosque muy tropical húmedo”, de ambiente frágil.
“Este tipo de composición boscosa se compone de dos tipos de desarrollo: el bosque primario, el cual se localiza en las cercanías de los cuerpos de agua y, por último, el bosque secundario en regeneración; este se localiza en las faldas de las montañas y dispone de diferentes estratos de desarrollo boscoso”, detalló Matarrita.
El consultor reconoció que era necesario tramitar un permiso de “aprovechamiento forestal no comercial”, ante el Área de Conservación Pacífico Central (Acopac), del Sinac, para cortar árboles, una gestión que nunca realizó el desarrollador ni la solicitó Setena.
“Para el desarrollo, se buscará disponer de un plan de manejo para lograr con el ecodiseño y requerir un aprovechamiento forestal no comercial; este plan será tramitado con el Acopac, con la oficina regional correspondiente, que dará un criterio vía resolución para la operación adecuada e inicio del plan. Durante la operación se contemplará el trasplante de árboles para el desarrollo con tal de disponer de un ecodiseño del sitio”, agregó Matarrita en su informe de 16 páginas.
Oficio de la Municipalidad de Quepos
La Municipalidad de Quepos también alertó sobre la necesidad de contar con el visto bueno de la oficina del Sinac. Así lo hizo el 26 de octubre del 2022, cuando emitió la certificación de uso de suelo.
“Al ser la naturaleza de la propiedad un terreno de montaña, en aplicación del principio precautorio in dubio pro natura (en caso de duda, a favor de la naturaleza), los proyectos nuevos deben contar con un visto bueno de la oficina del Sinac-Acopac que delimite el área de bosque”, consignó el arquitecto Alfonso Moreno Navarro, de la Unidad de Planificación Territorial del ayuntamiento.
Ese documento también consta en el expediente de Setena, según verificó La Nación.
Sin inspección de campo previa
Pese a esas alertas, en la resolución en la que se otorgó la viabilidad ambiental del proyecto, se consignó que no se realizó la inspección de campo, aunque existía la posibilidad de hacerlo.
El Departamento de Evaluación Ambiental de la Setena se limitó a continuar el trámite con base en la documentación que tenía. Como única garantía tenía una constancia forestal, de una página, que firmó el ingeniero forestal de apellidos Salazar Blanco, quien también figura como asesor ambiental de la empresa desarrolladora.
Ante los cuestionamientos de la Fiscalía y tras las visitas de campo posteriores, en las que se evidenció que la propiedad estaba colmada de bosques, la Setena ordenó, a finales del año pasado, remitir el caso al Colegio de Ingenieros Agrónomos para que se le abra un proceso interno a Salazar Blanco por emitir una constancia de que no había cobertura boscosa en la finca, cuando la realidad muestra otra cosa.
Desde el jueves 15 de mayo, La Nación envió una serie de consultas a la Setena para que se refiriera a la forma como se tramitó este permiso. No obstante, a la hora de publicar este artículo no había recibido respuesta de la oficina de prensa del Minae.
Alonso Guevara Ramírez, quien aparece como representante de la desarrolladora ante la Setena, manifestó que “todo está en el expediente”, por lo que consideraba innecesario “conversar con un medio publicitario”.
Minae admite daños ambientales
Entre tanto, el Minae, ente rector de Setena, ya admitió que sí hubo daños ambientales en la propiedad donde se desarrollaba el residencial.
Inspecciones técnicas evidenciaron afectaciones significativas en propiedades privadas, con una extensión cercana a las 103 hectáreas y la construcción de más de 30 terrazas.
Se hallaron residuos de especies forestales como botarrama, fruta dorada, pilón, cenízaro y cedro maría, “muchas de ellas utilizadas dentro del sitio sin autorización previa”, precisó el Minae.
Financista de campaña
En junio del 2023, la empresa desarrolladora del residencial, Friends of Portalón, nombró como apoderado a uno de los mayores financistas de la campaña del presidente Rodrigo Chaves.
Se trata de Christian Arce Carranza, quien pagó al Partido Progreso Social Democrático (PPSD) ¢150 millones por bonos valorados en ¢231 millones.
Por su parte, la Fiscalía dio a conocer que se ordenó la paralización de las obras, como medida cautelar, además de que se exigió a la empresa eliminar las obras que se ejecutaban sobre la quebrada Salto y permitir la restitución de las áreas de protección de los cuerpos de agua afectados.
El Ministerio Público indaga los presuntos delitos de cambio de uso de suelo, tala ilegal, aprovechamiento ilegal de recursos forestales, usurpación de aguas, destrucción de vegetación dentro de un área de protección, tala en área de protección, invasión de un área de protección y falsedad ideológica.