EscucharDe las 10.900 casas del Programa de Erradicación de Precarios, impulsado por la administración Rodríguez Echeverría, el 50 por ciento fueron construidas por empresas relacionadas con Cárol Prado Hernández.
Este ingeniero civil, nicaragüense, de 61 años, estuvo vinculado en los años 80 con un movimiento armado que encabezaba el comandante rebelde Edén Pastora en el sur de Nicaragua contra el gobierno sandinista.
A Prado también lo relaciona la Contraloría General de la República con supuestas anomalías con los fondos de compensación durante el gobierno anterior.
Las constructoras relacionadas con Prado son Triángulo del Norte S.A. y Construcciones Modulares S.A. La primera es presidida por José Antonio Prado Monterrey, hijo de Cárol Prado; la segunda por su otro hijo, Jorge Alberto Prado Monterrey.
El ministro de Vivienda, Dónald Monroe, manifestó que las negociaciones para construir con esas empresas siempre las realizan con Prado Hernández a quien consideran el dueño.
Dichas constructoras levantaron 5.578 viviendas en poco más de tres años, por las que recibieron ¢8.537 millones del total.
El 50 por ciento restante de las casas se repartió entre 30 empresas dedicadas a la edificación de casas de interés social.
Así lo revela una investigación de La Nación mediante la cual se consultaron documentos, expedientes y se visitaron obras en diferentes partes del país.
Se intentó conversar con Cárol Prado sobre este asunto desde mediados del mes pasado. Pero, por medio de su vocero, José Pablo Arauz, dijo que prefería las consultas por escrito.
Estas se le hicieron llegar a su oficina, el 25 de setiembre anterior, sin que hasta la fecha las haya contestado.
Además de la concentración que favorece a las empresas de Prado, el estudio comprobó que varios jerarcas del sector vivienda tienen nexos importantes con otras compañías constructoras.
También se encontraron graves fallas en la construcción de las casas, lo que ha llevado a las familias afectadas a poner sus quejas ante la Defensoría de los Habitantes y los municipios.
En otros casos, las viviendas se hicieron sin obtener los permisos de construcción y el visado de planos.
En los últimos 38 meses (de mayo de 1998 a junio del 2001), el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) distribuyó ¢18.000 millones entre las entidades autorizadas del sector: Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), la Fundación para la Vivienda Rural Costa Rica-Canadá y las mutuales de ahorro Alajuela, Cartago y Heredia (ya desaparecida).
Los bonos del BANHVI para cada familia oscilan entre ¢1,8 millones (bono total) hasta ¢2,7 millones (bono especial), cuando se trata de personas que sobreviven en condiciones de emergencia.
En todos los casos son fondos públicos que provienen de la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.
Concentración a la vista
Pese a que en el mercado es posible encontrar cerca de 30 empresas más que compiten por abrirse paso en este sector de la vivienda, las compañías relacionadas con Prado han mantenido su hegemonía.
En total, estas constructoras desarrollaron 25 de 60 proyectos ejecutados por el INVU y las mutuales de Cartago y Alajuela.
Sin mediación de los órganos contralores de fondos públicos, las entidades autorizadas con excepción de la Fundación Costa Rica-Canadá, contrataron el 47,5 por ciento de los recursos con las empresas de los Prado.
Solo el INVU le entregó ¢4.210 millones para 15 proyectos y 3.388 viviendas.
En la mayoría de los casos, las empresas de los Prado recibieron bonos especiales.
Según el viceministro de Vivienda, Hernán Zamora, durante la administración Figueres Olsen, estas empresas construyeron 2.700 casas.
El gerente del BANHVI, Ricardo León, y el ministro del ramo, Dónald Monroe, justificaron la preferencia por las constructoras de Prado pues alegaron que son "las más eficientes".
Pero una investigación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica reveló graves deficiencias en el proceso de construcción del proyecto habitacional Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago.
Este consta de 984 casas a cargo de Construcciones Modulares S.A., administrada por uno de los hijos de Prado.
También se observaron otras supuestas anomalías en otro proyecto en Puntarenas.
Uno de los últimos construidos por Triángulo del Norte es el residencial Jireth, en El Roble de Puntarenas.
La obra, de 574 casas, se inauguró el 11 de agosto pasado, en presencia del presidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez; sin embargo, la mayoría de los beneficiarios aún no lo habitan por problemas en el manejo de las aguas negras.
La empresa con más viviendas construidas después de Triángulo del Norte es la Constructora de Vivienda S.A. (Corvisa) que recibió del BANHVI el 11,56 por ciento de los fondos (¢2.078 millones).
La concentración ocurre también en aquellas viviendas construidas con subsidio en parcelas del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA).
Los fondos para estas obras se canalizan a través de la Fundación para la Vivienda Rural Costa Rica-Canadá.
Aquí la empresa Construcciones de Promoción Social (Coprosa) construyó 444 casas de setiembre del 2000 a julio del 2001, por las cuales el programa de vivienda pagó ¢779 millones.
Ricauter Castro, presidente de Coprosa, manifestó que la escogencia de su empresa se originó en una invitación que les cursó la Fundación.
Sin embargo, el Colegio de Ingenieros había desinscrito a esta empresa, siete meses antes de asumir las obras del IDA, como consecuencia de la falta de pago de las cuotas obligatorias.
Un buen negocio
El riesgo para el constructor es mínimo pues no requiere inversiones significativas.
La Ley del sistema financiero nacional para la vivienda permite adelantos hasta por un 40 por ciento del costo del proyecto para infraestructura y compra de terrenos.
No obstante que las empresas trabajan con fondos públicos, la ley no obliga a las entidades autorizadas a abrir un concurso para seleccionar a la constructora.
El ministro Monroe dijo que dichas entidades escogen libremente a esas empresas con base en un registro de proveedores.
El gerente de la Mutual Alajuela, Óscar Alvarado, manifestó que en la mayoría de los casos la mutual asume el proyecto cuando ya la compañía ha sido al menos recomendada por las autoridades gubernamentales.
