La empresa brasileña que obtuvo a dedo un millonario contrato del Cuerpo de Bomberos para suministrar 40 ambulancias por ¢6.500 millones, Servicios de Gestión en Seguridad Vial S. A. (SGSV), mantiene cuatro contratos millonarios vigentes con instituciones públicas en Costa Rica y está cerca de obtener una más.
En todos los procedimientos, la firma brasileña se alió a otras empresas para suministrar los requerimientos de las instituciones estatales.
Las adjudicaciones se concretaron entre noviembre del 2024 y setiembre del 2026 y una permanece en estudio.
Así consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). SGSV, afincada en Tibás, se promociona en Costa Rica como una compañía experta en el diagnóstico, diseño e implementación de soluciones en movilidad urbana y ciudades digitales.
Sin embargo, los contratos que mantiene con instituciones públicas abarcan áreas más amplias.
De acuerdo con documentos en Sicop revisados por La Nación, en contrataciones públicas, SGSV no compite como una empresa individual, sino que busca conformar consorcios con otras compañías especializadas en las áreas que requieren las instituciones públicas.
Millonario contrato a dedo con Bomberos
El caso más reciente que involucra a esta empresa lo dio a conocer esta semana La Nación. Se trata de una adjudicación que hizo el Cuerpo de Bombero para la compra de 40 ambulancias básicas por $13,8 millones (casi ¢6.500 millones) a un consorcio conformado por SGSV y la empresa brasileña Bem Estar.
Bajo el argumento de que hubo una instrucción de la presidenta de la República, Laura Fernández, Bomberos aplicó un procedimiento especial de contratación que dejó fuera a empresas costarricenses que sí tienen experiencia en el mercado de las ambulancias y que cobraban hasta $2,3 millones menos (¢1.058 millones).
La adjudicación se hizo el 28 de setiembre y consta en el expediente de contratación pública número 2026XE-000002-0012800001.
Este diario también dio a conocer esta semana que un representante y el fiscal de SGSV financiaron la campaña de la presidenta Fernández mediante la compra de bonos del Partido Pueblo Soberano (PPSO).
Se trata de Cristian Rodríguez Villalobos y Hermmoth Rothe Paniagua. Ambos aparecen en correos electrónicos en la contratación de estas ambulancias.
El consorcio tiene entre sus encargados al empresario Igor Oliveira Roquim, quien también representa al Consorcio para el Monitoreo de Personas en Costa Rica, el cual ejecuta desde noviembre del 2024 el contrato para vender tobilleras electrónicas a Justicia.
Reclamo de dinero al Ministerio de Justicia y Paz
La empresa SGSV se alió en 2024 a la Radiográfica Costarricense (Racsa) y la empresa brasileña Synergye, para proveer 1.900 tobilleras diarias, según consta en Sicop. La adjudicación vence en noviembre del 2028.
El cartel se lanzó a concurso en agosto del 2022 y el contrato se adjudicó a SGSV tras una licitación pública internacional en la que participaron otros ocho consorcios.
Aunque inicialmente el contrato establecía un costo por unidad de $5,9, el consorcio ganador solicitó a Justicia una modificación unilateral del contrato en 2023, bajo el argumento de que debía pasar de utilizar tecnología Synergye a otra más avanzada y costosa que ofrece una empresa llamada Buddi.
Tras la aprobación de este cambio, cada dispositivo pasó de costar $5,9 a $7,20.
Sin embargo, el 23 de diciembre del 2025, Oliveira reclamó a Justicia un pago de más de $1,3 millones por lo que consideraba un desequilibrio económico en el contrato y la pérdida de dispositivos.
Por un lado, el consorcio pidió a Justicia $1.040.865 por ingresos que dejó de percibir entre noviembre del 2024 y octubre del 2025 debido a una supuesta menor demanda de dispositivos de la prevista. Además, exigió más de $270.000 por la pérdida de dispositivos.
Ahora, el consorcio solicita modificar el contrato una vez más y aumentar la tarifa que se cobra por cada dispositivo. La primera propuesta elevaría el costo por unidad a $9,52 y la segunda a $12,40.
Hasta la fecha, no consta en Sicop una resolución sobre este caso, que se tramita en el expediente 2022LI-000001-0006900001.
Alianza con empresa mexicana
La empresa SGSV también participó en consorcio en un concurso que lanzó la División Marítimo Portuaria del MOPT a finales del 2025 para alquilar equipo en la Estación de Tráfico Marítimo (VTS) en el Complejo Portuario de Moín.
La empresa ganó el contrato en agosto del 2026, por ¢576.448.821. El acuerdo tiene una vigencia de un año, prorrogable hasta por tres años más.
Esta vez, SGSV se asoció con una empresa mexicana llamada PRODAR, afincada en el estado de Querétaro. Esta segunda compañía se promociona como un proveedor de soluciones tecnológicas en la protección y la seguridad para instalaciones críticas, estratégicas o de seguridad nacional.
Aunque su base está en México, tienen sedes en Panamá, Estados Unidos y Colombia.
El MOPT lanzó esta contratación alegando la necesidad de incrementar la seguridad de la navegación, entre otros argumentos.
En el proceso de licitación mayor compitió contra este consorcio la empresa Náutica JJ Sociedad Anónima, pero de acuerdo con los documentos revisados por este diario, esta compañía incumplió con una serie de requerimientos que la dejaron por fuera de la contienda.
Según aparece en el Sicop, el consorcio solicitó al MOPT declarar confidenciales documentos denominados “Oferta Consorcio SGSVPRODAR”. Sin embargo, en marzo de este año, la proveedora institucional de Transportes, Fressy Corrales, resolvió que la solicitud de confidencialidad era improcedente.
Entre sus argumentos, la funcionaria señaló que la información que consta en la Administración Pública es de acceso público, salvo que esté protegida por el artículo 24 de la Constitución o que se trate de un secreto de Estado.
Este caso se tramitó en el expediente 2025LY-000029-0012400001.
Detección y localización de fugas no visibles
SGSV tiene un cuarto contrato, esta vez con el AyA, por ¢40.941.030.
La entidad pública lanzó a concurso en el expediente 2026XE-000009-0021400001, un contrato para la detección y localización de fugas no visibles, pues según justificó, una parte significativa de las pérdidas físicas de agua potable se origina en fugas no visibles en las redes de distribución.
SGSV tampoco participó sola, sino que lo hizo mediante un consorcio. La alianza se constituyó entre la empresa brasileña y una compañía inglesa llamada ORIGIN TECH LTD, domiciliada en Gateshead, Inglaterra.
Esta última empresa tiene entre sus objetivos reducir el desperdicio de agua a nivel mundial y las emisiones de carbono mediante el desarrollo de tecnologías, ingeniería y productos innovadores y respetuosos con el medio ambiente.
El caso del ICE
También se avecina una nueva contratación que involucra a esta compañía brasileña, en este nuevo caso, con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Según publicó este diario, el ICE le otorgaría a SGSV un contrato mediante un procedimiento excepcional para adquirir equipos de la marca china Huawei, la cual ha sido abiertamente cuestionada por el gobierno costarricense.
SGSV también participa en este concurso en consorcio con una firma llamada Productive Business Solutions S. A. Ambas son proveedoras de Huawei en el país.
Se trata de una contratación por demanda que solo en el primer año ascendería a $7,45 millones. En caso de que gane la adjudicación, el consorcio adquiriría las terminales que instalará en casas y oficinas de sus clientes para migrar los servicios de telecomunicaciones hacia fibra óptica.
No obstante, la Auditoría del ICE investiga por qué se aplicó un procedimiento excepcional y pidió cuentas sobre la razonabilidad del precio.