El exdirector de la Policía de Tránsito, Ignacio Sánchez Cantillano, aseveró que hay tráficos corruptos, lo que impide velar eficientemente por la seguridad en las carreteras.
Al dejar el puesto tras dos años de labor, Sánchez añadió que la Asamblea Legislativa es responsable de que muchos choferes imprudentes continúen bajo el amparo de una Ley excesivamente permisiva.
Sánchez asumió la dirección de Tránsito el 1.° de noviembre del 2002 y dejó el cargo el pasado miércoles, luego que la Contraloría General de la República objetara su doble jefatura, pues además es director del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).
Ese último cargo lo dejará el 24 de diciembre. Este es un extracto de la entrevista:
–¿Por qué cuesta tanto ver un policía de Tránsito en las zonas urbanas?
–La cantidad de policías que tiene este país no es representativa de la flota vehicular ni de las necesidades que existen. El personal efectivo de la Policía ronda entre los 450 y 500.
–¿Cómo era la Policía de Tránsito cuando usted entró?
–Era una Policía desmotivada, encauzada a ser represiva. La corrupción era evidente. Había calles y avenidas que tenían precio. Siento que la corrupción campeaba y no había un norte. Bajar muertos no era una prioridad.
–Sin embargo, los directores anteriores también tenían en su discurso el asunto de las muertes…
–En su discurso sí, pero no en la práctica. Implicaba (el proceso) cambios en la legislación, recursos, imagen, convertir la seguridad vial en un tema de trascendencia en la opinión pública y mejorar la parte operativa.
“Desde el Cosevi promovimos un proyecto de ley, del cual se extrajo lo del cinturón de seguridad (el uso obligatorio) como la medida más importante, pero en el que se incluyen cosas que mejorarían la seguridad vial, como el aumento en las multas y que estas no prescriban”.
–Pero no se logró…
–No se logró porque son temas que en la Asamblea han resultado sumamente polémicos.
“Por otro lado, negociamos superávits y redistribuimos los recursos para dotar a la Policía de herramientas. Luego pasamos de una Policía represiva a una policía preventiva.
“También hicimos operativos de alcohol, tomando en cuenta que uno de cada dos accidentes involucraba alcohol y ahora es uno de cuatro. Había que llenar un vacío de autoridad”.
Autoridad policial
–¿Usted siente que la Policía antes no tenía una presencia de autoridad?
–Yo siento, por ejemplo, que antes uno podía pensar que si tomaba tragos lo más probable es que no me pararan.
–¿Por qué cree que la gente todavía siente que aunque no ponga la direccional nada le va a pasar?
–La Policía no tiene todavía la capacidad real de generar un verdadero poder de inhibición, excepto en aspectos muy específicos como el alcohol. La seguridad vial tiene tres componentes: el conductor, la infraestructura y el vehículo utilizado.
“En el conductor es donde más fallamos, porque no hay proceso adecuado de filtración de quien llega a ser conductor, pero más grave aún es que no tenemos capacidad real de que el mal conductor sea removido de las calles.
“En este momento el mayor porcentaje de muertes tiene que ver con atropellos, motocicletas contra vehículos y gente que se sale de la vía, que son cosas en donde es muy poco lo que podemos hacer”.
–Pero, si hubiera más presencia de los inspectores...
–Si yo tuviese 1.500 policías este país sería otro. La principal causa de muertes violentas son los accidentes de tránsito.
“¿Cómo es que no le asignamos una prioridad importante, cómo pretendemos manejar eso con 450 policías para todo el país? Es imposible”.
Diputados culpables
–¿Quién es el responsable de que el país no tenga esos recursos?
–La responsable de que no haya una legislación severa es la Asamblea, porque sí hay un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. Tenemos las mismas multas desde 1993, una multa de ¢20.000 no frena a nadie. ¿Qué dicen los diputados?
“¡No podemos aumentar las multas porque aumentaría la corrupción! Eso es una falacia. Si bien aumentaría la corrupción en un momento y en un grupo determinado no representativo de oficiales, también mucha gente no se expondría a toparse un policía honesto que le haga una multa de ¢150.000 por andar ebrio.
–¿Ha sido prioridad del Poder Ejecutivo?
–Yo no puedo imponer la agenda del Poder Ejecutivo. Como Cosevi sí ha sido y ha habido diputados que nos han apoyado como Édgar Mohs (ya retirado), Lilliana Salas y Carlos Avendaño.
“Pero muchos diputados a mí me han dicho que les preocupa que se van a ir a tomar un trago y les va a costar un montón de plata si los detienen”.
–¿Quiénes?
–No lo puedo decir, pero a mí me ha decepcionado la conducta de la mayor parte de los diputados.
–¿Qué garantía hubiera podido dar de que aprobado ese proyecto se iba a eliminar la corrupción?
–Yo creo que ha disminuido, hemos tomado medidas para disminuir las posibilidades, como obligar a los policías a estar con conos en lugares visibles pero, por otro lado, no existe un departamento real con capacidad de despedir oficiales corruptos.
–¿Eso es asunto de legislación o de procedimiento?
–De los dos. El Estatuto Policial sobre el cual están amparados los policías de Tránsito se parece mucho al del Servicio Civil, con lo cual es prácticamente imposible.
–Entonces ¿cuál es la verdadera situación de la Policía de Tránsito?
–Hay un porcentaje significativo de policías que no tienen vocación para ello, fueron escogidos políticamente años atrás, han sufrido un desgaste y están desmotivados.
“Esos policías en muchos casos son corruptos de dos formas: unos porque no trabajan y otros porque piden dinero de diversas formas. Esos policías corruptos están protegidos por el sistema, son prácticamente intocables.
“Yo tengo delegados de tránsito que son corruptos, jefes de toda una región que por ley tienen esa categoría hasta que se pensionen y no los puedo bajar de ahí; lo único que puedo hacer es trasladarlos, con lo cual únicamente traslado un problema y a los buenos policías no los puedo poner de delegados”.
–¿Y quién es el responsable de hacer el cambio?
–Ese cambio tendría que ser legislativo en el Estatuto Policial. Yo creo que el problema más grave de la Policía es la corrupción, claramente, pero el problema más grave es la legislación que es excesivamente permisiva y no inhibe a los conductores de tener conductas irresponsables.