José Pablo Fonseca, un docente de Matemáticas, fue separado de su cargo después de que una madre presentara una denuncia que él considera falsa. Fue acusado de violencia psicológica contra un alumno a quien impartía clases a distancia en el 2022.
Aquella vez, la fe mantuvo firme a este docente. No obstante, cuenta que otros colegas que también fueron denunciados ante el Ministerio de Educación Pública (MEP) se incapacitaron e incluso dos compañeras dejaron el puesto luego del complejo proceso. Ninguno fue sancionado.
Ser separados de sus cargos, quedar expuestos ante la comunidad educativa y la sociedad, y tener que vivir un proceso desgastante para probar su inocencia son parte de los temores que sienten miles de docentes costarricenses ante posibles denuncias falsas.
Así lo evidenció el Estudio sobre las Condiciones y Desafíos de los Docentes y del Magisterio Nacional, presentado en forma reciente por el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro).
Los datos son contundentes: un 91% de las 9.398 personas que participaron en esa investigación afirmaron experimentar temor, en mayor o menor grado, a ser objeto de una denuncia falsa. Es decir, 9 de cada 10 educadores viven en esta situación.
De los consultados, un 50% admitió sentir temor frecuentemente y un 41% señaló que lo experimenta de manera ocasional. Solo un 9% aseguró no vivir nunca ese sentimiento.
Para César Toruño, presidente de Colypro, estas elevadas cifras tienen sentido debido a la zozobra constante que experimentan los docentes.
Sostuvo que además de la carga laboral y la brecha salarial, los profesionales en Educación sufren amenazas por parte de estudiantes, padres y madres.
“Un docente siente el temor de que si es muy rígido con la calificación, podrían inventarle denuncias falsas”, aseveró Toruño.
Ley afecta a docentes, afirma presidente de Colypro
El presidente de Colypro sostuvo que los docentes son culpables per se ante la legislación que regula los temas de violencia en las aulas y que eso ha estimulado la presentación de denuncias.
Su crítica va dirigida contra la Ley 9999 para Prevenir la Revictimización y Garantizar los Derechos de las Personas Menores de Edad en el Sistema Educativo Costarricense.
“Por ejemplo, un estudiante denuncia al profesor ‘Juan’ porque dice que el profesor lo tocó (de manera indebida) o que lo golpeó. Solo por la denuncia, inmediatamente el protocolo implica que al docente se le saca del centro educativo.
“El protocolo que tiene el MEP no es investigar primero y después sancionar. No, el protocolo es ante la denuncia, inmediatamente el docente sale del centro educativo”, afirmó Toruño, quien manifestó que el educador sufre un impacto muy grande porque “queda manchado socialmente”.
Indicó que aunque el denunciado tiene derecho a defenderse, puede hacerlo hasta después de las medidas iniciales y que eso aumenta la preocupación de ser víctima de una denuncia falsa.
Al respecto, el ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, aseguró que la Ley 9999 ya no es la misma “que generó temor en el magisterio cuando se aprobó en 2021”.
Sostuvo que esa norma fue reformada en el 2023, precisamente con el fin de corregir los excesos que afectaban a los docentes.
No obstante, Toruño aseguró que la ley reformada continúa perjudicando.
El profesor José Pablo Fonseca señaló que en el Liceo Fernando Volio Jiménez, en Pérez Zeledón, la Ley 9999 “se inauguró″ cuando él fue denunciado junto a otros compañeros.
Relató que en la institución había un alumno de noveno año que no lograba avanzar con la materia, por lo que él le recomendó a la madre, quien también es educadora, que solicitara una adecuación significativa para el joven.
Comentó que el estudiante ganó Matemáticas en sétimo y octavo año con una calificación de 100, lo cual él atribuyó a que los profesores de esos niveles no quisieron complicarse.
Los resultados del joven en otras materias motivaron a la madre a presentar una denuncia ante el MEP contra Fonseca y otros docentes. Lo anterior provocó que ellos fueran reubicados de inmediato mientras eran investigados.
Indicó que, al final, la madre del estudiante retiró la denuncia. Sin embargo, reconoció el temor que existe entre sus colegas a vivir una situación familiar.
“Yo soy padre de familia y también hay docentes que hacen muchas injusticias con los estudiantes", aseveró el docente. No obstante, manifestó que en muchas ocasiones los docentes están “desprotegidos ante la ley”.
El ministro Sánchez insistió en que la legislación actual “es distinta”.
“Ya no existe la reubicación automática; solo procede si Recursos Humanos lo considera necesario con base en criterios técnicos.
“Se eliminó el artículo que convertía la declaración única en plena prueba (...). Se incorporaron excepciones que protegen al personal que trabaja con estudiantes con discapacidad”, aseveró el jerarca.
Aun así, el 98% de los educadores que participaron en el estudio del Colypro consideran necesaria una ley que refuerce la autoridad del docente como mecanismo para mejorar la convivencia escolar.
De hecho, César Toruño comentó que el Colegio presentará una propuesta de proyecto de ley para la protección de la integridad física y emocional del personal docente y administrativo.
Docentes denuncian agresiones
Aunque el temor a denuncias falsas es mayor, el estudio también revela que un 45% de los entrevistados dicen haber sufrido agresiones físicas y emocionales por parte de alumnos o sus familiares en los últimos doce meses.
“Un grupo de padres y estudiantes ha caído en violencia verbal contra los docentes. Hay amenazas y gritos, sobre todo cuando hay sanciones por conducta o cuando un estudiante pierde el año”, comentó Toruño.
Sostuvo que en los últimos tres años, los ataques que antes eran aislados, se han intensificado. Agregó que, actualmente, hay mamás o papás que se organizan por WhatsApp y redes sociales para exponer a docentes y acusarlos por un supuesto delito o falta.
“Instigan a otros padres. Esto está pasando así”, lamentó el presidente de Colypro.
El ministro de Educación confirmó que tienen conocimiento sobre situaciones de este tipo en las que incluso se difunden imágenes y mensajes de docentes sin su consentimiento.
Afirmó que, en casos graves, el MEP coordina con las autoridades para frenar ataques que afecten la dignidad, la honorabilidad o el ejercicio profesional del personal docente.
Para Gilda Montero, presidenta de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), lo expuesto en el estudio de Colypro revela las situaciones de “alta violencia, narrativas de odio y oposición ante la autoridad” que viven los docentes costarricenses.
Montero comentó que cuando los educadores hacen llamados de atención al estudiantado, hay reacciones violentas.
“Los docentes, por temor a que se abran procesos en su contra y que sean elevados a dependencias ministeriales, prefieren reaccionar de manera pasiva”, aseveró.
Según la jerarca de ANDE, los educadores sufren agresiones que no denuncian por miedo a la reacción de los estudiantes, de las familias o porque incluso, dependiendo del lugar donde trabajan, reciben amenazas exteriores hasta de pandillas.
¿Situación podría mejorar?
La representante de ANDE consideró que la situación podría mejorar con la actualización del Reglamento de la Evaluación de los Aprendizajes y la Conducta (REAC, antes REA) del MEP.
Dicha reforma se encuentra bajo estudio en el Consejo Superior de Educación (CSE) y traería cambios en temas como rebajos de puntos en la nota de conducta.
El ministro de Educación afirmó que el nuevo reglamento sería uno de los componentes de una reforma estructural del marco de protección del personal docente y administrativo.
Según el jerarca, el REAC define faltas con claridad, establece medidas proporcionales y elimina vacíos que antes dejaban al personal docente expuesto en temas de convivencia y disciplina.
Detalló que cuando se apruebe el reglamento existirá una tipificación explícita de las distintas formas de violencia. Además, indicó que se eliminará un vacío sobre el uso de dispositivos tecnológicos para atacar o exponer a docentes.
“Antes no existía una regulación clara sobre el uso de celulares para grabar, manipular o difundir imágenes con el fin de intimidar o dañar a un docente”, ejemplificó.