EscucharSofía Ramírez González, viceministra administrativa del Ministerio de Educación Pública (MEP), figura como imputada en causa judicial por el delito de sobreprecio irregular, confirmó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Los hechos por los que se le investiga a Ramírez y a nueve personas más, habrían ocurrido cuando la actual viceministra fungía como funcionaria del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). En la institución, trabajó como gerente general.
El artículo 49 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, castiga con prisión de 3 a 10 años de prisión a quien incurra en el delito de sobreprecio irregular.
Según la normativa, este ocurre cuando “por el pago de precios superiores o inferiores - según el caso- al valor real o corriente y según la calidad o especialidad del servicio o producto, alguien obtenga una ventaja o un beneficio de cualquier índole para sí o para un tercero en la adquisición, enajenación, la concesión, o el gravamen de bienes, obras o servicios en los que estén interesados el Estado, los demás entes y las empresas públicas, las municipalidades y los sujetos de derecho privado que administren, exploten o custodien, fondos o bienes públicos por cualquier título o modalidad de gestión”.
De acuerdo la denuncia presentada por la Auditoría del INA el pasado 5 de junio, las acciones en las que habrían incurrido los implicados permitieron un “beneficio patrimonial antijurídico” para una empresa proveedora servicios de mantenimiento y desarrollo de sistemas de información por $1,2 millones, lo que lesionó el patrimonio del Instituto.
Los implicados, añade el escrito presentado, habrían autorizado el pago de facturas de “forma improcedente”, sin apegarse a una de las cláusulas del contrato. Los desembolsos ascendieron a $3,7 millones, cuando lo correcto, según la Auditoría, debió ser $2,5 millones.
“Evidenciando que las personas funcionarias de cita tenían la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de la cláusula novena del contrato en mención “Forma de pago”; y el deber de que los pagos se realizaran en apego a dicha cláusula“, dice el documento.
La Nación consultó a la oficina de comunicación del INA que confirmó la emisión del informe de Auditoría con los datos que habrían revelado las supuestas irregularidades, sin embargo, comunicaron que tenía carácter confidencial al estar relacionado con hechos que podrían originar sanciones administrativas.
Por su parte, la oficina de prensa del MEP comunicó que como el caso está judicializado, la viceministra Sofía Ramírez no se referiría al proceso.
“La Procuraduría de la Ética ya realizó una investigación por estos mismos hechos y llegó a la conclusión de que no había irregularidad alguna en la actuación. En relación con cualquier proceso que tenga lugar a lo interno del INA, por favor dirigir la consulta a esa institución”, agregó en su respuesta el MEP.
Ramírez trabaja como viceministra de Educación desde agosto del 2022.
Según la Fiscalía, las 10 personas investigadas dentro de la causa 24-000209-1218-PE son de apellidos Castillo, Chaves, Córdoba, Hernández S., Hernández I, Ramírez, Rojas, Salinas, Vargas y Abarca.
