“Dadas las austeras medidas del Gobierno para prevenir una crisis fiscal que también afectan el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y por ende el presupuesto de la UCR, comunicamos que la Administración se ha planteado desde ya estrategias de contención del gasto para evitar un descalabro más profundo ante la estrechez de recursos”, se lee en el oficio R-5254-2018 que el rector del UCR, Henning Jensen envió al Consejo Universitario. En esa carta le anunció las 21 medidas que implementó.

Jensen explicó que prevé que con estos ajustes se ahorren ¢2.000 millones anuales , pero que puede ser más porque hay costos que aún no se pueden cuantificar.

Entre los pluses que se verán restringidos está el de dedicación exclusiva, el cual paga un sobresueldo del 30% sobre el salario base. Actualmente, el reglamento que regula este plus indica que el sobresueldo lo recibirán los funcionarios con el grado académico mínimo de licenciatura y, excepcionalmente, los docentes bachilleres, interinos o no, y a personal administrativo que ocupe puestos profesionales, que también sean bachilleres.

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“Con la propuesta se elimina la posibilidad de excepción, o sea no se otorgará dedicación exclusiva a bachilleres o a profesores sin título. A veces, para cursos introductorios, hay que contratar personal académico cuyo título está en proceso, pero que no han terminado sus carreras. Pero ahora solo se paga de licenciado en adelante”, explicó el rector.

Además, se bajó el porcentaje por mérito académico. Por ejemplo, a los funcionarios que obtenían un doctorado se les pagaba un 30% del salario base, ahora se pagará un 20%. En el caso de los que obtenían una maestría se les pagaba un 25%, ahora se pagará un 15% Este plus se otorgará siempre y cuando las titulaciones respondan a la función que realizan.

Antes este plus se le pagaba a los funcionarios que obtuvieran un título de bachiller o licenciado universitario (10% y 20%, respectivamente). Ya ahora en estos niveles no se les pagará el plus de mérito académico.

“Otra medida es que no se suplirá a las personas que se incapacitan a menos que sea estrictamente necesario para el buen funcionamiento de la oficina correspondiente”, manifestó el rector.

Dentro del plan de contención del caso, la UCR comenzará a cobrarle los servicios como electricidad, combustible, y agua a órganos internos que venden servicios a externos.

Por ejemplo, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), de la UCR, vende servicios para evaluar la calidad del asfalto que usa una constructora y por eso cobra. Sin embargo, no reintegra a la Universidad los costos en los que esta incurrió para realizar esos trabajos como el caso de los servicios públicos. Ahora la UCR los cobrará.

También, para lo que queda del 2018 el rector recortó en un 20% el gasto del presupuesto destinado para el pago de horas extra y el de capacitación; pidió disminuir el consumo de combustible en un 30% haciendo un uso “racional” de las giras y cobrando el combustible utilizado en los proyectos de vínculo externo.

“En conjunto con la Unidad de Gestión Ambiental y la Escuela de Ingeniería Eléctrica se promoverá una campaña de sensibilización de ahorro de energía eléctrica; así como la realización de auditorías de consumo que permitan implementar buenas prácticas en esta materia”, se indica en el oficio R-5254-2018.

El ajuste también incluye que la partida de información institucional del 2018 se va a subejecutar en un 30% y se pidió negociar los nuevos contratos de arrendamientos, y los que están por vencer, en colones no en dólares. Para el 2019 y 2020 los nuevos vehículos que se adquieran deberán ser híbridos o eléctricos.

Las acciones tocan algunos de los incentivos que se le cuestionan a esa y otras universidades públicas, donde estos consumen más que los salarios base. Precisamente, el mérito académico, la anualidad, los escalafones y los pasos académicos están entre los que más pesaban.

Sobre estas medidas, Rosemary Gómez, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la UCR (Sindéu) expresó que no se iba a referir porque aún no las han analizado. Por el momento, explicó, están concentrados en la manifestaciones contra la reforma fiscal.

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Previsión ante crisis

¿Por qué el rector está tomando esas medidas? Jensen explicó que, con la crisis fiscal, él no quiere que se vean afectadas las actividades sustantivas de la universidad como son la docencia, la investigación y la acción social.

“Quiero evitar una situación crítica en la Universidad. Desde hace cinco años vengo haciendo análisis prospectivos y de estudios actuariales sobre la situación presupuestaria de la Universidad y todas las medidas que vengo tomando desde hace cinco años es para evitar una situación crítica y ahora la crisis está tocando las puertas y nosotros no podemos ignorar. Si nosotros desde hace cinco años no estuviéramos tomando medidas, en este momento, estaríamos reduciendo el personal”,dijo el rector.

En abril del 2017, el Consejo Universitario de la UCR resolvió derogar el acuerdo del 2009, que fijaba en 5,5% el porcentaje por concepto de anualidad que se paga a los 9.500 funcionarios de esa institución. Ahora se paga 3,75% en este plus.

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Además, actualmente se estudia una propuesta de “reforma integral” de las Regulaciones del Régimen Salarial Académico de la Universidad de Costa Rica (UCR), hecha por la Comisión de Docencia y Posgrado y analizada en la sesión del 16 de agosto pasado del Consejo.

Esta propuesta incluye eliminar el millonario incentivo llamado “escalafón” que se otorga a cerca de 5.000 docentes que forman parte del Régimen Académico y Servicio Docente, según su categoría (interinos, instructores, adjunto, asociado y catedrático). Este plus significa una erogación anual de cerca a los ¢4.300 millones.

Las acciones se dan en la casa de enseñanza pública que recibe más del FEES, el 57,79%. Para este año, el Fondo quedó en ¢511.154 millones; en el 2018 fue de ¢496.279 millones.

Entre tanto, a la Universidad Nacional le corresponde el 23,40%; el Instituto Tecnológico de Costa Rica, 11,3% y la Universidad Estatal a Distancia (UNED), un 7,51%.

Además de ser la que más dinero recibe, es la que universidad pública con menor crecimiento en matrícula en los últimos 10 años. Del 2007 al 2017, el incremento de la matrícula en la UCR ha sido del 21% (de 33.928 estudiantes a 41.118) pero su presupuesto total ha crecido en un 116%.

Así se desprende de información de presupuestos de la Contraloría General de la República (CGR) y matrícula del Consejo Nacional de Rectores (Conare).

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Otros recortes

Las acciones en la Universidad también contemplan eliminar en un 100% las sustituciones de cargos de dirección y decanatos; "esto representa un ahorro de ¢342 millones al año.

“Por ejemplo, un decano se va quince días a hacer un curso fuera del país el vicedecano asume la decanatura durante esos quince días; esto se les pagaba, pero ya no se lo vamos a pagar a nadie. Además, nosotros normalmente reconocemos la carga académica a las personas que dedican parte de su tiempo laboral a ciertas comisiones especiales, ahora no lo vamos a reconocer. Vamos a reconocer las cargas académicas estrictamente relacionadas con el quehacer sustantivo de la universidad ”, dijo Jensen.

En la UCR también se reducirá en un 50% el otorgamiento de licencias sabáticas lo cual supondrá un ahorro de ¢450 millones anuales.

Este “derecho que puede adquirir un profesor para ausentarse de sus labores a fin de realizar, dentro o fuera del país, una actividad en beneficio de su propia superación intelectual o profesional, por un período de seis meses consecutivos, con pleno goce de remuneración y de sus otros derechos y durante un plazo no mayor de un año”. En el 2015, 10 profesores se acogieron a la “licencia sabática” y en el 2016, fueron 20.