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A puerta cerrada y sin que quede registro, representantes sindicales y autoridades del MEP se reúnen al menos dos veces por mes para negociar desde sobresueldos y mejoras laborales de los docentes hasta las condiciones para finalizar huelgas en el Magisterio.
Por consenso de los integrantes de la llamada Junta Paritaria (ANDE-SEC-SITRACOME y Ministerio) de esas reuniones no quedan actas ni grabaciones.
Solo es posible conocer algunos acuerdos alcanzados, pues tampoco existe un sitio web de acceso público que reúna esa información así como las condiciones de la negociación.
La misma situación ocurre con las reuniones entre las autoridades del Ministerio de Educación y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) que no forma parte de la Junta Paritaria. Tampoco hay registro alguno de las conversaciones o negociaciones.
Desde julio, La Nación solicitó las actas de la Junta Paritaria, ´por constituir información pública. En agosto, funcionarios del despacho de la ministra Guiselle Cruz, informaron a este medio de que requerirían 15 días más para la entrega de los documentos, sin dar razones.
Para entonces, estaban superados los diez días hábiles, establecidos en el artículo 6 de la Ley de Regulación del Derecho de Petición
Luego de múltiples preguntas sobre los datos pendientes, el 26 de setiembre Pablo Zuñiga, asesor del la jerarca y uno de los representantes patronales en la Junta, envió un documento que contenía dos acuerdos y la convención colectiva vigente.
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“Sobre otros acuerdos o actas sobre asuntos puntuales, dado que las agendas de la Junta Paritaria de Relaciones Laborales tratan de asuntos puntuales y de la más variada naturaleza y muchas de ellas datan de hasta hace siete años, nos ponemos a disposición para que nos indiquen puntualmente sobre qué otros temas tienen interés y con gusto localizaremos el documento particular en que se trate", respondió Zúñiga en el mensaje.
Al día siguiente, tras insistir por la entrega de las actas –no de los acuerdos– enviaron una circular que el mismo Zúñiga dirigió a Gilberth Díaz, presidente del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC) y coordinador de la Junta Paritaria. En esta, pedía entregar a La Nación lo requerido, por tratarse de “documentos públicos”.
“Dicho medio de prensa insiste en que se le suministren copias de todas las actas del 2018 y 2019; este despacho estima que tratándose de documentos públicos, debe facilitárseles a la brevedad posible, estando los mismos en custodia de la Junta, con instrucciones de la señora ministra (Guiselle Cruz), traslado la solicitud para que sea conocida en la próxima sesión”.
No obstante, ante nuevos cuestionamientos planteados por este medio, la oficina de prensa del Ministerio de Educación Pública (MEP) dijo que, en realidad, no existen las actas “porque las actas son solamente de acuerdos”. Así lo manifestaron pasados dos meses desde la primera petición.
“La Junta Paritaria es un órgano cuya competencias están establecidas en el artículo 9 de la convención colectiva; es un órgano de diálogo social con acuerdos. Por consenso, las actas son solamente de acuerdos y por ser un órgano bipartita, cada semestre se turna la presidencia y la secretaría. Las partes son quienes conservan las actas, pues se suscriben por duplicado. No hay oficina ni aparato burocrático, es simplemente un órgano de prevención y solución de conflictos”, explicó la oficina de prensa del MEP.
Los sindicatos que integran la Junta Paritaria se reúnen con el MEP al menos dos veces al mes, pero pueden solicitar reuniones extraordinarias, juntos o por separado.
El primer encuentro con la actual jerarca se dio el 10 de julio, apenas un día después de que ella fuera confirmada en el cargo, luego de la salida de Edgar Mora, el 1.° de julio.
La APSE puede solicitar también citas al MEP y, de hecho, el 9 de julio, este sindicato se reunió con autoridades del Ministerio y calendarizaron otras nueve citas más para lo que queda del año.
Las vías del diálogo con la APSE habían sido cerradas por orden del anterior ministro, debido a la huelga intermitente convocada por esa organización el 6 de junio y a pesar de que el año pasado cesaron labores por tres meses, junto con la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) y el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC).
¿Qué temas se negocian entre el MEP y los sindicatos?
Según el MEP, la Junta Paritaria de Relaciones Laborales es una instancia “permanente de diálogo y coordinación para el mejoramiento de las relaciones laborales institucionales”, así como para la negociación de la convención colectiva y la vigilancia del cumplimiento.
Los acuerdos que resultan de esas negociaciones son adoptadas de común acuerdo entre las partes; algunas veces estos se dan a conocer en redes por los integrantes de la Junta.
Entre los integrantes de la Junta por la parte laboral están Yaxinia Diaz, directora de Recursos Humanos; Pablo Zúñiga, asesor de la ministra; Steven González, viceministro administrativo; Reynaldo Ruiz, director de Planificación Intitucional y Gerardo Azofeifa, oficial mayor del MEP.
Por la parte sindical, participan Gilbert Díaz, del SEC; Gilberto Cascante, presidente de la ANDE, y Rosario Ruíz del el Sindicato de Trabajadoras de Comedores Escolares y Afines (Sitracome)
Durante el 2018 y este año, algunos de los temas que trató la Junta son las anualidades, los proyectos de ley que regulan las huelgas, las sanciones a directores por sumarse a la protesta, los derechos laborales de las servidoras de comedores y la evaluación del desempeño docente, según publicaciones sindicales en redes sociales.
El MEP convocó a reuniones extraordinarias a la Junta para conversar sobre los llamados a huelga y la necesidad de poner fin a las manifestaciones.
La ANDE también ha tenido reuniones particulares con autoridades del ministerio para plantear, por ejemplo, su reclamo contra la exigencia para docentes de preescolar de tener un alto nivel de inglés, establecido por directriz del anterior ministro.
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Este sindicato pidió al Ministerio que si el docente tiene una especialidad en Inglés se le debe pagar un recargo o incentivo.
En el caso de la APSE, se acordó agendar para los últimos seis meses del año negociaciones sobre el pago de lecciones de planeamiento, recargos y aumento de lecciones interinas del curso lectivo 2019.
Además, según la publicación, conversaron sobre el procedimiento para el reconocimiento de carrera profesional antes de la Ley 9635 (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas); sobre las vacaciones para el personal, bilingüismo en preescolar y el pago para docentes que laboren en zonas de menor desarrollo.
Este sindicato también agendó tratar la implementación de la Ley N° 9635, la evaluación del desempeño docente a la luz de los dispuesto en en esa normativa y sobre las pruebas FARO (Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades).
