Escuchar
La Sala IV rechazó por el fondo un recurso de amparo interpuesto por la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) contra el recorte del incentivo que se paga a los docentes por laborar en distritos de menor nivel de desarrollo.
Se trata del plus del denominado Zona de Menor Desarrollo (ZMD), cuya pago fue suprimido este año por el Ministerio de Educación Pública (MEP) con base en dos razones.
Por una parte, porque no se necesita pagar este sobresueldo ya que las clases presenciales se suspendieron y los funcionarios laboran desde sus casas; por otra, por la baja en ingresos tributarios que obliga al Estado a reducir gastos.
No obstante, independientemente de las justificaciones del MEP, la Sala IV rechazó el recurso por considerar que el reclamo del sindicato no es resorte de esa sede constitucional.
“El agravio por el impago de componentes salariales, como el incentivo de índice de desarrollo social o zona de menor desarrollo social o zona de menor desarrollo, escapan de la competencia de este Tribunal Constitucional, el cual está llamado a enmendar groseras violaciones a derechos fundamentales.
“En este sentido, se ha dispuesto jurisprudencialmente que ‘no existe mérito alguno para conocer el referido reclamo esta sede especializada, en el tanto el pago de pluses salariales, es un asunto que debe dilucidarse en las vías de legalidad, ya que no afecta el contenido esencial del derecho al salario, desde la perspectiva constitucional (artículo 57 de la Constitución Política)‘”, indicaron los magistrados.
Por este plus, el MEP paga cerca de ¢22.000 millones anuales. En promedio, 30.000 servidores reciben ¢500.000 al año.
LEA MÁS: Gobierno recorta pago de millonario incentivo docente que no se está necesitando por la pandemia
La APSE alegó que se suprimió el pago del incentivo "de forma unilateral, ilegítima y arbitraria".
“Asegura (la APSE) que en virtud de su naturaleza contractual y convencional, la Administración no podía desligarse del cumplimiento del acuerdo del pago del incentivo aludido y, por ende, no podía en forma inconsulta decidir unilateralmente la supresión de este pago, todo lo cual violenta normas y principios de la OIT(Organización Internacional del Trabajo). Agrega que violenta el derecho al salario y derechos adquiridos”, se lee en la resolución Nº 2020013619 del 17 de julio.
No obstante, la queja tendría que conocerse en tribunales que atiendan otra materia, no la constitucional.
“En virtud de los antecedentes jurisprudenciales citados, se impone rechazar este amparo por tratarse el agravio esgrimido de un asunto de mera legalidad. En consecuencia, si la parte recurrente a bien lo tiene, puede plantear sus alegatos ante la vía de legalidad ordinaria”, concluye la Sala.
