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La rectora de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit), Silvia Castro, redactó un proyecto de ley en el cual pide que las universidades privadas reciban 0,5% del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
A la fecha, ese fondo público representa unos ¢410.500 millones y se reparte entre la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
Con su propuesta, la rectora Castro pretende que la educación superior privada reciba más de ¢2.000 millones anuales, provenientes del Estado.
“El 0,5% del FEES es una migaja. Que nos dejen demostrar que podemos hacer un buen uso de esos recursos. Serían fondos concursables. No es un cheque en blanco, como sí lo es para las universidades estatales”, comentó la rectora Castro.
El proyecto de ley de Castro es una contrapropuesta al que presentó la ministra de Educación, Sonia Marta Mora, para reformar el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup).
La jerarca de Ulacit se opone a que se regulen las tarifas de trámites administrativos de las universidades privadas, tal y como lo propone el texto impulsado por la ministra Mora.
“Estoy absolutamente en contra de la regulación de esas tarifas, porque es el mecanismo número uno para disuadir la inversión en este sector. La educación superior privada es baratísima. Por el desfinanciamiento de las universidades privadas es que estamos viendo problemas de calidad”, manifestó Castro.
En Costa Rica, hay 53 universidades privadas que gradúan, por año, a unos 28.000 profesionales.
‘Comunismo’. Castro descalificó la iniciativa de ley del Ministerio de Educación Pública (MEP) y afirmó que buscará apoyo en el sector privado y con diputados para impulsar su texto en la corriente legislativa.
“El proyecto de ley del MEP raya no con el socialismo, sino con el comunismo. ¿Qué es eso que van a revisar los costos de las universidades privadas? La idea del MEP es mantener al sector deprimido”, añadió Castro.
La titular de Educación, Sonia Marta Mora, afirmó que el proyecto del Gobierno tomó en cuenta la opinión de diversos sectores y asegura contar con viabilidad política en el Congreso.
“Los dos proyectos sí tienen enfoques diferentes y el proyecto del Gobierno tiene equilibrio y viabilidad política. En el texto de la rectora Castro, hay muchos apartados que en realidad son más bien cambios administrativos, para los que no se requiere una autorización legal”, señaló la jerarca de Educación.
El director ejecutivo de la Unidad de Rectores de las Universidades Privadas de Costa Rica (Unire), Albán Bonilla, dijo que aún no existe una posición oficial de ese órgano sobre el proyecto de ley que redactó Castro.
“Todavía no tenemos una posición. Una comisión interna rendirá un informe a la Asamblea de Unire”, comentó Bonilla.
Las iniciativas de ley coinciden en la necesidad de corregir las fallas operativas del Conesup y el incumplimiento de estándares mínimos de calidad de algunas universidades privadas. Para ello proponen normas de acreditación y supervisión sobre los currículos que se imparten.
