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Con la nueva jornada de protestas que anunciaron los sindicatos de educación para el 2 y 3 de setiembre próximo, los profesores de colegio acumularán 103 días en huelga en un periodo de 12 meses, mientras que los maestros de escuela, 93.
En el caso de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), ellos sostuvieron una huelga 89 días entre setiembre y diciembre de 2018.
Más tarde, en junio de 2019, realizaron otra protesta intermitente de cinco días, y solo un mes después, nuevamente cesaron labores por una semana completa.
De esta forma, con los dos días de setiembre próximo llegarán a 103 días naturales de manifestación en un año.
Los tres últimos llamados se hicieron para objetar la ley que modifica las huelgas y contra el proyecto de ley de empleo público.
Entretanto, el movimiento de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), que reúne principalmente a educadores de primaria, se extendió durante 88 días en el 2018. Este año, ese sindicato llamó a protestar el 19 y 26 de junio, así como el 8 de agosto.
En total, al sumar la nueva convocatoria, durante los últimos 12 meses han convocado a 94 días de cese de labores.
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Para la ministra de Educación, Guiselle Cruz, resulta “inadmisible" otro “espacio de pérdida de lecciones para los estudiantes”.
Según la funcionaria, la mañana de este martes ofreció a ANDE y APSE la posibilidad de abrir un diálogo “de alto nivel”, con la participación del ministro de Trabajo, Steven Núñez, para evitar el cese de labores, pero la propuesta fue rechazada.
“Hacemos un llamado para que no se interrumpa el ciclo lectivo. Desde el primer día de gestión, nuestro objetivo principal siempre ha sido el diálogo con estudiantes, docentes y sindicatos. En la primera semana de mi gestión me reuní con los sindicatos, hemos tenido la mesa abierta. Se les hizo una propuesta de reunión para esta semana, pero no tuvimos respuesta”, dijo la jerarca.
Además, dijo Cruz, a pesar de las protestas los sindicatos siguen su curso en la Asamblea Legislativa, sin que el Ministerio de Educación Pública tenga alguna injerencia.
“(Con la huelga) se afecta el servicio educativo, se interrumpe el proceso de aprendizaje, se interrumpe todo el proceso educativo. Hay aprendizajes que nunca se van a recuperar. Nuestro objetivo primordial son los estudiantes, nuestro llamado es a no interrumpir el curso lectivo; estamos anuentes a reunirnos esta semana”, reiteró.
Consecuencias
La huelga de tres meses del año pasado, la más larga de la historia, se realizó para oponerse al entonces proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas o reforma fiscal que finalmente fue aprobado en diciembre.
Aunque desde el inicio, la Procuraduría General de la República solicitó la declaratoria de ilegalidad, fue hasta febrero que el Tribunal de Apelación de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José dio su resolución final, con la cual declaró legal la huelga de 89 días, con lo cual no hubo ningún tipo de sanción ni rebajo salarial.
La protesta, sin embargo, provocó la pérdida del último trimestre para todos los estudiantes de escuelas y colegios públicos y obligó al Ministerio de Educación Pública a aplicar una serie de medidas para compensar la falta de lecciones.
Además, en ese periodo más de 79.000 alumnos se quedaran sin recibir alimentación, porque más del 50% de los centros educativos estaban cerrados.
Además, hubo atrasos en la entrega de notas y los estudiantes de último año de colegio no tuvieron preparación para las pruebas de bachillerato, lo cual impactó en los resultados negativamente.
También se complicó la tramitación de nuevas becas para 22.000 estudiantes pobres.
Este año, las huelgas son para oponerse al proyecto de ley para acabar con los abusos de estas proyestas en Costa Rica, actualmente discuten los diputados.
Además, se manifestaron contra la reforma a normas de empleo público y contra el proyecto que regula el sistema de educación dual, el cual fue aprobado el 12 de agosto.
Como ocurrió con el cese de labores del año pasado, un fallo judicial lo favoreció. Se trata, específicamente, el que emitió el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José el 19 de julio, el que declaró sin lugar la solicitud de declaratoria de ilegalidad de la huelga intermitente que APSE convocó en junio.
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