EscucharEl ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, declaró que ordenó a las jefaturas policiales del país visitar escuelas y colegios para prevenir futuros zafarranchos como el que se dio en el Instituto de Alajuela, donde alumnos de sétimo y undécimo se enfrentaron a golpes por el uso de una plazoleta interna que, supuestamente, utilizan solo los mayores.
En tanto, el Ministerio de Educación Pública (MEP) aseguró que “como parte de los lineamientos establecidos, se encuentra la revisión por parte de las autoridades del centro educativo, de maletines, bultos, salveques, mochilas, cartucheras y objetos similares de la población estudiantil, tanto al ingreso como durante la permanencia de estos en las instalaciones educativas o bien en las actividades extracurriculares debidamente convocadas”.
Estos pronunciamientos se dieron después de una reunión entre jerarcas del MEP, Seguridad Pública, el Ministerio de Justicia y Paz y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
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El ministro de Educación, Steven González, pidió a los centros educativos poner atención a la interacción de los alumnos dado que no se han visto en dos años por la pandemia, lo cual, según él, puede incidir en problemas de convivencia.
“El área socioemocional es una de las prioridades en el Plan Nacional de Nivelación Académica. Debemos recordar que las personas estudiantes tienen dos años de no verse o verse poco con compañeros y compañeras, de no relacionarse. Algunos no se conocen, no conocen su centro educativo, a sus docentes, las normas que tienen. Es real que esta carencia puede generar dificultades para relacionarse y para manejar emociones. Por eso es muy importarte preocuparnos no sólo de la nivelación académica, sino de la vida estudiantil en los centros educativos”, expresó.
El MEP también detalló que “desde hace varios años cuenta con protocolos para la atención de situaciones de conflicto y violencia en centros educativos”.
Algunos de los protocolos son: para la actuación en situaciones de violencia, bullying, discriminación de población sexualmente diversa, actuación en caso de hallazgo, tenencia y uso de armas o drogas, atención de acoso, hostigamiento y violencia sexual, cuidados en casos de lesiones autoinfligidas y gestión de casos de xenofobia y discriminación, entre otros.
El ministerio recordó que, según un criterio legal emitido por la dirección de Asuntos Jurídicos de la entidad, el director y el personal docente y administrativo de los centros educativos tienen el deber de vigilar las situaciones de violencia entre estudiantes, sin que puedan alegarse justificaciones para dejar de atender eventos que puedan presentarse y poner en riesgo a la población estudiantil.
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