El Patronato Nacional de la Infancia solicitó al Ministerio de Educación Pública (MEP) información para analizar las condiciones en la que se aplicó, el viernes pasado, el cuestionario Factores Asociados como parte de las pruebas FARO, las cuales realizaron 70.000 estudiantes de quinto grado.
Esta gestión se hace, según el PANI, “con base en el conocimiento de situaciones que podrían constituir una violación de derechos de los niños y niñas de quinto grado”, así como en denuncias de intervención realizadas por medio de las líneas telefónicas del Patronato y la molestia expresada por la Red de Adolescentes de los Consejos Participativos del PANI, que integran el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia.
Padres de familia y docentes denunciaron que los estudiantes estuvieron sentados desde las 9 a. m. hasta las 2 p.m., con mascarilla, contestando el cuestionario de cuatro folletos con 621 preguntas, algunas de estas de temas socioeconómicos contrarias a lo establecido en la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, vigente desde el 5 de setiembre del 2011. Durante ese período, los menores no tuvieron acceso a alimentos y, según manifestaciones de padres, algunos terminaron con ampollas en las manos.
Para el PANI, el examen se practicó “sin considerar la extensión y cantidad de preguntas en concordancia con el nivel y la edad de las personas menores de edad”. Su preocupación también se relaciona con la forma en cómo se obtuvo “información confidencial y sensible de los niños y niñas y sus familias”.
El Patronato solicitó al Ministerio un informe y le recomendó considerar varias acciones en resguardo del ejercicio pleno de los derechos los estudiantes.
“En atención a que el MEP reconoció que hubo un error en la elaboración de las pruebas, pues se obvió que una prueba tan larga era inadecuada para ser aplicada a niños y niñas de 11 y 12 años y que algunas preguntas no se formularon adecuada ni oportunamente, el PANI consultó si el Ministerio de Educación Pública ha considerado la afectación que pudo darse en los resultados consignados por cada estudiante, derivados del cansancio y estrés al que pudieron haberse sometido por lo extenso de la prueba y si ello se estará considerado a la hora de dar a conocer los resultados obtenidos, en resguardo de su derecho a la educación de calidad y en igualdad de oportunidades”, indicó el Patronato.
También se pidieron cuentas sobre las correcciones implementadas para que los errores no se repitan en las pruebas Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO) que se aplicarán a colegiales en diciembre, además de aclarar qué medidas se estarán adoptando para que, previo a su aplicación, se brinde información adecuada en tiempo y forma a los estudiantes y sus padres.
Asimismo, el Patronato consultó si se ha ordenado la apertura de investigación o procedimiento disciplinario para sentar las responsabilidades que correspondan, así como informar del trámite que se le estará dando a las consultas y denuncias presentadas por los responsables legales de los escolares afectados.
El cuestionario de Factores Asociados se aplicó a 70.000 escolares. Prensa MEP
“Ante la afectación que pudieron sufrir los niños y niñas que presentaron síntomas de ansiedad, frustración y miedo durante la aplicación de las pruebas, derivado de lo extensas de las mismas, se solicitó informar si las personas menores de edad recibieron acompañamiento o si el MEP está tomando en consideración llevar a cabo durante la próxima semana espacios de participación, acompañamiento y contención, de forma tal que ellos puedan expresar y canalizar sus emociones y evacuar sus dudas en torno a las pruebas, garantizando con ello su derecho a la participación y a que su opinión sea considerada, así como su salud mental y desarrollo integral”, agregó la institución.
Igualmente, el PANI pidió explicar las disposiciones para que la información sensible obtenida por medio de los estudiantes sin el consentimiento informado de sus padres sea tratada con la rigurosidad que el hecho reviste y en resguardo del derecho a la imagen y confidencialidad de los datos de las personas menores de edad.
La noche de este domingo, el Tribunal Contencioso Administrativo ordenó al Ministerio que, de “forma inmediata”, se abstuviera de eliminar el cuestionario de Factores Asociados de FARO y, en su lugar, se los entregara para su custodia.
La polémica por la aplicación de dicho cuestionario motivó, el domingo, la renuncia de la ministra de Educación Giselle Cruz Maduro y la viceministra Melania Brenes. Un día antes, Pablo Mena dejó el cargo como director de Gestión y Evaluación de la Calidad.
