Las universidades públicas consumieron el 75% del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) en salarios de sus trabajadores en 2018.
El Ministerio de Hacienda estima que, si no se cambia esa tendencia de gasto antes de 2030, las instituciones consumirán la totalidad de sus ingresos corrientes en este rubro.
Por esta razón, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, instó a los rectores universitarios a participar en la discusión sobre la reforma al empleo público que el Gobierno presentará en marzo, con el objetivo de reordenar la escala salarial en las casas de enseñanza superior.
“Los compromisos financieros de las universidades no se estarían cumpliendo. Lo que sería interesante es que ellos (los rectores) se incorporen a la discusión de la reforma, para poder también respetar su opinión”, aseguró Aguilar en la comisión legislativa que analiza la utilización de los fondos públicos en las universidades estatales.
Las casas de enseñanza superior gastarán este año más de ¢133.000 millones solo para costear las anualidades, pagos por dedicación exclusiva y otros 43 incentivos salariales que ofrecen a sus cerca de 17.700 trabajadores.
Ese monto representa cerca del 26% del FEES, que es el presupuesto que el Estado traslada para sostener a la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
Solución a medias
No obstante, la jerarca de Hacienda también reconoció que parte de la solución ya se aprobó vía reforma fiscal. Eso sí, asegura estar a la expectativa de que las autoridades de enseñanza superior cumplan las medidas estipuladas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y no se escuden en la autonomía universitaria para evadir cumplir las reglas.
“El reto es que todos nos metamos en el mismo canasto y no pensemos que porque somos universidades no tenemos que obedecer y atender esa ley. No se podrán generar nuevos incentivos salariales sino es mediante ley, parte de esa solución ya está”, dijo Aguilar.
La ministra de Hacienda señaló a los diputados la necesidad de delimitar la autonomía de los centros universitarios públicos, debido a que, según señaló, solo la UCR y la UNED utilizan el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), implementado por el Gobierno para transparentar la contratación administrativa.
“Históricamente las universidades han tenido una resistencia en suministrar información, amparadas en un mal concepto de autonomía. Las universidades van a apelar al contencioso administrativo y se pasa discutiendo tres o cuatro años sobre si tienen que cumplir las reglas. Eso es absurdo, me parece que tenemos que establecer las reglas”, manifestó Aguilar.
La supuesta falta de transparencia al presentar información financiera también fue señalada por la contralora general de la República, Marta Acosta, quien el pasado 4 de febrero inició la etapa de consultas a autoridades públicas en la comisión legislativa del FEES, que tiene como objetivo mejorar la utilización de los fondos públicos en las casas de enseñanza.
La contralora, además, dio a conocer que bajo el panorama de gasto actual de las universidades públicas, los ingresos de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) y la Universidad Técnica Nacional (UTN) no serán suficientes para cubrir todos sus gastos.
De acuerdo con Marta Acosta, si no se aplican cambios en el presupuesto de las tres instituciones, esto es lo que ocurrirá en 2025.
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