El Consejo Superior de Educación (CSE) paró en seco al Ministerio de Educación Pública (MEP) con su propuesta de suavizar la evaluación de un millón de escolares y colegiales, durante los cursos lectivos del 2022 y 2023, pese a que desde el 17 de febrero volvieron a clases presenciales.
La idea del MEP era que durante estos dos años la educación continuara como en 2020 y 2021, cuando, por la pandemia, se aplicó un inusual sistema de evaluación de emergencia debido a que los estudiantes estaban en la casa o acudían solo algunos días a las aulas.
En esos primeros dos años de emergencia sanitaria se eliminaron los exámenes tradicionales, tareas y la calificación del desempeño cotidiano. Los exámenes se sustituyeron por “estrategias de promoción”, que podían ser ensayos, análisis de casos o trabajos que se le asignaban al estudiante de acuerdo con su contexto de aprendizaje en la educación a distancia y combinada.
La evaluación se hizo con base en las llamadas Guías de Trabajo Autónomo (GTA), que eran textos pedagógicos para educarse en el hogar. Sin embargo, fue público que muchos padres terminaban pagando a terceros para resolverlas, por lo cual no reflejaban el desempeño real del estudiante.
El CSE se opuso rotundamente volver a ese esquema y obligó al MEP a aplicar plenamente el Reglamento de Evaluaciones de los Aprendizajes (REA) que toma en cuenta exámenes, tareas, asistencia a clases y el trabajo en aula para definir la promoción y conocer el desempeño de los alumnos.
El acuerdo lo tomó el 14 de febrero y en la resolución CSE 04-08-2022, de la cual La Nación tiene copia, alega que la propuesta “es insuficiente” y no es acorde a lo esperado en un curso lectivo totalmente presencial.
En el fondo, según miembros del CSE, la intención de MEP era aprovechar el contexto de la pandemia para introducir una reforma profunda en el Reglamento de Evaluaciones de los Aprendizajes (REA), sin que mediara análisis técnico sobre las implicaciones.
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¿Cuál fue la propuesta del MEP que el CSE rechazó?
Según el documento que se presentó ante el CSE el 6 de enero, llamado Lineamientos técnicos para el proceso de evaluación para el aprendizaje, curso lectivo 2022, el MEP propuso evaluar el aprendizaje con “carácter diagnóstico, formativo y sumativo de las asignaturas y figuras afín”.
Para definir la nota que obtiene cada estudiante en una asignatura y si la aprobó o no, planteó calificar con base en dos herramientas: las “evidencias de aprendizaje” en las Guías de Trabajo Autónomo (GTA) y, además, en un “instrumento de medición” que podía ser “una prueba o estrategia evaluativa”.
Por ejemplo, en las materias Español, Estudios Sociales, y Educación Cívica, Matemática, lenguas extranjeras, Ciencias, Biología, Química y Física las “evidencias de aprendizaje” tenían un valor de 55% y el “instrumento de medición” un 45%.
Para inglés conversacional, tecnologías, todos estos de la Educación Técnica, así como las asignaturas o figuras afín del área técnica del III Ciclo y Ciclo Diversificado Vocacional, la evaluación era “evidencias de aprendizaje” (45%), “instrumento de medición” (45%) y “portafolio de evidencias” (10%).
Pero, el Consejo Superior de Educación ordenó mantener la evaluación que indica el Reglamento de Evaluación de Aprendizajes (REA). Allí se indica que para las asignaturas de Matemática, Español, Estudios Sociales, Ciencias, Lengua Extranjera y Lengua Indígena para sétimo, octavo y noveno, la distribución es la siguiente: Trabajo cotidiano, 45%; tareas, 10%; pruebas (mínimo dos), 35% y asistencia, 10%.
En el caso de esas mismas materias en décimo, undécimo y duodécimo, los porcentajes cambian: trabajo cotidiano, 35%; tareas, 10%; pruebas (mínimo dos), 45%, y asistencia, 10%.
Oposición
La propuesta la presentaron la viceministra, María Alexandra Ulate, y un equipo de cinco expertos del MEP, entre ellos, Rocío Torres, jefa del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes del MEP, quien, en abril del 2021 reconoció que no podía garantizar que el estudiante haya aprendido con las estrategias de evaluación que implementaron en la pandemia de covid-19.
El exministro de Educación (2006-2014) y miembro del CSE, Leonardo Garnier, confirmó, ante consultas de La Nación que “para el 2022, el MEP planteó el regreso a la presencialidad, sin embargo, nos hicieron una solicitud para mantener algunas de las prácticas evaluativas que se habían aplicado en el 2021. Al CSE le pareció que no era correcto mantener la evaluación que solo se había aprobado por la emergencia. Nos pareció que no era adecuado utilizar la pandemia para aprobar sin mayor estudio una reforma significativa del REA”.
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Según consta en el acta N.º 01-2022 de la sesión del 6 de enero, Garnier expresó preocupación por la propuesta del MEP:
“(La propuesta) es muchísimo más ambiciosa, pero me parece delicado hacer una reforma tan ambiciosa a la luz de una emergencia; se requiere primero una evaluación del uso de los nuevos instrumentos de evaluación de estos dos años, una discusión más sistemática y pausada de cada uno de los cambios planteados. Es imposible que esté para el 17 de febrero, tomaría varios meses de discusión”.
Gilda Montero, representante de las organizaciones magisteriales ante el CSE, también se opuso. Manifestó que la propuesta dejó demasiado abierta la evaluación producto de la pandemia.
“La pretensión era tener esta nueva evaluación hasta el 2023 durante el proceso de nivelación. Es un cambio en la metodología y evaluación a nivel nacional y tiene que ver con un cambio en la política educativa que no se ha evaluado”, manifestó Montero.
Carlos Torres, representante de secundaria ante el CSE agregó que, con respecto a la evaluación, esperaba algo más simple de accionar, no esperaba grades cambios en la evaluación.
“En vísperas de un cambio de administración no es recomendable hacer cambios tan drásticos en la evaluación. Considero que con el REA se puede propiciar la evaluación para este curso lectivo sin hacer tantas modificaciones. Sería un caos en el Ministerio, además es injusto para los educadores”, dijo Torres en la sesión del 6 de enero.
Manuel Bolaños, exministro de Educación (2003-2006) y miembro del CSE, dijo que lo que planteó el MEP fue una “revolución de la evaluación” y coincide en que “se ha visto con muy malos ojos cuando se dejan cosas más que comprometedoras a otra administración”.
Ante los comentarios de los miembros del Consejo, el ministro de Educación, Steven González, explicó, a los miembros del CSE, en la sesión del 6 de enero, que el equipo lo que pretendió fue tomar los aprendizajes de estos dos años (2020 y 2021), además el modelo, y hacerles algunas mejoras.
“Al final salió esto que no sería un cambio, no para el 2022, si no del 2022 en adelante, pero va a requerir muchísimo más análisis y discusión por ser un cambio más profundo, se puede trabajar en una propuesta más acotada solo para el 22 y dejar este cambio, esta discusión para que sea un modelo del 23 en adelante con mucha más pausa, la propuesta está interesante en el fondo, es buena, pero si habrá que tomarse el tiempo que haya que tomarse para dejarla bien”, agregó González.
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La Nación solicitó explicaciones a la viceministra María Alexandra Ulate para entender por qué presentaron la propuesta y con base en qué criterios técnicos, también se solicitó remitir el documento de la propuesta presentada ante el Consejo, pero negaron el documento.
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“Como se destaca, se trató de una propuesta escuchada por el CSE (...) Al no haberse aprobado la propuesta, esta quedó como un documento de trabajo que no tiene carácter ni interés público”, dijo Ulate por medio de la oficina de prensa.
El CSE es el órgano encargado de dirigir la enseñanza oficial y está conformado por siete miembros propietarios y tres suplentes. El nombramiento de tres de los propietarios le corresponde al Gobierno. Estos son el ministro de Educación y dos exministros de la cartera.
Los cuatro propietarios restantes los designan, uno cada uno, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR); los directores de los centros educativos del III ciclo de la Educación General Básica y de la Educación Diversificada; directores regionales, supervisores y directores de las escuelas de I y II ciclos de la Educación y preescolar; y las organizaciones de educadores.