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“Desde noviembre, no nos depositan. Los proveedores nos dicen ‘no más crédito'. Nos deben demasiado dinero, pero con los niños no se juega. Estamos con las quejas de los maestros. ¿Qué hacemos? ¿Pedimos fiado a nombre de nosotros? Ya es mucho”.
Con esas palabras, Marco Villanueva, presidente de la junta de Educación de la Escuela Rogelio Fernández Guell, en Buenos Aires de Puntarenas, denunció que a un día de que inicie el curso lectivo, no tiene dinero para costear el pago de alimentos para los 350 alumnos del centro educativo, pues el Gobierno les adeuda cerca de ¢8 millones de los meses de noviembre y diciembre del año pasado.
Para que este miércoles, día de entrada a clases, él depende de un proveedor que le fía; accedió a seguirles vendiendo a pesar de que le deben.
“Hay que hacer lo que sea para que los niños estén bien, tenemos un poquillo de comida, los demás proveedores nos dicen que si llevamos efectivo nos dan comida; pero no tenemos. Todavía tenemos un proveedor que tiene solvencia económica nos va a dar fiado”, explico Villanueva.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó que se adeudan ¢28.000 millones a las juntas de educación, correspondientes a pagos de alimentación de estudiantes y servicios básicos del año pasado.
Las autoridades reconocieron ese monto a pesar de que en una conferencia de prensa del 21 de enero dijeron que, del año pasado, solo quedaban ¢7.000 millones pendientes de trasladar a las juntas, tras haber realizado pagos por ¢18.000 millones.
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Amparo Pacheco, viceministra de Planificación del MEP, aclaró que el depósito que se hizo y se anunció en ese momento, estaba destinado al pago de salarios de las cocineras y para parte de los fondos que debían depositarse en enero. Sin embargo, indicó que, del año pasado, aún deben ¢28.000 millones que no pudieron cancelar por los problemas de liquidez del Ministerio de Hacienda.
Pacheco dijo que ese dinero no se va a pagar pronto debido a que, para cancelarlo, se requiere un presupuesto extraordinario que tiene que aprobar la Asamblea Legislativa.
“Efectivamente, lo de la deuda del año pasado solo la podemos enfrentar con un presupuesto extraordinario que ya hemos venido hablando con Hacienda. El año pasado se dejaron de girar ¢28.000 millones.
"El presupuesto extraordinario (para pagar los ¢28.000 millones) es un proceso nacional y tiene un proceso, no es una solución en el plazo inmediato. Lo que hemos hecho este año es apresurar pagos del 2019, para que puedan atender los gastos más urgentes”, explicó la viceministra.
El Ministerio dijo que, en las últimas semanas ,se han trasferido a 4.617 Juntas de Educación, ¢24.000 millones para atender los gastos operativos (pago de servicios públicos y alimentación). Sin embargo, dijeron que ese dinero corresponde al presupuesto del 2019 y tienen como objetivo atender las necesidades de inicio del curso lectivo.
“Esperaríamos que con estos recursos que se giran anticipados puedan cubrir lo más urgente”, manifestó.
Según Pedro Muñoz, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), son varias juntas de educación que han denunciado que por la deuda que tiene Hacienda con ellos, no van a brindar el servicio de alimentación en los primeros días del curso lectivo.
Entre estas instituciones, según el legislador, están la escuela de San Rafael de Cabagra, en Buenos Aires de Puntarenas, el liceo de esa misma comunidad, así como el Cindea Kabakol, también en Puntarenas.
Alexánder Aguilar, director de la Escuela Santa Cruz de Buenos Aires de Puntarenas, que tiene 650 alumnos, dijo que les deben a sus proveedores cerca de ¢10 millones de noviembre y diciembre. Explicó que desde noviembre no han recibido ningún depósito del Gobierno para el pago de alimentación. Ni siquiera el de enero.
“Le vamos a dar la comida a los estudiantes pero a crédito, sin saber si el MEP nos va a depositar. Los proveedores saben la situación; vamos a ver qué pasa de aquí al 15 de febrero, si nos depositan los atrasado. También nos deben la plata de material didáctico de los meses de noviembre y diciembre”, añadió.
Dinero sin usar
La capacidad de las Juntas de Educación para invertir los recursos que se les asignan ha sido cuestionada por el propio MEP, principalmente porque están integradas por padres de familia o vecinos voluntariosos que, generalmente, no tienen conocimiento de contratación administrativa.
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Actualmente, tienen sin usar ¢157.000 millones en sus cuentas de caja única, que les fueron depositados, principalmente, para el desarrollo de infraestructura educativa.
David Badilla, contador de 80 Juntas de Educación de la Dirección Regional Grande de Térraba, explicó que ese dinero en caja única no se puede tocar porque tiene un destino específico, que es la infraestructura.
“Para ejecutar esos recursos, dependemos de la DIEE (Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo) del MEP. Son destinos específicos que no se pueden usar para alimentación; la DIEE tiene que aprobar su uso, pero solo lo hace para el destino que se depositó que es infraestructura”, dijo Badilla.
